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SANITARIOS TARAGUI

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viernes, 4 de septiembre de 2020

Bizcochos para la Policía del Chaco: el jefe de la fuerza confirma las compras y aclara la situación

Respecto a la compra de bizcochos salados y dulces destinados a efectivos de la policía provincial por un monto cercano a los 700.000 pesos, el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Ariel Acuña hizo su descargo a través de un audio de WhatsApp con la intención de aclarar esta situación que trascendió en los medios locales y nacionales

Mediante el mensaje que se viralizó a través esta aplicación, Acuña confirma la compra pero asegura que “está sacada de contexto” la información.

“La compra de los bizcochos se hizo para dos unidades distintas. Una para las distintas áreas del sector administrativo de la Jefatura de Policía por alrededor de 390 mil pesos y corresponde a una compra por tres meses”, detalla el jefe policial. 

Y agrega: “Allí trabajan más de 300 empleados policiales sin contar los visitantes que también desayunan y meriendan con lo que se compró”.

La otra compra, por casi un monto similar, está destinada -en otra orden y a través de licitaciones púbicas-, al Departamento Logística (donde funciona la sastrería y los talleres de policía, entre otras dependencias) y donde prestan servicio más de 100 empleados policiales. 

“Allí también concurren los choferes y muchos efectivos policiales a diario, por distintas cuestiones, que terminan desayunando o merendando y consumiendo estas compras”, agregó.

“Esto siempre se hizo así, con estos montos, destinado al personal policial que es el único sector que no percibe una remuneración para atender sus necesidades de refrigerio, como sí lo perciben los demás empleados públicos. 

El personal policial no percibe esta suma y por eso se hacen estas compras”, precisó el jefe policial.

Por último, anunció que invitará a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), al Órgano de Control Institucional (OCI) y cualquier ente y “decirles que está disponible la información para investigar”. 

“Las compras sí existen, pero están sacada de contexto y está contada sólo una parte que al parecer a alguien le interesa para hacerse famoso o no sé con qué objetivo. 

Quizás ensuciar la imagen de la institución policial o de quien habla. Pero toda la información se pondrá a disposición de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o a quien lo requiera para que vea que lo que yo estoy diciendo es verdad”, concluye Acuña en el audio.

Según el relevamiento que hizo la ONG Práctica Ciudadana y replicó el sitio Nexofin, la fuerza de seguridad de la provincia del Chaco compró en cuatro días 3376 kilos de "bizcochitos salados y/o dulces". 

La información figura en la página web de la Contaduría General de Chaco donde se publican las contrataciones que realizan los diferentes organismos de la provincia.-

jueves, 3 de septiembre de 2020

Panzada y sobreprecios: Capitanich compró en 4 días más bizcochos que Peppo en 3 meses

En agosto de 2016 el gobierno de Domingo Peppo adquirió 484 mil pesos en galletitas para 6 meses de refrigerio del personal de la Secretaría General de la Gobernación, ejercida por Horacio Rey, y todas las áreas a su cargo.

Pero no alcanzó, ya que apenas 3 meses después se ordenó comprar 4.048 kilos de “bizcochos dulces y salados de primera calidad”, por un monto de 223 mil pesos, también para la Secretaría General de Gobierno.

Diputados intrigados presentaron varios pedidos de informes en la Legislatura pero no hubo respuestas.

4 años después la historia se repite en la gestión de Jorge Capitanich. Esta vez desde la Policía del Chaco.

Un informe de la Contaduría General de Chaco ventilado en las redes sociales evidenció que la Provincia compró 3.376 kilos de bizcochos dulces y salados Don Satur por un monto de 658.320 pesos, para nutrir al personal de algunas dependencias policiales.

Al igual que aquella, esta compra también se hizo en 2 etapas: 2 mil kilos el martes 25 de agosto pasado, y 1.376 el sábado 29.

A razón de 195 pesos el kilo, significa un sobreprecio importante, ya que 5 paquetes de 200 gramos en un supermercado suman 182 pesos. 

Además, una compra de semejante magnitud implica un precio sustancialmente menor al de venta minorista al público.

“Hay que preguntarle al jefe de la Policía, esto ocurrió después de mi renuncia”, aclaró rápidamente el ex-jefe Fernando Romero al ser consultado por la prensa respecto de los montos y los procedimientos.-

lunes, 15 de octubre de 2018

5 escándalos de corrupción en Chaco que jaquean al gobierno de Peppo y al radicalismo de Ayala

Intendentes millonarios, funcionarios procesados, detenciones hollywoodenses, bolsos de dinero, vínculos de la política con el narcotráfico, el fantasma de los cuadernos de Centeno y José López, clientelismo y cooperativas truchas, forman parte de la mancha venenosa de la corrupción que enloda a la clase política chaqueña. 

Sin embargo, el ex gobernador Jorge Capitanich, esquiva los escándalos y sueña con regresar al poder en el 2019

Sáenz Peña es la segunda localidad más importante de Chaco. Es gobernada por el radicalismo desde hace una década pero, hasta hace poco, el político más poderoso era el peronista Omar Judis, el "DeVido chaqueño". 

El "cajero de Capitanich" –como lo llama la denunciante Marilyn Canata- fue candidato a intendente de esa localidad y rector de UNCAUS (Universidad Nacional del Chaco Austral). Cuando Canata denunció al intocable Judis ni la bancada radical, a la que pertenecía, quiso acompañarla. Tres años después, su denuncia por lavado de activos y malversación de fondos públicos fue avalada por la Justicia. Días atrás, Judis y su hijo Enzo fueron procesados por haber ideado un plan para vaciar los fondos públicos que recibía la universidad.

1. El kiosco universitario

El 5 de octubre de este año, Omar Judis, su hijo Enzo, el vicerrector de la Universidad Walter López y el titular de Tridelta SA, Juan Carlos Tymkiw, fueron procesados por defraudación de la Administración Pública. 

El fiscal Federico Carniel comprobó 85 hechos de abuso de autoridad, cohecho, peculado, fraude en perjuicio del Estado, entre otros delitos. Judis creó, siendo ministro de Infraestructura de Capitanich, "una estructura en la Universidad UNCAUS para designar familiares dentro del organigrama jerárquico y ejecutó licitaciones y contrataciones directas de manera fraudulenta". 

Cada reforma edilicia la ganó Tridelta e Intym, propiedad de Twmkiw, como la ampliación del edificio de la universidad, construcción de un nuevo edificio tecnológico, un complejo deportivo, una pileta olímpica y una unidad médica que no se terminó de construir.


El contratista le vendió un departamento a Marcela Pobi, pareja del funcionario y rector de la universidad, por un monto irrisorio de $ 515.000 pesos. El escribano fue Daniel Judis, hijo del propio funcionario y auditor universitario. Tridelta también le ofreció un auto en comodato al rector. Judis maneja un auto a nombre de la firma constructora que ganaba las licitaciones de su universidad.

La familia Judis armó una fundación para girar fondos públicos de la Universidad. A través de facturas con la leyenda "Aportes Institucionales" desvió $36.874.286. Tres días antes de la Navidad del 2015, luego del cambio del gobierno nacional, Omar Judis autorizó el pago de 700 mil pesos al Ministerio de Salud chaqueño para "acompañar acciones y trabajar de datos y determinación del impacto en la población" de forma directa. 


La plata la recibió la médica Natalia Judis. Su hija. Además, por la resolución 260/150, Natalia fue nombrada directora de la Unidad Médica Educativa de la universidad en la que su padre es el rector.

El procesado Enzo Gabriel Judis, otro de los hijos del ex ladero de Capitanich, fue noticia nacional por organizar fiestas "descontroladas" en la flamante pileta universitaria. Fueron los precursores del "pos porno" con "chupi y bikini para todos y todas". 

Enzo pasó de ser secretario de Bienestar Estudiantil en UNCAUS a secretario académico mientras asumía como presidente de la Fundación Universitaria. A dedo ocupó un lugar en la Junta Electoral de las elecciones del 2015.

La auditora que controla a los hijos de Judis y su padre, el rector, es Paola Vanesa Parra: la prima que reemplazó al escribano Daniel, hijo mayor del rector Judis. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNCAUS fue para otro pariente: María Alicia, hermana del ex candidato a intendente. En el cargo de secretario de Asuntos Estudiantiles, el amigo íntimo de Judis fue el elegido: Ariel Martínez. Los posgrados los maneja la primer esposa de Judis: Tania Polischuk.

El artículo 51 de ética pública dispone que el funcionario público no deba designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo.


2. Bolsos y corrupción en Taco Pozo

No sólo Judis acomodó a sus familiares más cercanos en la universidad que dirige. El eterno intendente de Taco Pozo, localidad de 8470 habitantes ubicada en la punta oeste de la provincia, ubicó a su hijo en el Consejo Superior de la UNCAUS. Es más, el automóvil dominio INK 463 lo maneja el rector pero pertenece a Alejandro Carlos Ibáñez, hijo del intendente que integra la estructura universitaria.

Más aún, Tridelta, la empresa constructora que apadrinó Judis y que ganaba las licitaciones, por arte de magia, figuraba, según el edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia del Chaco del lunes 11 de abril del 2011, en la ruta 16 en el kilómetro 491,5. Allí no hay nada. Sólo la ruta. Es el ingreso al pueblo Taco Pozo. Para llegar allí, la ruta 16 se adentra en Santiago del Estero y luego regresa al Chaco. 

El pueblo lo gobierna Carlos Ibáñez. El hijo del intendente es socio del empresario Nelson Jorge Varela, señalado como uno de los "testas" de Judis. En el 2014, Varela facturó 181 mil pesos por movimiento de suelos en La Clotilde. 

Ese fue uno de los pueblos elegidos por Judis en su proyecto de saneamientos que encaró cuando estuvo en el Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de sus escasos habitantes, el intendente mandó a construir una peatonal en Taco Pozo.

En los próximos días, el fiscal Carlos Stornelli recibirá una denuncia contra el intendente Ibáñez por ser parte del financiamiento espurio de la política. Antes de ser intendente, Ibáñez fue diputado provincial. 

"Acá llegaron los bolsos de José López" sentencia Canata y señala al hombre fuerte de Taco Pozo como el nexo entre el secretario de Obras Públicas de la Nación y el ex ministro de Infraestructura de la provincia del Chaco. 


Todos los mencionados poseen una flota de autos a su nombre que incluye 4×4 y camiones Iveco. Según la denuncia, Carlos Antonio Ibáñez "habría amasado una considerable fortuna, derivada en un entramado de negocios privados y públicos que involucraría a familiares, resulta que sería propietario de inmuebles en Resistencia, Sáenz Peña, varias extensiones de campo, 18 camionetas y 8 camiones de los cuales la mitad estarían alquilados a Vialidad Provincial y vinculados a la constructora Tridelta".

El fantasma de los cuadernos de Centeno y los viajes constantes de José López al Chaco aparece en Taco Pozo. El Chaco recibió 450 millones de pesos para construir viviendas en el programa Sueños Compartidos a través de la Fundación de Hebe de Bonafini. López se manejaba directamente con el gobernador Capitanich.

Todos los procesados por la estafa en la UNCAUS comparten los mismos abogados defensores. Uno de ellos, Jorge Alcántara, ex fiscal, fue asesor jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación en la época en que Judis la dirigía y se había mudado a Buenos Aires acompañando al jefe de gabinete Jorge Capitanich.


3. El negocio de la basura

Judis fue el segundo funcionario chaqueño que se mudó a Buenos Aires cuando Jorge Milton Capitanich desembarcó en la Casa Rosada. El primero había sido Carlos Sánchez, contador que eligió Coqui para manejar la Dirección de Aduanas en medio de la investigación por la causa de narcotráfico más grande de la historia de su provincia: Carbón Blanco. Judis asumió como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable mientras era rector de la Universidad del Chaco Austral. 

Manejaba las obras públicas de Capitanich durante los ocho años en que Coqui gobernó la provincia. Al frente del Instituto de la Vivienda estaba Domingo Peppo, hoy alejado de Capitanich y uno de los gobernadores peronistas que tienen más simpatía con el gobierno nacional de Mauricio Macri.

La dupla Capitanich-Judis impulsó el Mega Plan de Tratamientos de Residuos Urbanos por el que 90 intendencias –29 ubicadas en El Chaco– recibieron 600 millones de pesos. En el 75% de las intendencias se detectaron irregularidades y sobreprecios. El intendente Aldo Leiva de General José de San Martín, por ejemplo, recibió $7.200.000 para construir una planta de residuos sólidos sobre una zona inundable. 

Un disparate. Según el abogado Carlos Silva que denunció el desaguisado, la familia de Leiva habría comprado previamente los terrenos aledaños. El 4 de septiembre de este año, el fiscal chaqueño Guillermo Codutti y el juez subrogante Luis Eugenio Allende sobreseyeron al intendente. Pero el juez federal Claudio Bonadio lo citó por la misma causa conocida como Girsu –Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos- por la que está procesado Capitanich.

4. Intendentes millonarios

El Chaco dijo presente en todos los canales de televisión cuando se conocieron las escandalosas imágenes con la flota de autos y los millones que encontraron en la casa del intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner. Hoy lo representan los mismos abogados de Jorge Capitanich: Gastón Chapo y Marco Molero. A pesar de ser los abogados más caros de la provincia, Heffner dijo que "se los recomendaron" pero "antes de hacer un arreglo, pregunto bien los números".

A Molero se lo suele ver en Comodoro Py defendiendo al Coqui en las causas que se tramitan en la Justicia federal como el Fútbol para Todos. Peppo también lo eligió para actuar como querellante en representación de la provincia en una causa sobre lavado en la que está detenido su ex mano derecha, Horacio Rey, el subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, el coordinador de pautas publicitarias, Gustavo Katavich, entre otros funcionarios que formaban parte de una banda destinada a desviar fondos públicos. 

El fiscal Patricio Sabadini, se animó a investigar y detener a funcionarios en función, sin esperar a que dejasen el poder. Otro de los laderos de Capitanich en el Congreso de la Nación es el ex intendente de Lapachito, ubicada en el Departamento de General Donovan. En la localidad viven 1448 según el INDEC. El actual diputado nacional del Frente Para la Victoria, Juan Mosqueda, gobernó su pueblo desde 1989. Toda una vida.

A sus 55 años, según informes que Infobae obtuvo en la Oficina Anticorrupción, Mosqueda es dueño de dos casas en su pueblo por 1.600.000 pesos y Ford Mondeo Titanium modelo 2016. Posee un plazo fijo en pesos por $ 736.724 y otro en dólares por U$$ 465.537,60. O sea que su patrimonio personal, a su nombre, supera los 20 millones de pesos. Nada mal para un dirigente que gobernó para 1500 personas. Los dos millones sin declarar que le encontró la policía chaqueña, al intendente Heffner, escondidos en el techo de su casa, parecen un vuelto en comparación con su par de Lapachito.

Lo cierto es que, detrás de cada pueblo pobre en la provincia del Chaco, aparece un intendente millonario.

5. La oposición cómplice y corrupta

La gran esperanza que tenía Cambiemos en Chaco se llama Aída Ayala. Gobernó Resistencia, capital de la provincia, durante ocho años. En el 2015, sacó el 42% de los votos, a solo 12 puntos del actual gobernador peronista, Domingo Peppo. En diciembre de ese año, fue designada secretaria de Asuntos Municipales de la Nación y renunció, dos años después, para asumir como diputada nacional luego de obtener un aluvión de votos. El radicalismo y el presidente Macri creían que en el 2019 sería la gobernadora del Chaco. Pero la corrupción, también a ella, se la llevó puesta.

En abril del 2018, la Justicia solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero y detención de Ayala. Está procesada por lavado de activos a través de la empresa de recolección de basura Pimp SA. El fiscal Sabadini comprobó que la banda de Ayala evadió impuestos, se enriquecieron ilícitamente y conformaron una asociación ilícita para delinquir. 

Está embargada por 200 millones de pesos. Misma suerte corrieron el secretario de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, y los empresarios vinculados a la firma Pimp: Carlos Huidobro, Pedro Martínez, Rolando Acuña, Fátima Rigassio y Alejandro Fischer. En Resistencia, desde la intendencia, habían armado una red de cooperativas truchas para desviar fondos como Cooperativa Omega Visión, Las Palmeras Cooperativa o El Ciudadano.

La mancha venenosa de la corrupción arrastra a los líderes de la oposición en un contexto en el que el actual gobernador Peppo sufre el desplante de líneas internas del peronismo que lo acusan de ser condescendiente con el gobierno nacional de Macri mientras el pueblo sufre el ajuste económico.

A pesar de que todos sus funcionarios de extrema confianza están siendo investigados por la justicia y que, el mismo, debe visitar Comodoro Py por causas judiciales en las que está comprometido, Jorge Milton Capitanich es hoy el político con más chances de gobernar El Chaco el año próximo. Es la misma situación que hoy vive la Argentina con la ex presidenta Cristina Kirchner.-

miércoles, 12 de septiembre de 2018

EL INSSSEP PRESTARÁ MÁS DE DOS MILLONES DE PESOS A PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA MUJER

Mediante la Resolución 4456, el directorio de INSSSEP autorizó a que se preste a afiliados del organismo el transporte y hotelería para el 32º Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrollará en Trelew, provincia de Chubut. 

El gasto aprobado es de $2.112.000

Vale resaltar que el dinero será descontado posteriormente a quienes utilicen el servicio.

El INSSSEP está en el ojo de la tormenta, ante la negativa de pagarle el tratamiento a la niña Francesca Molnar -lo que derivó en un embargo judicial a la obra social- este miércoles el sindicato con Zulema Coria a la cabeza se manifestaron y denunciaron que la justicia violaba la ley 4044, en clara defensa a la postura adoptada por el directorio del organismo en el caso mencionado.

Pero, en horas de la tarde salió a la luz la Resolución 4456 rubricada por el directorio del INSSSEP -con fecha 07/09/18- mediante la cual se autoriza a cubrir gastos de traslados y hotelería de 120 afiliados, quienes participarán del XXXIII Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrollará en Trelew, provincia de Chubut.

Vale decir que el dinero será devuelto por los afiliados, en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas.-

miércoles, 14 de marzo de 2018

La justicia provincial también investiga a los ex funcionarios sospechados por lavado de activos

Mediante un escrito, y en el marco de la investigación del fiscal Patricio Sabadini, la Procuraduría General que encabeza Jorge Canteros pidió a Contaduría General que brinde informes detallados sobre movimientos de fondos y sus correspondientes destinos.

Ahora serán tres los fiscales chaqueños a cargo de una investigación de responsabilidad provincial, ya que los delitos de lavado de activos y evasión tributaria son de esa índole.

Quienes fueron designados son: Nélida Villalba, Lucio Otero y Graciela Barreto. 
El informe solicitado deberá ser enviado a la Fiscalía de Avenida 9 de Julio 236 en 72 horas.

El pedido de informes es por presunta infracción a las leyes 24769 y 26683. En específico el Ministerio Público busca saber la normativa y procedimientos aplicables a fondos públicos que son afectados para la administración y disposición de la Fiduciaria del Norte SA y Fideicomiso de Pautas Publicitarias (FAPPO).

La Contaduría General deberá informar además si recibe los informes sobre todos los fondos nacionales y provinciales que son asignados a la Fiduciaria del Norte. La fiscalía quiere que se detalle los números de cuentas y CBU y los movimientos que se hicieron en Fiduciaria, FAPPO, a Brandon SRL; Real Comercializadora SRL, Finza SA, IBE SA; Amplitud SA; GYB SA, y a las fundaciones Bianca; Volver a Empezar, Miqueas, Servir y Crecer; Paxtron SA; Framuna S.A; pero también el informe de las cuentas de Horacio Rey y Roberto Lugo.

En sí, la Justicia provincial investigará si hubo defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

La media alcanza también a los otros implicados en la investigación: a la esposa de Horacio Rey y ex secretaria privada del gobernador, Susana Fernández; su hermano Ismael Fernández, ex coordinador general de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, a Facundo Gil; Ariel Retamozo; Hugo Orlando Rey; Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, y Walter Rolando Retamozo.-

viernes, 9 de marzo de 2018

Escándalo en el Gobierno: podrían detener al titular de Brandon por encubrimiento

El fiscal Sabadini dijo que los funcionarios de Prefectura detectaron que un operador remoto eliminó información que la agencia de publicidad almacenaba en una nube de Google Drive. 

No descarta “novedades”.

El fiscal Patricio Sabadini, al frente de la investigación de varios funcionarios provinciales y empresarios por la posible comisión de delitos de evasión fiscal y lavado de activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros, no descartó que en las próximas horas se ordenen detenciones.

El funcionario dijo que el origen de la investigación no fue una denuncia anónima, sino un hecho que llamó la atención: la compra de cinco lanchas a nombre de la misma personas, vinculada al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Y que “una cosa trajo la otra”.

Recién en esa instancia dijo que su fiscalía recibió información que se pretende corroborar a partir de los elementos recabados en los allanamientos realizados desde la tarde del jueves y que estima que se extenderán durante todo el fin de semana.

Sabadini repasó que hubo allanamientos en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social, en una guardería de lanchas, en la Fiduciaria del Norte y en la sede del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (Fappo), domicilios particulares y la agencia de publicidad Brandon.

En este último caso dijo que surgieron “inconvenientes”, ya que el personal de Prefectura Naval que realizaba el allanamiento detectó que desde un acceso remoto alguien estaba eliminando información de los equipos y de la nube de Google Drive.

Para el fiscal, esto configuraría el delito de “encubrimiento”, por lo que se están diligenciando las acciones pertinentes y, como consecuencia de esta “actitud”, podría ordenarse la detención del titular de la agencia: Facundo Gil. Y, además, se investiga desde dónde fueron explorados los archivos para dar con los operadores.

Pero, en el marco de la investigación, Patricio Sabadini considera que la colección de pruebas es muy importante y entiende que la jueza Zunilda Niremperger estaría en condiciones de instruir la causa que volvió a describir como “grave”. Por lo que no descarta que, además de allanamientos, se ordenen detenciones.-

Chaco: allanaron una empresa y guarderías náuticas por supuestos fraudes contra la administración pública

Durante la mañana de hoy, efectivos de Prefectura Naval se acercaron hasta el local de una firma comercial que funciona sobre Avenida Belgrano y también a guarderías de lanchas ubicadas en Antequeras. 

En los respectivos recintos, los funcionarios de la fuerza realizaron procedimientos en el marco de una investigación que tiene a cargo el Juzgado Federal N°1 por presuntos hechos de corrupción que involucrarían al Gobierno provincial y a funcionarios del Poder Ejecutivo.

A los uniformados de Prefectura se sumaron también empleados de la AFIP y DGI, quienes allanaron los inmuebles con el objetivo de hallar documentos y elementos de interés para la causa.

Todo se dio tras un pedido formal del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, que investiga evasiones fiscales y un entramado de corrupción que podría tener como involucrados a ministros y autoridades del Gobierno chaqueño.

Al finalizar los procedimientos, se secuestraron archivos y embarcaciones.-

lunes, 26 de febrero de 2018

La Oficina Anti corrupción pidió que se llame a indagatoria a Capitanich

La Oficina Anti corrupción, a cargo de Laura Alonso, solicitó el llamado a indagatoria de los ex jefes de Gabinete de la Nación Jorge Capitanich y Aníbal Fernández en una causa por presuntas irregularidades en subsidios para la construcción de canchas de hockey.

La causa la había iniciado la OA en 2016 cuando detectó que se habría favorecido indebidamente a las empresa Commercial Carpets S.A. mediante la entrega de un subsidio de 56 millones de pesos por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la construcción de canchas de hockey de césped sintético en cada una de las provincias del país.

En la investigación se señaló el otorgamiento arbitrario de ese subsidio a la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista (CAHSCyP) “debido a que estuvo fundado en antecedentes insuficientes (escrito de una carilla) e incompletos, mediante un procedimiento que tramitó en dos días (25 y 26 de febrero de 2015), en el que no se efectuó ningún tipo de análisis sobre la razonabilidad del pedido o informe técnico del presupuesto aportado”, de acuerdo a la denuncia.

La OA, en su pedido al juez federal Julián Ercolini indicó que “en estas maniobras habría tenido una actuación determinante” Aníbal Fernández, en su carácter de presidente de la entidad deportiva.

“No caben dudas que Capitanich estaba al tanto de todos los términos del pedido, que tuvo injerencia en su otorgamiento y en la celeridad con que se resolvió, y que tuvo conocimiento de la falta de una valoración técnica del subsidio solicitado y del presupuesto acompañado, de la ausencia de documentación que justificara el pedido y de los términos amplios y confusos del convenio”, agregó el organismo.

Los presuntos delitos que se denuncian son abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Aníbal Fernández ya pidió su sobreseimiento y negó ante la Justicia la incompatibilidad de funciones o que se hayan cometido irregularidades por el millonario subsidio que recibió la Confederación Argentina de Hockey, que él presidía.

Según la acusación que se investiga, el convenio entre el Gobierno y la CAH se firmó la mañana del 16 de febrero de 2015, el mismo día en que Fernández asumió como jefe de ministros en reemplazo de Capitanich: a través de ese acuerdo, el Gobierno otorgó a la Confederación un monto no reintegrable de 56 millones de pesos para la construcción de canchas, en cinco cuotas mensuales consecutivas.

En el escrito presentado por Aníbal Fernández, el exfuncionario dijo que en el momento en que se entregó el subsidio él estaba en uso de licencia en la presidencia de la CAH y que se facturó por la construcción de 43 canchas de arena y una de agua (incluyendo viáticos, pasajes y estadía para el control y verificación de las obras).

“El hecho que era secretario general de Presidencia a la fecha de la firma del convenio no implica que haya tenido influencia sobre quien ocupaba el cargo de jefe de Gabinete, puesto que éste último tiene jerarquía superior por sobre el resto”, señaló respecto a Capitanich.-

Capitanich se defendió de la acusación de la Oficina Anticorrupción

El intendente de Resistencia desmintió haber transferido fondos para la concreción de canchas de hockey cuando era Jefe de Gabinete.

En tal sentido, Capitanich sostuvo que “No transferí un centavo y tampoco tuve responsabilidad en la ejecución. 

Mi citación sería una verdadera pérdida de tiempo”.

La causa es impulsada por la Oficina Anti corrupción por supuestos negocios en el mundo del hockey que incluyen también al ex jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández.

Asimismo, señaló que la oficina no puede llamar a indagatoria: “En todo caso lo debe hacer un juez a pedido del fiscal. 

Pero suena raro, pues se pretende imputar como delito la firma de un convenio con la Confederación Argentina de Hockey que durante mi gestión no tuvo principio de ejecución. 

Es decir, no soy responsable de absolutamente nada, de ningún acto administrativo”.-

lunes, 18 de diciembre de 2017

Capitanich tras el procesamiento de Bonadío: “Usar la justicia para el exterminio de opositores atenta contra la democracia”

El intendente Jorge Capitanich rechazó el procesamiento del juez federal Claudio Bonadío, aseguró que apelará esta decisión y advirtió que la política debe dirimirse en el campo de la política ya que “usar la justicia para el exterminio de opositores atenta contra la democracia”.

El jefe comunal consideró que el procesamiento del Juez Bonadío respecto a la causa del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) “era obvio, dado el contexto político existente”. “Apelaremos la decisión pero sabemos los resultados. Pretender hacer responsable de la no rendición de fondos por parte de Intendentes a un Jefe de Gabinete de Ministros es simplemente una desmesura”, adelantó el ex gobernador del Chaco.

En este sentido, Capitanich recordó que el incumplimiento de deberes de funcionario público por omisión de control “es falso”. “Cada Intendente tiene un plazo de 15 meses para rendir la aplicación de sus fondos y debe hacerse por la vía administrativa ante el reclamo de autoridad competente”, explicó.


Finalmente, destacó que “sin Estado de Derecho es imposible funcionar”. “Pero no es posible seguir fijando estos precedentes para la gestión pública, pues en el futuro será imposible gobernar con acciones judiciales y causas inventadas, concluyó.

Como se sabe, Bonadío procesó a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich así como a otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo, en el marco de la causa por irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Sin embargo, dictó falta de mérito para el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.-



viernes, 24 de marzo de 2017

Cristina Kirchner irá a juicio oral por la causa de dólar futuro

La ex presidenta deberá presentarse a juicio oral, junto a su ex ministro de Economía, Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, en la causa por las operaciones de dólar futuro.

El juez federal Claudio Bonadío envíó este jueves a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 

En la causa por las operaciones de dólar a futuro del final de su mandato, informaron fuentes judiciales.

También envió a juicio oral y público por la misma causa al ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof; al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y a los demás procesados en el marco de este expediente.-

jueves, 24 de noviembre de 2016

Liberaron al marido de Milagro Sala y a otros tres dirigentes de la Tupac Amaru

El juez jujeño de control N° 3, Gastón Mercau, resolvió hoy la liberación de Raúl Noro, esposo de Milagro Sala, y de otros tres dirigentes de la Tupac Amaru, todos acusados de asociación ilícita y supuesto fraude al Estado.

La medida también alcanza a Miguel Ángel Sivila, Iván Dante Altamirano y Patricia Cabana, quienes se suman a los otros dos miembros de la organización social que ya habían sido liberados tras la resolución del grupo de trabajo de Naciones Unidas que reclamó el cese de la detención de Sala.

Noro había sido detenido el 14 de julio pasado, Cabana el 22 de marzo y Sivila y Altamirano el 18 de ese mes, acusados en el marco de la causa conocida como "Pibes Villeros", en la que también está involucrada la líder de la Tupac Amaru por presunto fraude al Estado a través de la cooperativa con ese nombre.

El abogado Marcelo Elías, defensor de Altamirano, Sivila y Cabana, aseguró que la resolución "es muy importante" y detalló que la decisión la adoptó el juez Mercau a pesar que el fiscal había solicitado medidas restrictivas de la libertad, "es decir, que las detenciones se convirtieran en prisión preventiva para todos los detenidos".

"Si bien es cierto el juez tiene esta causa de ´Pibes villeros´ acumulada hace poco tiempo, con muy buen criterio resolvió el otorgamiento de la libertad. Es importante destacar que hace más de ocho meses que estamos trabajando con estas personas detenidas a quienes hemos traído en forma espontánea y voluntaria a los estrados de la justicia para someterse a la investigación para alcanzar la verdad real", subrayó el letrado.

martes, 15 de noviembre de 2016

Denunciaron a la madre de Cristina por contratos con el Correo Argentino

Elisa Carrió y el abogado Santiago Dupuy de Lome pidieron investigar a Ofelia Wilhelm por la supuesta defraudación al Estado. 

Ofelia Wilhelm, madre de la expresidente Cristina Fernández, fue denunciada hoy en la Justicia federal por los supuestos negocios ilegales entre el Correo Argentino y la cooperativa de trabajo El Aldabón Limitada, que fue subcontratada para repartir las facturas de ARBA en la ciudad de La Plata. 

La diputada nacional Elisa Carrió y una de las arquitectas de Cambiemos impulsó la primera denuncia contra Wilhelm por supuesta defraudación al Estado. La presentación recayó en el juzgado de Sergio Torres. 

En tanto, el abogado Santiago Dupuy de Lome también pidió abrir una investigación. Su pedido será analizado por el juez Claudio Bonadío. 

La cooperativa El Aldabón fue creada por afiliados al sindicato Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI), al cual estuvo afiliada Wilhelm y cuyo titular es Fotios Cunturis, que también fuera jefe de la Federación de Gremios Estatales de la Provincia de Buenos Aires. 

“La señora Wilhelm es la madre de la ex presidenta Cristina Fernández, pero también fue una importante dirigente del gremio AERI”, consignó la legisladora. 

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