La causa tiene a 17 personas en el banquillo de acusados, dos de ellos son la exintendente de Resistencia y el secretario general del STM, acusados de ser la cabeza de una banda dedicada al lavado de activos.
Cuáles son las maniobras juzgadas y quiénes son las "personas de confianza" que cooperaron.
Cinco años después del inicio de la investigación en la Justicia Federal, el juicio por la causa Lavado II tuvo su primera audiencia en la que cada uno de los imputados se abstuvo a declarar.
La ex intendente Aída Ayala asistió al Tribunal Oral Federal de Resistencia, escuchó fragmentos de la acusación del Ministerio Público Fiscal y se abstuvo a declarar.
"Quiero declarar, no ahora, más adelante, una vez que se den a conocer las pruebas", le respondió la imputada, quien es representada por Leandro García Redondo, al juez Juan Manuel Iglesias.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, presentó un certificado médico y no asistió al tribunal aunque participó de la primera audiencia mediante videoconferencia.
Su abogado Ricardo Osuna argumentó que Sampayo "tiene varios problemas de salud, incluso en esta causa gozó de prisión domiciliaria.
Pedí, atento al estado de salud, que él haga las audiencias desde el domicilio particular".
Inquieto, tomando mates y visualizando en todo momento la pantalla en la que seguía la audiencia, también se abstuvo a declarar.
Solo se presentó, dijo que es jubilado municipal, que sigue siendo el Secretario General del STM y que su nivel máximo de estudios fueron primarios. "Me abstengo a declarar", contestó y no aclaró si lo hará avanzada las audiencias.
Conocidas algunas cuestiones técnicas, leídos fragmentos del requerimiento de elevación a juicio y dadas a conocer las imputaciones, cada uno de los procesados se abstuvo a declarar.
La jornada concluyó con la explicación de cómo continuarán las próximas audiencias y pese a una pequeña disputa por el orden de la intervención de testigos, Iglesias aclaró que él lo determinará.
CÓMO SURGIÓ LA CAUSA
Dadas a conocer las cuestiones técnicas, la audiencia siguió con la lectura de varias de las 119 páginas con las que se requirió la elevación a juicio.
Se recordó que las actuaciones iniciaron en enero de 2018 tras una llamada telefónica anónima a la Policía Federal en la que un hombre denunció que era empleado municipal y que como tal estaba cansado del "maltrato y aprietes" de Jacinto Sampayo y su hijo Facundo , "quienes piden plata al personal y su familia bajo amenaza, mientras que Facundo Sampayo se dedicaría a comercializar estupefacientes".
La llamada siguió con otras acusaciones que hacían referencia al manejo de "mucha plata" por parte de Sampayo y a su supuesto manejo de la empresa encargada de la recolección de residuos en la ciudad de Resistencia.
Las graves acusaciones derivaron en una investigación en el fuero federal de la Justicia Federal que, dos meses después, formuló el requerimiento de instrucción en contra de los imputados por la presunta comisión de maniobras de lavado de activos provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario público y asociación ilícita y otros delitos precedentes relacionados.
En cuestión de semanas se estableció un cuadro de relación entre personas que no habían sido mencionadas en la llamada a la Policía Federal: de allí surgió el nombre de la ex intendente de Resistencia, Aída Ayala, entre otros imputados.
Con la causa ya en curso, se denunciaron "maniobras" tendientes a ocultar elementos probatorios de la causa, entre ellos equipos informáticos pertenecientes a la empresa PIMP, que había sido allanada unas horas antes, y que dichos equipos se encontrarían en el domicilio particular de la secretaria de esa firma, Verónica López Plenck.
LA ORGANIZACIÓN
"Al frente de la organización aparecen Aida Beatriz Ayala y Jacinto Amaro Sampayo que fueron los encargados de haber conformado e ideado ese eslabonamiento de personas y empresas" , comienza el fiscal federal, Federico Carniel, su descripción del origen del delito.
La organización nació con la creación de PIMP SA y con su intervención en el proceso de licitación municipal N° 10/14 iniciado en el mes de febrero del año 2014, aunque el requerimiento hace un análisis de sociedades y comportamientos previos a la firma.
A Ayala y Sampayo se los acusa de "conformar una organización con la finalidad de apoderarse ilegitima y deliberadamente de fondos provenientes del erario de la Municipalidad de Resistencia, por intermedio de personas de su más íntima confianza y lealtad:
Daniel Alejandro Fisher, entre otros, en el caso de la exintendente y de Carlos Alberto Secundino Huidobro, entre otros, en el caso del ex Secretario General - Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia.
"Para lograr su cometido, la organización manipuló los procesos de licitación lanzados desde la municipalidad de Resistencia, logrando la adjudicación al grupo empresario conformado especialmente con esa finalidad.
Beneficiándose de esta manera las personas físicas y sociedades comerciales constituidas a tal efecto, integradas esencialmente por personas que habrían actuado directamente bajo la esfera de Ayala y Sampayo", acusó el MNF.
El proceso licitatorio en el que observaron con "mayor claridad" las maniobras tiene que ver con el proceso de contratación de equipos para ser afectados al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.
Aida Ayala es considerada "determinante" en el primer proceso de licitación pública en los que "aparecen las irregularidades detectadas en los procesos licitatorios, marcadas por la confección de los instrumentos legales necesarios para su posterior análisis y adjudicación y su consecuente, la disposición de fondos por parte del municipio".
La reiteración de este tipo de actos hace creer que hubo un "direccionamiento desde el mismo momento en que nacieron -las licitaciones-, con la clara finalidad de asignar su adjudicación a personas o sociedades previstas de antemano, evidenciando con ello el acuerdo de voluntades entre quienes cumplieron funciones en el ámbito municipal y aquellas empresas o personas proveedoras que se presentaron como oferentes".
Cabe destacar que muchas de las empresas investigadas tuvieron "modificación en sus socios, cuando aquellas personas que originariamente asumieron el rol de socios, resultaron en realidad personas interpuestas.
Con lo que se observa con suficiente claridad que la finalidad perseguida era la de evitar quedar incurso en alguna causal de incompatibilidad, resultando evidente y grave al mismo tiempo que aquellas personas (interpuestas), carecían de los recursos patrimoniales necesarios para llevar adelante el objeto de las licitaciones".
"De esta manera, se logró que dichas firmas, consagradas como proveedoras del Municipio, logren capitalizase con fondos del municipio y así apropiarse de los frutos que rindiesen, multiplicando de este modo el caudal dinerario ingresado al obtener contrataciones y/o adjudicaciones por esas vías", señala el requerimiento.
¿Qué maniobras detectó el Ministerio Público Fiscal?: Ingreso de dinero provenientes del Municipio de Resistencia; conversión de fondos líquidos en bienes de capital; retiros de dinero por parte de los socios de las empresas que no se encontraban justificados ya sea en la distribución de dividendos o, utilidades de las firmas.
U honorarios relacionados al ejercicio de un cargo o función dentro de las mismas; facturaciones elevadas y consecutivas bajo el ropaje de honorarios profesionales por parte de los imputados que al no integrar formalmente la empresa, lo hacían bajo esos conceptos, dejando así en evidencia su carácter de socio oculto, logrando de esta manera obtener su parte del producido de las empresas; ser usuarias de facturación apócrifa detectada por AFIP, entre oras.
"La organización contaba con dos cabezas, Sampayo y Ayala, quienes a su vez idearon un sistema o se valieron de personas de su confianza", advierten los fiscales aclarando además que ambos "actuaron en forma coordinada, como también el resto de los imputados".
LOS ROLES DE LOS IMPUTADOS
Según la denuncia que tenía en sus manos el Ministerio Público Fiscal, Pedro Alberto Martínez es quien habría prestado el nombre a Carlos Huidobro, sobrino de Sampayo, aportando camiones a PIMP como socio mayoritario.
Asimismo, Alfredo Bouza fue sindicado como otro de los socios, a quien se lo vinculó con Rubén Ramírez, del área de limpieza de la Municipalidad y segundo de Sampayo en el Sindicato.
La acusación señaló que algunos camiones están a nombre de Martínez, otros a nombre de Bouza y de la empresa PIMP SA y que en el domicilio de Roberto Mora 356, donde están inscriptos algunos camiones, funcionaba antes la empresa de Fischer (Recifis)
"Recifis" fue conformada por Daniel Alejandro Fischer cuando éste era novio de la hija de quien entonces era intendente Aida Ayala, y que luego "se le había ocurrido hacer una empresa de recolección obteniendo un contrato por ocho años", en la cual cada uno de los dueños habían puesto gente de confianza.
Es así que la fiscalía señala que los procesados conformaron "una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia.
Valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños" (delitos precedentes).
Los fiscales luego apuntan al delito de lavado de activos, es decir el ingreso de lo producido en la actividad ilícita al circuito legal, y señalan entre ellos la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, "entre otras complejas maniobras de reciclaje que serán seguidamente expuestas.
Generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos".
Para el MPF la "organización delictiva" fue sumando más personas que aportaron medios, nombres y personas para "la construcción de un complejo entramado societario, cuya característica principal fue el ocultamiento de sus verdaderos socios o dueños.
Para lo que se recurrió a la utilización de socios aparentes, socios ocultos, empresas fantasmas, hasta el momento que valiéndose de cada una de ellas se procedió a inyectar los fondos ilícitamente obtenidos a través de maniobras complejas orientadas a que no pueda seguirse el rastro del dinero así introducido al circuito legal".
IMPUTADOS
1) Aída Ayala: imputada por asociación ilícita en calidad de coautora, en concurso real con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y por la calidad de funcionario público en calidad de coautora.
2) Jacinto Sampayo: imputado por asociación ilícita en calidad de coautor, en concurso real con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautor, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y por la calidad de funcionario público en calidad de coautor.
3) Carlos Alberto Secundino Huidobro: imputado por asociación ilícita en calidad de coautor, en concurso real con el delito de enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de coautor.
4) Daniel Alejandro Fischer: imputado por asociación ilícita en calidad de coautor, en concurso real con enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de coautor.
5) Pedro Alberto Martínez: imputado por asociación ilícita en calidad de coautor, en concurso real con enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de coautor.
6) Patricia Noemi Vázquez: imputada por el delito de asociación ilícita en calidad de partícipe necesaria, en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesaria, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de coautora.
7) Rolando Javier Acuña: imputado por asociación ilícita en calidad de partícipe necesario, en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe necesario, ambos en concurso real entre sí y en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe necesario.
8) Fatima Jessica Rigassio: imputada por asociación ilícita en calidad de partícipe necesario, en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe necesario, ambos en concurso real entre sí y en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda (Art. 303 Inc. 2 apartado A) en calidad de partícipe necesario.
9) Elsa Graciela Martínez: imputada por lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de participe secundario.
10) Enrique Víctor Baumwollspinner: imputado por lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de participe secundario.
11) Mónica Sonia Centurión: imputada por lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de participe secundario.
12) Eulalio Alfredo Bouza: imputado por asociación ilícita en calidad de partícipe necesario, en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe secundario en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundario.
13) Víctor Hugo Quiroz: imputado por enriquecimiento ilícito en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad en calidad de partícipe secundario.
14) Cristian Adrián Zapata: imputado por enriquecimiento ilícito en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad en calidad de partícipe secundario.
15) Diego Alberto Martínez Guarino: imputado por fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundario, ambos en concurso real entre si y en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, en calidad de partícipe secundario.
16) Natalia Soledad Martínez Guarino: imputada por fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundario, ambos en concurso real entre si y en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, en calidad de partícipe secundario.
17) Luis Guillermo Escobar: imputada por fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundario, ambos en concurso real entre si y en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, en calidad de partícipe secundario.-
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