Así consintió el reclamo de 2 trabajadores que consideraron que el plan del Gobernador vulnera sus derechos a aspirar a un puesto laboral en el Estado, algo que las normas dictadas recientemente condicionan o directamente no tienen en cuenta.
El denominado “operativo retirada” propone un concurso de antecedentes y oposición para “personal transitorio” de todos la Administración Pública, entes autárquicos y descentralizados, que culminará con un orden de mérito del que surgirán los ingresantes desde este año hasta 2030, por lo que quienes no estén en esta posición no podrán hacerlo de ningún modo hasta después de cumplido ese plazo.
Para el juez, esto vulnera claramente los derechos de estas personas y otras en igual situación, y resulta discriminatorio.
Ahora el fiscal de Estado: Roberto Herlein, tendrá que expedirse al respecto para abonar a dilucidar la cuestión de fondo, que versa sobre la validez constitucional de los decretos de Capitanich, algo que ya le habían planteado legisladores de Juntos por el Cambio la semana pasada.
Para la oposición, el verdadero objetivo del gobernador es montar una suerte de administración paralela antes de abandonar el poder, y condicionar el funcionamiento de la próxima gestión designando funcionarios en puestos claves del gobierno.-
FUENTE: http://hdpnoticias.com.ar/
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