María Graciela Canal y Sergio Nicolás Clinis Canal fueron detenidos este miércoles en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, cuando se presentaron voluntariamente ante Migraciones.
Ambos tenían alertas rojas de Interpol y eran buscados por una causa de lavado de activos agravado que tramita en la Justicia Federal de Resistencia.
La causa que investiga una presunta organización dedicada al lavado de activos sumó este miércoles dos nuevos detenidos.
Se trata de María Graciela Canal y Sergio Nicolás Clinis Canal, quienes se presentaron voluntariamente ante funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, el procedimiento se produjo alrededor de las 5 de la madrugada. Al consultar sus datos en el Sistema de Captura Migratoria (SICAM), los agentes detectaron que ambos registraban alertas rojas de Interpol.
A partir de esa situación, se solicitó a Interpol la compulsa de antecedentes mediante el sistema I-24/7. La respuesta confirmó que ambos figuraban como “BUSCADOS”, con finalidad de “DETENCIÓN”, en el marco de una investigación por el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido como integrante de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.
La orden de captura había sido solicitada por Interpol a requerimiento del Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia N°1, Secretaría Penal N°3, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
Canal y Clinis Canal quedaron detenidos y fueron trasladados a dependencias del Escuadrón 16 “Clorinda”, a disposición de la Justicia Federal.
Ya son cinco los detenidos
Los dos nuevos arrestos se suman a los realizados el viernes pasado, durante el mega operativo que desplegaron la Policía del Chaco y Gendarmería Nacional en Chaco y Corrientes.
En aquella jornada fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane, mientras que Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek también quedaron imputados, aunque la Justicia dispuso que continúen en libertad.
El operativo incluyó 18 allanamientos, con la participación de unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional y otros 50 integrantes de la Policía del Chaco. La investigación está a cargo del fiscal general Patricio Sabadini y se tramita ante el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Resistencia, a cargo de Niremperger.
La pista que llevó hasta el grupo familiar
El expediente se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido.
Ese testimonio habría vinculado al grupo familiar investigado con una concesionaria de automóviles y con una organización narco criminal que ya era objeto de una investigación por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
A partir de esa información, la Fiscalía comenzó a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de las personas y sociedades bajo investigación.
La hipótesis sostiene que parte del dinero de origen presuntamente ilícito habría sido incorporado al circuito económico formal mediante distintas actividades comerciales, entre ellas la apertura y expansión de la cadena de gimnasios Exen.
Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue precisamente el ritmo de crecimiento de la empresa. Según el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 Exen llegó a contar con siete establecimientos.
Para Sabadini, la velocidad de esa expansión y el dinero destinado a obras y equipamiento no guardarían relación con la capacidad económica declarada por los integrantes del grupo investigado.
“Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, sostuvo el fiscal en su requerimiento.
Más de $2.500 millones en inversiones estimadas
En paralelo a la investigación patrimonial, las fuerzas federales realizaron un relevamiento sobre seis establecimientos vinculados a Exen.
El informe preliminar tomó como referencia la superficie de los locales y un valor de $510.000 por metro cuadrado. Sobre esa base, los seis establecimientos relevados suman 4.947 metros cuadrados, con una inversión estimada de poco más de $2.523 millones.
Entre los inmuebles relevados aparece el Exen-Hotel Guaraní, con 567,18 metros cuadrados y una inversión estimada de $289.261.800; Exen-Hiper Cucher, con 2.541,95 metros cuadrados y una estimación de $1.296.394.500; y Exen-Barranqueras, con 493,49 metros cuadrados y una inversión calculada en $251.679.900.
También fueron relevados los establecimientos de avenida Las Heras, con una estimación de $253.373.100; avenida Arturo Illia, con $214.194.900; y Santiago del Estero, con $218.229.000.
La cifra constituye una estimación realizada a partir del valor de referencia por metro cuadrado y no equivale necesariamente al dinero efectivamente desembolsado ni al valor de los bienes secuestrados. El dato deberá ser contrastado con la documentación contable, patrimonial y financiera incorporada al expediente.
Para los investigadores, el relevamiento permite dimensionar la infraestructura desplegada por la cadena y avanzar en la reconstrucción del origen de los fondos utilizados para financiar las inversiones.
La hipótesis del lavado y la “inyección de capitales”
La acusación sostiene provisoriamente que los siete imputados habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y dinero cuyo origen sería ilícito.
En particular, la Fiscalía investiga si parte de esos fondos podrían provenir del narcotráfico y de otros delitos.
Esa hipótesis se conecta con la información aportada por el arrepentido, quien habría relacionado al grupo investigado con una organización narco criminal.
En ese contexto, Sabadini puso el foco en la denominada fase de integración del lavado de activos, es decir, la incorporación de dinero de origen presuntamente delictivo al mercado formal mediante inversiones y operaciones destinadas a aparentar un origen legítimo.
Uno de los elementos señalados por la Fiscalía es la “vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia”.
La pesquisa también alcanzó movimientos bancarios, billeteras virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales, registros de vehículos e inmuebles, información tributaria y movimientos migratorios.
Además, los investigadores analizaron adquisiciones de vehículos, viajes al exterior y un nivel de vida que, según la hipótesis fiscal, no se correspondería con los perfiles económicos declarados.
Minería de criptomonedas y conexiones eléctricas clandestinas
Los allanamientos realizados el viernes también aportaron otros elementos que ahora deberán ser sometidos a análisis.
En uno de los inmuebles vinculados al grupo, ubicado en Mitre 709, donde funcionaban oficinas administrativas relacionadas con Exen, los investigadores encontraron equipamiento destinado a la minería de criptomonedas.
Además, personal de Secheep detectó una conexión clandestina de energía eléctrica. Según el material incorporado a la investigación, también se encontraron irregularidades eléctricas en el gimnasio de avenida Illia y en la sede ubicada sobre Santiago del Estero.
Durante los procedimientos fueron secuestradas máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación, automóviles y dispositivos vinculados con la minería de criptomonedas.
Ahora, esos elementos deberán ser sometidos a distintos peritajes contables, financieros e informáticos, mientras la Fiscalía continúa reconstruyendo el origen de los fondos y el mecanismo que, según la acusación, habría sido utilizado para incorporarlos al circuito económico formal.
La investigación quedó así con cinco personas detenidas y dos imputados en libertad, mientras la Justicia Federal avanza sobre la estructura patrimonial y comercial del grupo y procura determinar si las inversiones realizadas por la cadena de gimnasios fueron financiadas, total o parcialmente, con dinero proveniente de actividades ilícitas.-
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Según la investigación, Duarte mató a la mujer de 42 años mediante golpes y asfixia. 
Duarte había sido imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio). 
