Los votos surgieron de los bloques del Frente Chaqueño, del Frente Integrador y del Pro. De esta manera, fueron ratificados los Decretos del Poder Ejecutivo N° 28; N° 1453, N° 2118 y N° 2244 del 2023 -dictados en el marco convenio colectivo de trabajo- y el Decreto N° 2656 que busca regularizar la situación laboral de los agentes vinculados con contratos de Locación de Servicios.
En la sesión ordinaria N° 27 realizada este miércoles primero de noviembre, con los votos del oficialismo, del Frente Integrador y del legislador Luis Obeid (del Bloque CHACO), la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley N° 2594/23 que ratifica los Decretos del Poder Ejecutivo N° 28; N° 1453, N° 2118 y N° 2244 del 2023; dictados en el marco Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Provincial .
Asimismo, sancionó el proyecto 2595/23 la ratificación del Decreto N° 2656 del Poder Ejecutivo Provincial, emitido el 28 de septiembre de 2023, que establece la necesidad de regularizar la situación laboral de los agentes que se encuentran prestando servicios bajo la modalidad de Personal Transitorio – Contratos de Locación de Servicios.
"Si yo no estaría en esta banca, hoy no tendríamos pases a planta y eso no me convierte en un héroe, pero sí quiero hablarle a los calumniadores seriales de las redes: no puedo desconocer que hay medidas cautelares en torno a esta cuestión, pero hoy voto desde el punto de vista político", dijo Obeid, el último diputado en bajar al recinto y garantizar el quórum.
Por su parte, el diputado del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel aseguró que “en este proceso de pasa planta todo fue muy prolijo, no se violó absolutamente ningún artículo de la Constitución y ningún artículo de las leyes vigentes; y esto posibilitó también que se alcancen los acuerdos paritarios que están vigentes y deberán ser respetados por la gestión entrante”.
En esa línea, remarcó: “Entendemos que existió una afrenta innecesaria por parte de la oposición, que utilizó el mecanismo de la justicia provincial como un engranaje para entorpecer de manera ilegítima los procesos del concurso que claramente fueron llevados adelante de la mejor forma posible”, aseguró Slimel.
A la vez, lamentó la ausencia de todos los legisladores de Juntos por el Cambio “por lo menos para escucharlos y saber por qué razón no acompañan estas leyes en los medios públicos”.
“Nosotros entendemos que esto tiene que ver con una reivindicación histórica y que hay que empezar a respetar los cambios institucionales, entre ellos, los mecanismos de convenios colectivos de trabajo”, consideró.
El legislador puntualizó también que en el caso de los contratados de servicio, el mecanismo de regularización alcanza a 1.640 agentes, de los cuales 1.490 son de Salud Pública.
“La oposición ´peleaba´ hace dos años por el pase a planta de todos, pero esto demuestra que no estaban tan interesados en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”, sostuvo.
Slimel aseguró que el ministro de Hacienda de la provincia remitió dos notas donde manifiesta “la factibilidad presupuestaria de ambos proyectos sin perjuicio absoluto de las arcas del Estado y de una continuidad en términos institucionales que no va a perjudicar en absoluto todo el desarrollo y el funcionamiento futuro del Ejecutivo Provincial”.
“Por eso, con el objeto de eliminar la situación de incertidumbre que hoy prospera en todos los trabajadores del Estado, nosotros hemos sancionado esta ley dando una respuesta no solamente a la comunidad, sino también a los pedidos que permanentemente recibimos por parte de la oposición, que ahora parecen haberlos olvidado”, cerró.
Modifican el máximo de aportes en programas de ayuda
La Legislatura sancionó tambíen este miércoles que modifica el Artículo 17 de la Ley 3792 – H –, Crea los Programas de Ayuda Provincial (PAPRO) y Municipal (PAM), y establece que los Municipios quedarán exceptuados de realizar aportes y contribuciones por las ayudas sociales que otorguen hasta el monto máximo de $70.000, a personas desocupadas que no fueren beneficiadas de becas, jubilaciones, ayudas económicas, pensiones o retiros de cualquier jurisdicción pública o privada y por las que hubieren concedido con anterioridad a la Ley.
La autora de proyecto, Claudia Panzardi, explicó en el recinto "el tope máximo vigente era de $45.000 pesos y la intención es elevar ese monto" de aportes que puedan otorgar los Municipios, "siempre y cuando estén en condiciones de sostener esos programas".
Tal como reza el nuevo artículo: "los recursos para financiar su erogación podrán ser de origen Municipal, Provincial o Nacional”.-
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