De autoría del gobernador Jorge Capitanich, fue aprobada por el oficialismo el pasado 10 de diciembre.
La norma dice en su artículo 1° que su finalidad es “reglamentar la actividad rentada de personas privadas de su libertad”.
A partir de ahora la autoridad carcelaria debe “promover, mantener y perfeccionar las aptitudes laborales de los reclusos y sus capacidades individuales”, atendiendo a las solicitudes de los reclusos y sus aptitudes, además de la proyección de su vida en libertad.
El trabajo será obligatorio, pero la ley manda que se respete la voluntad de quien no quiera trabajar, aunque eso impactará en su concepto.
El monto de la remuneración será proporcional a la labor desarrollada, hasta un salario mínimo vital y móvil, y nunca menor de un tercio del mismo.
La ley tuvo fuertes críticas desde, ya que los programas de reinserción social ya existen y la única novedad es la institución de la remuneración. Y, además, plantearon que existen otras prioridades como la recomposición salarial de docentes, policías y trabajadores de Salud.
El Gobierno respondió que los sueldos no saldrán de las arcas del Estado sino que será abonado por quienes contraten a los presos. Y el propio Capitanich dijo que, por el contrario, le reportará un importante ingreso de fondos al erario público.
Lo cierto, es que la ley plantea que sólo “en casos especiales, podrá celebrarse, con organismos públicos o privados, convenios relacionados con la utilización de mano de obra de reclusos, así como de los talleres de los establecimientos”.-
FUENTE: http://hdpnoticias.com.ar/
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