El 16 de diciembre la Provincia del Chaco se posicionó a la vanguardia de toda la Argentina y Latinoamérica al aprobar la ley 3325-B.
A través de la misma se garantiza la participación ciudadana en la administración de justicia, lo que logrará un fortalecimiento y transparentización de la Institución.
El mismo tendrá una aplicación gradual y garantizará plenamente uno de los principios fundamentales del derecho procesal moderno: la solución justa, rápida y económica de todo procedimiento, en juicio público, oral, adversarial yante todo, con participación ciudadana.
De esta forma se cumple con la manda del art. 24 de la Constitución Nacional, estableciendo que todas las ramas y fueros del derecho se juzguen por jurados, no excluyendo al fuero civil y comercial.
Se trata de una ley noble, flexible, gradual y aplicable a un número inicial acotado de casos.
Se prevé la posibilidad de que los litigantes acudan a un jurado de doce miembros para solucionar sus disputas.
Con la aplicación de los juicios civiles y comerciales por jurados también se pretende lograr una baja en la litigiosidad y trámites judiciales por dos cuestiones: por un lado, se terminará con la actitud muchas veces generalizada, de las partes demandadas cuando ante derechos evidentes o con la conciencia de no tener razón, buscan dilatar los procesos con la finalidad de llegar a una sentencia tardía.
Por otro lado, el instituto funcionará a su vez como un control de profesionalidad, terminándose con las pretensiones ridículas y negligentes.
El jurado civil tendrá una función social y política frente a las desigualdades y el litigio compulsivo, infundirá de legitimación democrática a las decisiones jurisdiccionales inyectando normas comunitarias en el sistema legal.
Asimismo, gracias al jurado, el juez se vincula de manera directa con el Pueblo y con sus puntos de vista en los casos que trata, ya que la participación de estos ayuda a incrementar la aceptación pública de aquél.-
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