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jueves, 27 de agosto de 2026

Hallaron sin vida a un joven de 21 años en una laguna

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 y es investigado por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2.

Un joven de 21 años murió este jueves tras ahogarse en una laguna ubicada en el predio de la Escuela de Educación Primaria N° 99, en el barrio Zoológico de General San Martín. El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 y es investigado por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2.

Según informó la Policía del Chaco, personal de la División Bomberos San Martín realizó tareas de rastrillaje en la zona fluvial de la laguna y logró localizar y extraer el cuerpo de: David Carruego, de 21 años.

Una ambulancia, interno 6832, arribó al lugar y el enfermero profesional José Pujol constató que el joven se encontraba sin signos vitales. 

Tras el hallazgo, se preservó la escena y se aguardó la intervención de los funcionarios judiciales y del Gabinete Científico.

Por disposición de la fiscal Andrea Yolanda Langellotti, fueron trasladados a la comisaría Juan Gabriel Vargas, de 20 años, y Joaquín Sosa, de 18, con el objetivo de recibirles declaración testimonial para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Además, se dispuso la realización de un acta de constatación del lugar.

Una vez finalizadas las diligencias, el cuerpo fue trasladado por el móvil tanatológico de Bomberos hacia la Morgue del Hospital Local, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento. 

En el lugar trabajaron autoridades policiales de la zona y personal de la Comisaría de General San Martín.-

Emergencia hídrica en Resistencia: “No hay ningún plan, ni conformación de un Comité”

La concejala justicialista, Lucila Masin, visitó los estudios de CIUDAD TV y repasó la semana legislativa en el Concejo Deliberante de Resistencia que aprobó en la última sesión ordinaria una ordenanza relacionada a la emergencia hídrica, impulsada por el Ejecutivo comunal, y “tratada de manera exprés”.

“Hemos hecho algunas incorporaciones y aportes a esta iniciativa. 

Todas las sugerencias o incorporaciones que podamos considerar desde los bloques opositores son rechazadas. 

Entonces, generan una enorme confusión en la sociedad y plantean una línea como que la oposición está en desacuerdo con la emergencia. Más alejado que eso imposible porque nosotros entendemos que la política tiene que estar ante alguna demanda expresa de la sociedad”, cuestionó la edila.

“Vamos a tener una situación de emergencia en los próximos meses, más cerca del verano. Queremos acompañar esa emergencia, en tanto y en cuanto podamos ser serios en los debates y sobre todo tener determinada previsibilidad”, sostuvo.

Explicó que esta emergencia faculta al Ejecutivo a tomar todas las decisiones que puedan surgir. Pero lo hace sin ningún plan de emergencia hídrica ni conformación de un Comité. 

Negó que exista un plan de emergencia en desarrollo hace más de un año: “Es una falacia”. Recordó que hay dos decretos del gobierno provincial, el 2 de 2026 que la declaraba hasta el 31 de agosto y que fue prorrogada hasta enero de 2027 “producto de la información que venimos avizorando en este último tiempo.

Señaló que el órgano de intervención en esta emergencia municipal es la Administración provincial del Agua con las universidades y otros organismos, pero dijo que “no existe un comité ni un plan de emergencia ente situaciones posibles de evacuaciones, de riesgo, de identificación de zonas, de sectores que también puedan intervenir e incidir en esta situación”.

“Lo que exigimos desde los bloques opositores es que podamos discutir y debatir esta emergencia con la suficiente información, pero reconociendo que el Concejo cumple un rol de contralor al Ejecutivo provincial”, afirmó

Pidió poder “trabajar todos juntos frente a una realidad que nos convoca a todos”, para dar respuestas certeras a la sociedad”. “Los vecinos necesitan respuestas, acompañamiento, asistencia, estar cerca”, sostuvo.

Cuestionó la “doble vara” y la “disputa política para ver quien tiene la razón. No se trata de ver quien tiene razón sino llegar a los consensos para que esa solución sea superadora a lo que inicialmente proponemos o pensamos que puede funcionar”.-

Subastan 39 vehículos del Estado en Chaco: los modelos y precios base

La séptima Subasta Pública de Bienes del Estado Provincial se realizará el 4 de septiembre e incluirá unidades fabricadas entre 2008 y 2021. 

Los precios base van desde $1.800.000 hasta $3.800.000.

El Gobierno del Chaco dio a conocer la nómina completa de los 39 vehículos que integrarán la séptima Subasta Pública de Bienes del Estado Provincial, que se realizará el 4 de septiembre. 

La convocatoria incluye automóviles, camionetas y utilitarios de distintas marcas y características, que serán ofrecidos mediante el mecanismo de subasta pública con un precio base establecido para cada unidad.

Los vehículos corresponden a modelos fabricados entre 2008 y 2021, con presencia mayoritaria de camionetas y utilitarios. 

Entre las marcas se encuentran Toyota, Nissan, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, Peugeot y Citroën, mientras que los precios base se ubican, de manera general, entre $1.800.000 y $3.800.000

La nómina también informa las deudas registradas para cada unidad y, en algunos casos, señala que no existen deudas informadas.

La nómina oficial establece para cada lote el dominio, modelo, año de fabricación, precio base y las deudas informadas. 

Entre las unidades aparecen numerosas Toyota Hilux, además de Nissan Frontier, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Peugeot Partner, Toyota Corolla, Citroën Jumper, Peugeot 408 y una Toyota Hilux SW4.

El menor precio base corresponde al lote 31, una Toyota Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T modelo 2018, con un valor inicial de $1.800.000. 

En el otro extremo, el mayor precio base fue fijado para el lote 39, una Toyota Hilux 4x2 Cabina Doble DX Pack 2.5 TDI modelo 2011, cuyo valor de inicio es de $3.800.000.

Además de los precios de inicio, la documentación difundida por el Gobierno incluye las deudas informadas para cada vehículo, por lo que quienes tengan previsto participar deberán consultar las condiciones y verificar la situación particular del lote de interés antes de la subasta.

El detalle completo de los lotes es el siguientes:

Peugeot Partner Patagónica 1.6N VTC Plus, 2017. Base: $2.235.000.

Toyota Corolla XEI 1.8 M/T, 2012. Base: $2.100.000.

Toyota Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2019. Base: $3.600.000.

Ford Nueva Ranger DC 4x2 XL 2.2L D, 2018. Base: $3.450.000.

Toyota Hilux 4x4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2020. Base: $3.750.000.

Nissan Frontier CD S 2.3 D 4x2 MT, 2021. Base: $3.000.000.

Toyota Hilux 4x2 DC DX 2.4 TDI 6 MT, 2021. Base: $3.150.000.

Toyota Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI M/T, 2019. Base: $3.000.000.

Citroën Jumper 2.3 HDI Pack, 2012. Base: $2.100.000.

Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI Furgón 3665, 2021. Base: $2.850.000.

Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI Furgón 3665, 2020. Base: $2.850.000.

Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Furgón 3665, 2021. Base: $2.850.000.

Volkswagen Amarok 2.0L TDI 180, 2012. Base: $3.000.000.

Nissan Frontier CD S 2.3 D 4x2 MT, 2021. Base: $3.000.000.

Toyota Hilux 4x2 DC DX 2.4 TDI 6 MT, 2021. Base: $3.750.000.

Toyota Hilux 4x4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2017. Base: $3.000.000.

Nissan Frontier CD S 2.3 D 4x2 MT, 2021. Base: $3.000.000.

Toyota Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2017. Base: $2.850.000.

Toyota Hilux 4x2 DC DX 2.4 TDI 6 MT, 2021. Base: $2.850.000.

Toyota Hilux 4x2 DC DX 2.4 TDI 6 MT, 2021. Base: $3.750.000.

Nissan Frontier CD S 2.3 D 4x2 MT, 2021. Base: $3.750.000.

Toyota Hilux 4x4 Cabina Doble DX Pack 2.5 TDI, 2012. Base: $3.150.000.

Nissan Frontier CD S 2.3 D 4x2 MT, 2020. Base: $3.150.000.

Ford Ranger DC 4x2 XL Plus 3.0 D, 2008. Base: $3.000.000.

Toyota Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2019. Base: $2.850.000.

Toyota Hilux 4x2 DC DX 2.4 TDI 6 MT, 2021. Base: $2.850.000.

Toyota Hilux SW4 4x4 SRV 3.0 TDI, 2008. Base: $2.250.000.

Peugeot 408 Allure 2.0N, 2012. Base: $2.850.000.

Toyota Hilux 4x4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2020. Base: $3.750.000.

Toyota Hilux 4x4 D/C SR 2.8 TDI 6 M/T, 2017. Base: $2.850.000.

Toyota Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2018. Base: $1.800.000.

Toyota Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2018. Base: $3.000.000.

Toyota Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2018. Base: $2.850.000.

Nissan Frontier CD S 2.3 D 4x2 MT, 2020. Base: $2.700.000.

Toyota Hilux 4x4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, 2017. Base: $2.700.000.

Toyota Hilux 4x4 Cabina Doble DX Pack 2.5 TDI, 2012. Base: $2.700.000.

Toyota Hilux 4x2 C/D DX Pack Eléctrico 2.5 TDI-H3, 2014. Base: $2.850.000.

Toyota Hilux 4x4 Cabina Doble DX Pack 2.5 TDI, 2011. Base: $2.850.000.

Toyota Hilux 4x2 Cabina Doble DX Pack 2.5 TDI, 2011. Base: $3.800.000.

Ley de reiterancia: “La seguridad se construye también cuando la Justicia responde”, afirmó Katia Blanc

La diputada del Frente Renovador, Katia Blanc, acompañó la sanción de la ley de reiterancia, pero advirtió que la nueva herramienta no resolverá por sí sola el problema de la inseguridad en el Chaco. 

Durante el debate en la Legislatura, reclamó al Poder Ejecutivo recursos, infraestructura y capacitación para garantizar su aplicación.

“Nosotros hoy dimos una herramienta legislativa. Será el Poder Ejecutivo quien deba dar las herramientas para que esta ley pueda ser correctamente implementada”, sostuvo Blanc en el recinto.

La legisladora planteó que la aplicación efectiva de la norma requerirá inversión en infraestructura, capacitación policial y una remuneración acorde con las tareas que desempeñan los agentes. En ese sentido, remarcó que la expectativa de los chaqueños no puede quedar limitada a la sanción de leyes.

“La esperanza de los chaqueños y chaqueñas no está solo en leyes necesarias, sino en recursos direccionados para que estas leyes puedan ser aplicables”, afirmó.

Blanc aclaró que no se opone al instituto de la reiterancia, pero cuestionó que se presente su aprobación como una solución definitiva frente al delito. 

“No estoy en contra de la reiterancia, que quede claro. Estoy en contra de que se le haga creer al pueblo chaqueño que, por la reiterancia por sí sola, el problema de la inseguridad se va a terminar”, señaló.

La diputada también destacó el rol de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. “La seguridad no se construye solamente con leyes más duras”, dijo, y sostuvo que también se construye cuando el Estado previene, la Policía actúa y la Justicia responde.

La norma fue sancionada el último miércoles tras más de cuatro horas de debate, con 27 votos afirmativos, dos abstenciones y un voto en cartera.-

Interceptaron un auto y secuestraron tres armas de aire comprimido en un camino rural

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Rural Sáenz Peña durante tareas de prevención. 

Cuatro personas que se desplazaban en el vehículo fueron demoradas y luego recuperaron su libertad por disposición de la Fiscalía.

Ayer, durante un operativo de prevención rural realizado en Colonia Sarmiento, personal de la Sección Rural Sáenz Peña interceptó un automóvil en un camino vecinal y secuestró tres armas de aire comprimido que eran transportadas en el interior del vehículo.

El procedimiento se inició luego de que los efectivos fueran alertados por un vecino de la zona sobre la circulación de un automóvil de color bordó. 

Tras implementar un operativo, los agentes localizaron el rodado y procedieron a identificar a sus cuatro ocupantes.

A simple vista, observaron que transportaban tres armas de aire comprimido, por lo que se consultó la situación con la Fiscalía de Delitos Rurales de Machagai.

Por disposición de la autoridad judicial, se procedió al traslado de los ocupantes junto con el automóvil, un Ford Fiesta, y al secuestro preventivo de las armas: una marca Apolo y dos marca Fox. 

Posteriormente, se labraron las actas correspondientes y, previa acreditación, se efectuó la entrega de los elementos conforme a las disposiciones judiciales.

Luego de ser examinadas por un médico, las cuatro personas continuaron en libertad. Las actuaciones fueron elevadas de manera urgente a la Fiscalía de Delitos Rurales de Machagai para continuar con las diligencias correspondientes.-

Revés para el Municipio: la Justicia mantiene el freno al cobro de abasto a Milkaut

La Cámara Federal de Apelaciones rechazó el recurso de la comuna y confirmó la cautelar dictada por el juez Ricardo Alcides Mianovich. 

La suspensión del cobro a la empresa seguirá vigente hasta que se resuelva el planteo de fondo sobre la constitucionalidad del tributo.

La Municipalidad de Resistencia deberá continuar absteniéndose de cobrar a Milkaut los derechos de abasto cuestionados por el ingreso de sus productos a la ciudad. 

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones, que rechazó el recurso presentado por la comuna y ratificó la medida cautelar que había dispuesto el juez Ricardo Alcides Mianovich.

La decisión mantiene la protección provisoria obtenida por la firma láctea, aunque no implica una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de las disposiciones municipales que originaron el conflicto.

El origen de la disputa

El proceso comenzó cuando Milkaut S.A. promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de Resistencia. 

La empresa objetó el cobro de tasas previstas en la Ordenanza Tarifaria y en la normativa tributaria local por el ingreso de leche y sus derivados al ejido urbano.

En ese contexto, solicitó una medida cautelar para suspender la percepción del tributo mientras se tramitaba la causa. 

Mianovich hizo lugar al pedido y ordenó al Municipio abstenerse de efectuar esos cobros a la firma hasta que se resolviera la controversia.

La asesoría legal municipal apeló esa decisión, pero sus argumentos no lograron modificar el criterio judicial. Al revisar el caso, la Cámara consideró que el planteo de la comuna carecía de sustento jurídico suficiente para revocar la resolución de primera instancia.

Los fundamentos de la Cámara

Entre los aspectos analizados, los magistrados señalaron que determinadas exigencias de registros o pagos locales podrían duplicar funciones ya delegadas a organismos nacionales como el SENASA y la ANMAT, encargados de la regulación sanitaria de los alimentos.

El tribunal también sostuvo que las medidas que obstaculicen la circulación de mercaderías entre distintas jurisdicciones pueden afectar principios establecidos por la Constitución Nacional. Sobre esos fundamentos, rechazó la apelación municipal y confirmó la continuidad de la cautelar.

De esta manera, el cobro de los derechos de abasto cuestionados seguirá suspendido para Milkaut. La discusión de fondo permanece abierta: será una sentencia definitiva la que determine la validez constitucional de las disposiciones impugnadas por la empresa.-

la UNNE revela cómo pueden defenderse los consumidores endeudados

Más de 92 % de los hogares argentinos tiene deudas. Desde la Facultad de Derecho reclamaron normas específicas para prevenir el sobreendeudamiento.

El creciente endeudamiento mediante tarjetas de crédito y billeteras virtuales encendió las alarmas en la Argentina. 

De acuerdo con un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (Ietse), el 92,3% de los hogares registra algún tipo de deuda y casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento.

El estudio, realizado en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento múltiple: familias que acumulan compromisos simultáneos con bancos, tarjetas, plataformas digitales, comercios y prestamistas. 

Ante este escenario, desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste detallaron cuáles son los mecanismos legales actualmente disponibles y el estado de las iniciativas legislativas destinadas a prevenir y atender el sobreendeudamiento familiar. La UNNE difundió el análisis ante el agravamiento de la problemática.

Herramientas que ya están vigentes

Sebastián Danuzzo, profesor titular de Derecho Civil y docente del Departamento de Derecho Privado de la UNNE, explicó que el ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos que pueden ofrecer cierta contención a los consumidores. 

Sin embargo, consideró necesario avanzar con regulaciones específicas. "Hay herramientas vigentes de contención, como el deber de información calificado del proveedor, que se aplica a la mayoría de las relaciones de consumo que derivan en esta problemática", señaló.

Entre esos instrumentos también mencionó el control de las cláusulas abusivas, destinado a frenar la capitalización desmedida de intereses, y la facultad de los jueces para revisar la razonabilidad de las tasas aplicadas y determinar si tienen carácter usurario.

Estas posibilidades están contempladas en el Código Civil y Comercial y en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240. Su aplicación debe realizarse, según Danuzzo, "siempre bajo el mandato constitucional de protección de los intereses económicos de los consumidores". 

El especialista remarcó que esa protección constituye un deber impuesto por la Constitución Nacional a funcionarios y magistrados del Estado argentino.

Un código nacional todavía pendiente

En el Congreso se encuentra pendiente de tratamiento el proyecto de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, una iniciativa de origen técnico y académico elaborada con la participación de especialistas, entre ellos el propio Danuzzo. 

"Si bien es un proyecto de origen técnico-académico elevado al Poder Legislativo, su avance se encuentra en las instancias de revisión en el Congreso", explicó el docente. 

La propuesta busca ordenar y unificar las normas existentes, además de incorporar mecanismos concretos para proteger a las personas frente a nuevas formas de contratación, financiación y endeudamiento.

La propuesta presentada en Corrientes

En el ámbito provincial, la Facultad de Derecho de la UNNE elaboró un anteproyecto de Código de Implementación de los Derechos del Consumidor para Corrientes. 

"A nivel provincial contamos con el proyecto de Código de Implementación de los Derechos del Consumidor, una propuesta gestada desde nuestra propia Facultad que prevé normas concretas para regular la reestructuración de deudas y proteger al deudor", destacó Danuzzo.-

Se aprobó la Ley de Reiterancia, que promete terminar con la "puerta giratoria"

La norma obliga a la Justicia a establecer la prisión preventiva ante la reiteración de detenciones. 

El oficialismo defendió el proyecto como una demanda frente a la inseguridad.

La Cámara de Diputados sesionó ayer y aprobó la modificación del Código Procesal Penal que incorpora de manera expresa la reiterancia de actividad delictiva como uno de los supuestos para disponer la prisión preventiva. 

La iniciativa modifica el artículo 289, creando un bis, del compendio normativo y establece que, cuando el autor de un delito doloso hubiera incurrido en reiteración de actividad delictiva —por la existencia actual o anterior de otro u otros procesos penales por delitos dolosos—, esa circunstancia podrá ser considerada para disponer su prisión preventiva.

El proyecto, impulsado en 2024 por el entonces diputado y hoy ministro de Gobierno, Carim Peche, tuvo varios agregados incorpora una herramienta específica frente a quienes vuelven a delinquir mientras atraviesan procesos penales.

Desde el oficialismo, la aprobación fue presentada como una respuesta a una de las principales demandas de la sociedad chaqueña y como una decisión vinculada directamente con la política de seguridad impulsada por el gobierno provincial.

El diputado Iván Gyoker sostuvo que la Legislatura tiene ahora una "posibilidad histórica" de avanzar sobre un problema que, según planteó, afecta directamente a la ciudadanía. 

"No queremos ser relatores de la realidad, quejarnos de problemas", afirmó durante el debate, al defender la necesidad de utilizar herramientas concretas para enfrentar la inseguridad.

Uno de los principales argumentos utilizados por el legislador oficialista fueron los datos sobre reincidencia o reiteración delictiva en el Gran Resistencia. 

Según expuso durante la sesión, el 85% de los delitos cometidos en el área metropolitana estaría vinculado con personas en situación de reiterancia. 

También afirmó que, en promedio, pasan 49 días entre una detención y otra en determinados casos y que aproximadamente un tercio de los delincuentes detenidos vuelve a ser aprehendido dentro de los 30 días.

Otro de los legisladores oficialistas que defendió con mayor énfasis la iniciativa fue Jorge Gómez, diputado y exfiscal. Aseguró que la reforma no afecta la constitucionalidad porque "todos los derechos tienen limitaciones por ley, no hay derecho absoluto".

Gómez marcó una diferencia central entre el régimen actualmente existente y el que se pretende aplicar con la reforma. 

Según explicó, con la modificación "el fiscal deberá aplicar la reiterancia", convirtiéndose en un imperativo para el Ministerio Público cuando se configuren las circunstancias previstas por la norma.

El legislador sostuvo además que la medida busca brindar respaldo a los fiscales para actuar. "Cuando actúan lo hacen bajo un paraguas protector", señaló, al explicar que la incorporación del supuesto de reiterancia permitirá que el funcionario judicial que solicite una detención tenga una herramienta legal específica para fundamentarla.

MEJORAR LO QUE HABÍA

Desde la oposición, el diputado Nicolás Slimel rechazó que el bloque opositor se haya opuesto a mejorar las herramientas contra la inseguridad y cuestionó la manera en que el oficialismo llevó adelante el debate. "Es mentira que la oposición estaba en contra, estaba a favor de mejorar el texto", afirmó.

Slimel sostuvo que durante las últimas semanas hubo "falsas acusaciones" contra los legisladores opositores y aseguró que en las conversaciones previas a la sesión existía voluntad de avanzar sobre una modificación concreta. 

El legislador señaló que el artículo 289 del Código Procesal Penal ya contemplaba la posibilidad de considerar la reiterancia y cuestionó que se presentara la reforma como si se tratara de una herramienta completamente inexistente. 

En la misma línea, Santiago Pérez Pons, también de la oposición, utilizó como referencia las experiencias de otras provincias. 

Mencionó el caso de Tucumán, donde la reiterancia se aplica desde 2018, y sostuvo que en provincias como Tucumán y Mendoza se produjo un incremento de la cantidad de personas privadas de su libertad sin condena firme.-

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