El gobierno de Javier Milei resolvió este jueves dar de baja las acreditaciones de más de 60 periodistas que cubren la Casa Rosada, luego de la difusión de un informe televisivo con imágenes tomadas en el interior del edificio.
La medida, de carácter preventivo, se adoptó ante una presunta violación de normas de seguridad y despertó cuestionamientos por posibles restricciones al trabajo de la prensa.
La situación se conoció en las primeras horas del día, cuando a una periodista de Radio 10 se le impidió el ingreso a Balcarce 50 sin explicaciones formales.
Poco después, entre los acreditados comenzó a circular un mensaje que advertía sobre la quita de huellas dactilares para el acceso al edificio.
"Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal. Nadie puede entrar por tiempo indefinido. Orden directa del presidente", informó el periodista Ignacio Girón a través de su cuenta en X.
Según trascendió, la decisión se vinculó con un informe emitido por la señal TN, donde se mostraban imágenes de pasillos internos de la Casa Rosada.
Aunque no se difundió información sensible, la grabación podría contradecir las normas vigentes. "No se mostró nada secreto y se había pedido autorización.
Sin embargo, la declaración jurada que firman los periodistas establece que no se puede grabar en los pasillos", explicaron acreditados.
Desde el entorno oficial dejaron trascender una versión más grave. El propio Javier Milei replicó en redes sociales una publicación del usuario Tomás Sánchez, quien aludió a una supuesta denuncia de la Casa Militar por una filmación clandestina con cámara oculta.
"Entraron a los pasillos y despachos de Balcarce 50, filmaron a escondidas entradas y salidas de funcionarios, rutinas de seguridad presidencial y todo lo que se les cruzó… sin autorización, sin credencial habilitada y burlando todos los protocolos de seguridad nacional", señaló el usuario.
"Esto no es periodismo. Esto es espionaje puro y duro disfrazado de laburo. Esto es delito contra la seguridad de la Nación (artículos 222 y 223 del Código Penal): revelación de secretos políticos con penas de 1 a 6 años de prisión. Además, violación grave de la normativa de acreditación de prensa y abuso de credenciales", agregó.
En otro tramo, el mensaje elevó el tono con descalificaciones hacia el sector periodístico y pedidos de sanciones judiciales.
La suspensión de acreditaciones generó preocupación entre los trabajadores de prensa que cubren la actividad oficial. La falta de precisiones sobre la duración de la medida y su alcance mantiene un clima de incertidumbre en un vínculo ya tensionado entre el Gobierno y los medios.-
FUENTE: www.datachaco.com
