El proyecto impulsado por el gobierno del Chaco para modificar el régimen de licencias gremiales en la administración pública provincial comenzó a generar debate político en la Legislatura.
La iniciativa propone modificar el régimen de licencias gremiales en la administración pública y eliminar el pago de salarios por parte del Estado a los dirigentes sindicales que se encuentren en uso de esas licencias.
A través de NORTE TV, el diputado provincial Nicolás Slimel cuestionó en la propuesta y consideró que se trata de una medida orientada a instalar una discusión que desplace otros temas de la agenda pública.
"Claramente lo que está buscando el gobierno es un nuevo enfrentamiento con los dirigentes sindicales ante la incapacidad que tiene de generar una convocatoria para discutir paritarias y condiciones de trabajo", afirmó.
El legislador sostuvo que la situación económica y laboral de la provincia debería ser el eje del debate político actual.
"Hay una situación grave que están atravesando los trabajadores del Estado, también nuestras pymes y distintos sectores que hoy se ven afectados por un contexto económico muy crítico y por la falta de contención del gobierno provincial", señaló.
Slimel también planteó objeciones jurídicas al proyecto oficial y advirtió que podría entrar en conflicto con la Constitución provincial.
"Nuestra Constitución tiene una fuerte defensa de los derechos laborales. Allí se garantiza la libertad sindical y también la promoción de la actividad sindical. Una medida de este tipo claramente desalienta esa actividad, por lo cual entendemos que es anticonstitucional", expresó.
En ese sentido, remarcó que en otros niveles del Estado se mantienen esquemas similares al actual. "Si uno recorre el país, los convenios colectivos del sector estatal a nivel nacional respetan la licencia gremial con goce de haberes y la gran mayoría de las provincias también promueven la actividad sindical dentro de la administración pública", indicó.
El diputado explicó además que los dirigentes sindicales cumplen un rol dentro de la estructura laboral del propio Estado. "Quien representa a los trabajadores no tiene ninguna incongruencia con su función pública.
Al contrario, es quien defiende los salarios, las condiciones laborales y también las condiciones edilicias de los organismos para mejorar el servicio", sostuvo.
Otro de los puntos que cuestionó fue el argumento económico del oficialismo, que sostiene que la medida permitiría ahorrar alrededor de 200 millones de pesos mensuales al Estado provincial.
"Creo que el gobierno podría ahorrarse mucho más si corta los viáticos de los funcionarios. Seguramente ahí encontrarían cifras superiores a esos 200 millones", afirmó.
En ese marco, el legislador aseguró que el bloque opositor intentará frenar la iniciativa en su etapa legislativa. El proyecto deberá tomar estado parlamentario y ser analizado inicialmente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
"Cuando el proyecto llegue a la comisión vamos a proponer que vaya al archivo. No tiene sentido discutir algo que no resuelve los problemas reales que hoy tiene el pueblo del Chaco", concluyó Slimel.
De cara al tratamiento legislativo, el proyecto promete abrir un fuerte debate político y sindical en la provincia con el eje puesto entre quienes sostienen la necesidad de reducir gastos del Estado y quienes advierten que la medida podría afectar derechos vinculados a la representación gremial.-
FUENTE: www.diarionorte.com
