También señaló diferencias entre los 110 puestos directos e indirectos invocados inicialmente y las 29 personas o equipos incluidos en el plan definitivo.
La Justicia Federal rechazó la propuesta de continuar la explotación de tres establecimientos vinculados con la causa Exen mediante un “Fideicomiso de Administración y Explotación Transitoria”.
La resolución, fechada el 15 de septiembre de 2026, mantuvo las medidas cautelares sobre los bienes involucrados y dispuso asegurar su custodia y conservación.
La decisión fue dictada por el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, en el incidente FRE 2904/2026/6, promovido por personas que manifestaron haber perdido su fuente de ingresos como consecuencia de la interrupción de la actividad comercial.
Según la documentación judicial a la que accedió Infoqom, el proyecto contemplaba el funcionamiento de las sedes Illia, Santiago del Estero y Las Heras, inicialmente durante un año.
Para ello proponía una estructura con patrimonio separado, cuentas bancarias, organización fiscal y contable propia, administración operativa y rendiciones periódicas ante el juzgado.
El contraste entre los puestos invocados y la realidad
Uno de los puntos destacados por el tribunal fue la diferencia entre la afectación laboral expuesta al comenzar el incidente y la información incorporada posteriormente.
En la presentación inicial se sostuvo que la cadena proporcionaba aproximadamente 80 puestos de empleo directo y otros 30 indirectos.
Sin embargo, el esquema definitivo quedó integrado por 29 personas o equipos, con remuneraciones y honorarios proyectados por $32.791.000 mensuales.
Además, según la resolución, la propia documentación identificó expresamente a seis personas bajo relación de dependencia, para quienes se calcularon cargas sociales por $1.380.000 mensuales.
El juzgado aclaró que esos datos no permiten determinar la verdadera naturaleza jurídica de las restantes vinculaciones. Su evaluación se limitó a señalar que la dimensión colectiva inicialmente invocada no había sido corroborada en la extensión planteada.
La documentación acompañada por los presentantes incluye declaraciones juradas sobre tareas, horarios y modalidades de contratación, además de facturas y recibos.
Su incorporación al expediente, aclaró el tribunal, no supone reconocer judicialmente las relaciones laborales o profesionales ni los créditos que pudieran derivarse de ellas.
Una estructura con egresos superiores a $56 millones mensuales
El tribunal también examinó la magnitud económica y administrativa de la propuesta.
Según los cálculos recogidos en la resolución, los egresos conocidos, incluidas las deducciones variables proyectadas, alcanzaban aproximadamente $56.006.149 mensuales, sin contemplar todavía algunos conceptos pendientes de cuantificación.
La iniciativa requería organizar personal y prestadores, gestionar cobranzas, operar cuentas bancarias, contratar seguros, afrontar alquileres y servicios, atender obligaciones fiscales y controlar ingresos y gastos.
Para el juzgado, esa intervención excedía la conservación de los bienes sujetos al proceso y suponía involucrarse en la organización y supervisión de una actividad empresarial privada.
Las objeciones al fideicomiso y a la administración propuesta
La resolución advirtió que el fideicomiso introduciría un patrimonio separado y nuevas relaciones jurídicas respecto de activos cuya identificación, trazabilidad y disponibilidad deben preservarse durante la investigación.
Entre las sociedades propuestas como fiduciantes —las que aportarían bienes o derechos— mencionó a Exengym S.R.L., Rana S.R.L., Exen Academy S.A.S. y Pampafitness S.A.S., alcanzadas por la investigación en los términos del artículo 304 del Código Penal.
El tribunal aclaró que esa situación no implica anticipar una conclusión sobre su responsabilidad.
También formuló reparos a que Juan Martín Castillo Cassiet conservara la administración operativa, incluso en la alternativa de designar un fiduciario independiente.
Consideró que su vinculación previa con los circuitos administrativos y financieros investigados no ofrecía la independencia necesaria para administrar activos cautelados. Aclaró expresamente que no estaba efectuando una valoración de su conducta personal.
El Ministerio Público Fiscal se había pronunciado por el rechazo de la petición, con objeciones sobre la estructura fiduciaria, la situación procesal de las sociedades y la administración propuesta.
Los derechos de los trabajadores siguen abiertos
La decisión rechazó el mecanismo presentado para continuar la explotación, pero dejó a salvo el ejercicio de los derechos laborales, profesionales o patrimoniales ante las autoridades competentes.
El juzgado sostuvo que considerar las consecuencias sociales de las medidas judiciales no lo convierte en empleador ni en garante de salarios, honorarios o de la continuidad comercial.
La resolución corresponde a este pedido cautelar: no constituye una sentencia sobre la responsabilidad penal de las personas o sociedades investigadas.-
FUENTE: https://infoqom.com.ar/
