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jueves, 9 de abril de 2026

La oposición propone que la salud mental sea política de Estado en las escuelas chaqueñas

El proyecto de Santiago Pérez Pons y otros legisladores del interbloque Frente Chaqueño impulsa un abordaje integral en todos los niveles obligatorios, con capacitación, equipos interdisciplinarios, enfoque territorial y acciones específicas para prevenir el suicidio adolescente.

La oposición presentó un completo proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Salud Mental Escolar, una iniciativa que apunta a instalar el abordaje de la salud mental como una política pública estructural dentro del sistema educativo chaqueño.

El eje central de la propuesta legislativa es fortalecer el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, promoviendo su bienestar emocional, la inclusión y la construcción de vínculos saludables, en un contexto donde las problemáticas de salud mental muestran un crecimiento sostenido.

El programa tendrá una implementación gradual y progresiva, con un plan de acción que deberá definirse en un plazo de 60 días tras su aprobación, y contempla la adecuación de partidas presupuestarias para garantizar su puesta en marcha. 

"Con esta iniciativa, buscamos dar respuesta a una problemática creciente y colocar a la salud mental en el centro de las políticas educativas, con una mirada integral, preventiva y adaptada a la realidad social del Chaco" , destacó Pérez Pons.

En sus fundamentos, la iniciativa remarca que la salud mental "es un derecho fundamental y un componente esencial del desarrollo personal, comunitario y socioeconómico" , y advierte sobre el alto nivel de desconocimiento en la formación docente, así como la necesidad urgente de generar herramientas concretas de prevención y abordaje.

La propuesta establece la implementación del programa en todos los niveles obligatorios —desde el segundo ciclo del primario hasta el secundario— tanto en instituciones públicas como privadas, bajo la órbita del Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio de Salud.

Uno de los pilares es la capacitación obligatoria de docentes y estudiantes, mediante talleres mensuales de carácter teórico-práctico que estarán a cargo de profesionales especializados como psicólogos, psiquiatras, médicos y psicopedagogos. 

A su vez, "cada institución contará con técnicos especializados que acompañarán la implementación de los contenidos".

Contenidos diferenciados

El proyecto también define contenidos diferenciados según las edades. En primaria, el enfoque estará puesto en el desarrollo de la autoestima, la expresión de emociones y la convivencia entre pares.

En los primeros años del secundario, se abordarán los trastornos mentales, sus causas y las redes de asistencia disponibles. 

Mientras que en los cursos superiores " se trabajará en herramientas de intervención, acompañamiento y derivación hacia profesionales", sostuvo Pérez Pons.

Otro aspecto clave es la creación de mesas de bienestar escolar en cada institución secundaria, integradas por estudiantes referentes, con el objetivo de fomentar la participación juvenil, detectar problemáticas y promover acciones vinculadas al bienestar socioemocional.
Articulación institucional

En paralelo, se propone una fuerte articulación institucional mediante mesas de trabajo entre los ministerios de Educación y Salud, así como instancias comunales con participación de defensorías, equipos escolares y autoridades locales, para garantizar un abordaje integral ante situaciones de vulneración de derechos.

El proyecto incorpora además un enfoque territorial y de diversidad sociocultural, contemplando estrategias específicas para zonas rurales, periurbanas y comunidades indígenas. 

En este sentido, se prevé el desarrollo de dispositivos itinerantes, modalidades virtuales y la formación de recursos humanos locales, con el objetivo de asegurar el acceso equitativo en todo el territorio provincial.

Prevención, atención y posvención

Uno de los capítulos más relevantes está orientado a la prevención del suicidio adolescente, con acciones específicas de prevención, atención y posvención. 

Entre ellas se incluyen programas de formación docente, guías para la detección temprana de señales de riesgo, espacios de debate institucional y acompañamiento a estudiantes, familias y docentes afectados por estas situaciones.

Asimismo, la iniciativa contempla campañas masivas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, adaptadas a las lenguas oficiales de la provincia —Qom, Moqoit y Wichi—, además de lenguaje de señas y sistema Braille. 

También se prevé la colocación de señalética con líneas de asistencia en lugares visibles dentro de las escuelas.

En materia tecnológica, el proyecto impulsa el desarrollo de una aplicación móvil de Salud Mental Escolar, destinada a brindar información, orientación y herramientas para el cuidado emocional, el uso responsable de las redes sociales y la prevención de situaciones de riesgo. 

Finalmente, la propuesta establece la confidencialidad de los datos y el resguardo de la intimidad de los estudiantes, así como el cumplimiento del secreto profesional por parte de los equipos intervinientes.-

Dumrauf defendió la reforma de la oficina de violencia laboral y apuntó contra la oposición: “Viven en Narnia”

El concejal radical negó que se busque eliminar la temática y propuso reemplazar el área por un organismo externo. 

También cuestionó el proyecto opositor por su costo y falta de debate en comisión.

En medio de la controversia por la posible reformulación de la oficina de violencia laboral del municipio de Resistencia, el concejal radical Javier Dumrauf defendió su iniciativa y aseguró que el problema “no es la temática, sino el sistema”.

En declaraciones a CIUDAD TV, el edil rechazó las críticas de la oposición, que interpretó la propuesta como un intento de cerrar un área clave para la defensa de los trabajadores. 

“Nosotros no planteamos eliminar la problemática, sino cambiar un esquema que no funcionó y que incluso terminó revictimizando a quienes denunciaban”, sostuvo.

Dumrauf cuestionó el funcionamiento de la oficina durante los últimos años y afirmó que no logró resolver casos ni garantizar el debido proceso. 

Según explicó, los expedientes debían duplicarse en el área de sumarios, lo que obligaba a las personas a repetir sus denuncias en distintas dependencias. “Eso genera revictimización y tampoco asegura imparcialidad”, señaló.

Propuesta: control externo y mayor imparcialidad

Como alternativa, el concejal propuso avanzar en un sistema con intervención de un organismo externo, mediante convenios con otras instituciones. 

Recordó que anteriormente existía un acuerdo con la Legislatura provincial que, según indicó, “funcionaba mejor y garantizaba mayor objetividad en los procedimientos”.

“Es lógico que empleados municipales no controlen a otros empleados municipales. Se necesita independencia para que el proceso sea justo”, argumentó.

Críticas al proyecto opositor

Dumrauf también apuntó contra una iniciativa presentada por concejalas opositoras, que propone crear un ente autárquico con un presupuesto específico. 

Según detalló, implicaría destinar el 0,3% del presupuesto municipal, lo que equivaldría a unos 600 millones de pesos anuales.

“Hoy el municipio no está en condiciones de afrontar ese gasto. Además, quienes lo proponen formaron parte de la gestión anterior y nunca lo implementaron”, cuestionó. En ese marco, lanzó una fuerte crítica política: “Viven en Narnia”, al referirse a la falta de realismo —según su visión— de las propuestas opositoras.

En ese sentido, también cuestionó la falta de participación en las comisiones legislativas: “Plantean discusiones en los medios, pero no van a los espacios donde se deben debatir los proyectos”.

Otros proyectos: denuncias vecinales y tránsito

Por otra parte, el edil se refirió a una iniciativa para fomentar la participación ciudadana mediante la denuncia de infracciones a través de fotos o videos. Explicó que estas pruebas funcionarían como “indicios” y no como sanciones automáticas, a fin de respetar el derecho de defensa.

“Queremos darle un marco legal a algo que ya ocurre en redes sociales, pero garantizando el debido proceso”, explicó.

En ese contexto, se mostró crítico del sistema de fotomultas sin intervención humana, al considerar que puede vulnerar garantías constitucionales si no permite una adecuada defensa del presunto infractor.

Debate abierto

Finalmente, Dumrauf insistió en que el debate sobre la oficina de violencia laboral continuará en el Concejo y remarcó que el objetivo es mejorar el sistema actual.

“No escondemos el problema. Lo que decimos es que así como está, no le sirvió a ningún empleado municipal. Es momento de corregirlo”, concluyó.-

Córdoba prohíbe a los "trapitos" y Resistencia sigue sin regulación

La nueva ley cordobesa fija límites estrictos a los cuidacoches, mientras en la capital chaqueña el fenómeno crece sin una normativa concreta y con fuerte malestar social.

La problemática de los "trapitos" vuelve a poner en contraste dos realidades distintas en el país: mientras Córdoba es noticia por dar un paso firme con una legislación específica que prohíbe y sanciona la actividad ilegal, de los ciudacoches, en Resistencia la situación continúa en una zona gris, con reclamos crecientes de vecinos y sin una normativa concreta que ordene el fenómeno.

La Legislatura cordobesa aprobó recientemente una reforma al Código de Convivencia que convierte a la provincia en pionera en el abordaje legal del tema. 

La nueva normativa prohíbe la actividad de los denominados "naranjitas" que no cuenten con autorización municipal y también sanciona a los limpiavidrios en la vía pública. 

Las penas contemplan hasta seis días de arresto, además de multas o trabajos comunitarios. Incluso los cuidacoches habilitados podrán ser sancionados si incumplen las condiciones establecidas, como cobrar tarifas indebidas o trabajar fuera de las zonas permitidas.

El enfoque cordobés no solo apunta a la sanción, sino también a la regulación integral. La ley establece un plazo de 30 días para que los municipios adapten sus ordenanzas y promueve la creación de registros oficiales de trabajadores habilitados. 

Además, incluye programas de capacitación, inclusión laboral y asistencia social para quienes actualmente desarrollan estas actividades de manera informal , incorporando también una mirada vinculada a salud mental y consumos problemáticos.

En contraste, en Resistencia el escenario es muy diferente.

Si bien el Concejo Municipal aprobó en diciembre de 2024 una resolución para que el Ejecutivo intervenga y regule la actividad de los "trapitos", hasta el momento no se avanzó en una normativa concreta que establezca límites claros o sanciones. 

La medida surgió a partir de reiteradas denuncias de vecinos y conductores por cobros ilegales, amenazas y situaciones de violencia en la vía pública.

Según los reclamos, la actividad dejó de ser voluntaria y pasó a convertirse en una práctica casi obligatoria. 

Muchos automovilistas aseguran que pagan apenas estacionan para evitar posibles daños en sus vehículos, como rayones o roturas, lo que se suma al costo del estacionamiento medido. Esta doble carga económica genera malestar, especialmente en zonas céntricas y de alta circulación.

La falta de regulación efectiva mantiene el problema en un terreno ambiguo, donde conviven la informalidad laboral, la ausencia de controles y el temor de los ciudadanos. 

Comerciantes y vecinos advierten que la situación no solo afecta la convivencia urbana, sino que también impacta en la seguridad y en la actividad económica diaria.

Mientras Córdoba avanza con un modelo que combina sanción, control e inclusión social, en Resistencia el debate sigue abierto y sin definiciones concretas. 

La comparación deja en evidencia la necesidad de políticas públicas claras que permitan ordenar una problemática que, lejos de disminuir, se vuelve cada vez más visible en las calles.-

Tito López cargó contra la prensa en la segunda jornada del juicio en su contra: ¿Qué dijo?

El dirigente piquetero habló brevemente frente a los medios de comunicación, a quienes acusó de mentirosos. 

"Nunca le robamos un centavo a nadie", aseguró.

Este jueves se vive la segunda jornada del juicio oral contra Ramón Alberto "Tito" López y su familia, en una causa que los investiga por integrar una organización dedicada al lavado de dinero, incluyendo fraude a la administración pública y asociación ilícita.

En ese contexto, López mantuvo un breve pero tenso encuentro con la prensa, y ante la pregunta de cómo se encontraba recibiendo la audiencia expresó: 

"Ahora que llegó el juicio estoy mejor, porque se va a saber la verdad de tantas mentiras que dijeron todos ustedes. Nosotros nunca le robamos un centavo a nadie".

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias. Intervienen el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera como querellante.

En otro tramo de la rueda de prensa, López cargó contra exfuncionarios del gobierno de Jorge Capitanich: "Fíjense quienes están en este juicio. 

Solamente mi familia, no están los empresarios ni ninguno del gobierno anterior". En ese contexto, mencionó a Marta Soneira y a Raúl John Paris, quienes forman parte de la causa.

Además, el exdirigente piquetero aseguró que no presentará testigos para declarar: "No hace falta ningún testigo porque los papeles van a hablar. Voy a salir libre de culpa y cargo por que no tienen ni una sola prueba".

La investigación tiene como principal imputado a López, detenido el 11 de septiembre de 2024 en la capital chaqueña, en un operativo que marcó un giro en la causa. 

Para la fiscalía, el dirigente social lideró durante más de diez años una estructura familiar orientada a desviar fondos públicos y transformarlos en bienes de alto valor, incompatibles con sus ingresos declarados.

También están imputados su esposa Librada Romero; sus hijos David, Walter y Daniel; y su nuera Débora Acosta.

De acuerdo al expediente, entre 2011 y 2023 el grupo accedió a unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales mediante adjudicaciones irregulares gestionadas ante el Instituto de Colonización. 

Esos terrenos, destinados a fines productivos y sociales, habrían sido utilizados en negocios inmobiliarios a través de fideicomisos, contratos de leasing y ventas a terceros, pese a las restricciones legales que impiden su enajenación durante diez años.

La acusación sostiene que el entramado incluyó fundaciones y otras estructuras legales para canalizar las operaciones, con la intervención de escribanos y funcionarios públicos. Como resultado, se habría conformado un patrimonio que abarca campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, ganado y divisas.

Antes del inicio del debate, la defensa intentó frenar la causa al invocar la Ley de Blanqueo 27.743, con el argumento de que los bienes podían regularizarse bajo ese régimen. 

El planteo fue rechazado por el fiscal federal Patricio Sabadini y por el juez Ricardo Mianovich, quienes consideraron que el delito de lavado de activos queda fuera de ese marco por tratarse de una afectación al orden económico y financiero. Esa decisión permitió avanzar hacia el juicio oral sin nuevas dilaciones.-

miércoles, 8 de abril de 2026

Amenaza de tiroteo en la Normal Sarmiento: refuerzan la seguridad y activan protocolo preventivo

Un fuerte operativo policial se desplegó este miércoles por la mañana en el Colegio de Educación Secundaria N° 87 "Normal Sarmiento", sita en Donovan 425, tras la viralización de mensajes en redes sociales que advertían sobre un posible tiroteo dentro de la institución.

La seguridad en el Colegio de Educación Secundaria N° 87 "Normal Sarmiento" fue reforzada este miércoles por la mañana, luego de que se viralizaran amenazas en distintos grupos de WhatsApp que encendieron la preocupación en la comunidad educativa.

El establecimiento, ubicado en la intersección de Donovan y Santiago del Estero, cuenta desde primeras horas del día con una mayor presencia policial. 

Efectivos de la Comisaría Segunda intensificaron los recorridos y el emplazamiento en la zona como medida preventiva.

Según informaron fuentes policiales, los agentes se entrevistaron con la directora de la institución, quien confirmó la circulación de mensajes en los que personas manifestaban supuestas intenciones de utilizar armas contra un grupo de alumnos.

Ante este escenario, se dispuso un operativo de seguridad reforzado para resguardar a estudiantes, docentes y personal del colegio. 

Además, tomó intervención personal de unidades especiales de investigación, que ya trabaja para identificar a los presuntos autores de las amenazas.

Desde la Policía del Chaco señalaron que se trata de una acción preventiva mientras avanza la pesquisa para determinar el origen de los mensajes intimidatorios y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

El caso genera preocupación entre familias y autoridades, en un contexto donde las amenazas difundidas a través de redes sociales requieren respuestas rápidas para evitar situaciones de riesgo.-

La familia Capitanich, gente de pueblo que no escapa a la crisis: tiene 180 cheques rechazados por $ 2.829.942.961

Un relevamiento basado en datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central revela una crítica situación financiera para la firma Capitanich Agropecuaria SAS, que integran familiares del exgobernador chaqueño.

La crisis económica y la creciente morosidad en el sistema bancario argentino no hacen distinciones y alcanzan hasta a las familias de alto perfil político que, históricamente, han reivindicado la austeridad como bandera de vida. 

Un reciente trabajo de campo realizado por Alerta Urbana, mediante la consulta directa a la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sacó a la luz la delicada situación que atraviesa la empresa Capitanich Agropecuaria SAS. 

Según el informe oficial, la firma cuyo capital accionario la integran Héctor Leonardo Capitanich, hermano del exgobernador de Chaco y actual senador nacional presenta una deuda acumulada por cheques rechazados que asciende a la cifra de 2.829 millones de pesos, distribuidos en un total de 180 documentos sin fondos. También son parte de esta firma Gisella Johana Capitanich, Iván Alejandro Capitanich.

Esta revelación genera un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente al contrastarse con las declaraciones sostenidas por el dirigente durante sus doce años al frente del Poder Ejecutivo provincial y sus cuatro años como intendente de Resistencia.

En reiteradas oportunidades, el actual legislador enfatizó que su paso por la función pública estuvo marcado por la falta de patrimonio personal, llegando a declarar que no posee bienes de lujo, automóviles ni vivienda propia.

La situación de la empresa agropecuaria refleja un fenómeno de mora récord que afecta a diversos sectores productivos, pero adquiere una dimensión política particular.

Si una estructura empresarial con familiares de un hombre con vasta experiencia en la administración del Estado presenta estos inconvenientes sistémicos en el cumplimiento de sus obligaciones bancarias, el panorama resulta aún más desalentador para el ciudadano común y el empleado público que lucha por cubrir sus necesidades básicas. 

La crisis, que no distingue jerarquías, parece haber golpeado con dureza los activos del exmandatario, dejando una huella contable que hoy queda expuesta en los registros oficiales del organismo rector del sistema financiero.-

martes, 7 de abril de 2026

Trump aceptó un alto al fuego con Irán y logró reabrir el Estrecho de Ormuz

El régimen iraní cedió tras la presión militar, aceptó las condiciones de Washington y anunció la paz.

En un giro decisivo en el conflicto en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes una tregua bilateral con Irán por dos semanas, luego de que el régimen iraní cediera ante la presión de Washington y aceptara sus condiciones. 

El punto central del acuerdo fue la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, una exigencia que Teherán había rechazado hasta último momento.

El anuncio marca un cambio claro en la dinámica del conflicto: tras días de amenazas, escalada militar y advertencias directas de Trump, Irán terminó cediendo ante la presión de la superioridad estadounidense. 

La reapertura del estrecho —por donde circula cerca de una cuarta parte del petróleo mundial— era una línea roja para Estados Unidos, que había fijado un ultimátum concreto con plazo definido.

Horas antes del acuerdo, la tensión había alcanzado niveles extremos. Trump llegó a advertir que una civilización entera podría desaparecer si Irán no cumplía con las exigencias. 

En paralelo, el régimen iraní había endurecido su postura, incluso cortando canales de comunicación y recurriendo a acciones desesperadas, como la utilización de civiles como escudos humanos en zonas estratégicas, una práctica considerada un crimen de guerra.

Sin embargo, el escenario cambió abruptamente. Según el propio Trump, tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe militar Asim Munir, Irán presentó una propuesta de 10 puntos que fue considerada una base viable para avanzar hacia un acuerdo definitivo. En ese marco, Estados Unidos decidió suspender los ataques durante dos semanas.

El mandatario estadounidense fue claro al señalar que los objetivos militares ya fueron cumplidos y que las negociaciones están muy avanzadas. 

En los hechos, la tregua representa una victoria estratégica para Washington, que logró forzar concesiones concretas sin prolongar el conflicto.

La apertura del estrecho de Ormuz no solo descomprime la situación militar, sino que también reduce el riesgo de un impacto global en los precios de la energía. 

Durante los últimos días, el temor a un bloqueo había generado incertidumbre en los mercados internacionales.

Ahora, el foco está puesto en si este acuerdo temporal se convierte en una solución definitiva. Por lo pronto, el dato político es contundente: tras un intento de resistencia que duró muy poco, el derrotado régimen iraní terminó aceptando las condiciones impuestas por Estados Unidos y abrió la puerta a una negociación de paz.-

El dólar oficial cayó y permaneció por debajo de los $1400

La distancia con el techo de la banda cambiaria es del 19,7%.

El dólar mayorista avanzó $0,5 a $1.392,5 este martes, tras caer en la última jornada, y la distancia con el techo de la banda cambiaria es del 19,7% .

En cuanto al sector minorista, el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA) fue de $1.418,87 para la venta. El billete se mantuvo a $1.415 para la venta en Banco Nación (BNA).

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP opera a $1.429,40, mientras que el dólar Contado Con Liquidación (CCL) escala 0,4% a $1.429,4. En el mercado informal, el dólar blue continúa a $1.400 para la venta.

En un contexto internacional inestable, el mercado cambiario local volvió a mostrar una relativa estabilidad y ya cotiza en mínimos de la era Macri, según un informe de Salvador Vitelli (Romano Group). Así, el dólar oficial cerró sin cambios a $1.415 en los bancos.-

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