La Justicia confirmó que las autoridades de la Uncaus, se apropiaron de fondos públicos desde el 2010 al 2016.
De acuerdo a lo confirmado por la Cámara de Apelaciones, las autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) armaron una estructura “administrativa y académica” con el objetivo de desviar fondos públicos que pertenecen a la universidad “en beneficio propio”.
Es decir, se organizaron en torno a la universidad para apropiarse del dinero destinados a los programas y las partidas presupuestarias que esa casa de estudios recibe por parte del Estado Nacional. Y lo hicieron desde 2010 a junio de 2016, según lo verificado.
De esta manera, la Cámara avaló el procesamiento que un juez de primera instancia había dictado el año pasado al rector de la Uncaus Omar Judis, al resto de la conducción de la universidad y al único beneficiario de las obras en esa casa de estudios.
La Justicia además suspendió los últimos comicios en esa universidad, al considerar que no existe una vida democrática que garantice elecciones libres y dentro de la ley. Así, a la Uncaus la dirige hoy un órgano con integrantes procesados y con el mandato vencido.
Por su parte, el gremio de docentes universitarios Conadu denuncia “autoritarismo”, “persecución” y “amenazas” por parte de las autoridades hacia los dirigentes gremiales. Un informe de la SIGEN, en tanto, verificó la irregularidad en la designación de los docentes.
“Hay falta de rendiciones de diferentes montos: de 16 millones, de 7 millones, entre otros. Al no rendirse, se desconoce el destino de ese dinero.
Sólo se pueden mencionar con certeza los 36.874.286 millones que el rector transfirió a la fundación del hijo”, explican fuentes que conocen la causa.
Omar Judis, el rector, llegó de la mano del dirigente Jorge Capitanich al que luego acompañó en el gobierno nacional cuando éste fue jefe de Gabinete.
En un breve intercambio de mensajes de WhatsApp este martes Judis le dijo a Clarín que son “solo persecuciones políticas las que recibimos”, y que la Uncaus es “un modelo universitario” con “el más bajo presupuesto por alumno”.
Pero la situación genera preocupación en todo el conjunto del sistema universitario. En el fallo que determina el procesamiento de las autoridades de la Uncaus, el juez federal Aldo Alurralde había pedido al Congreso Nacional –y a otros organismos públicos- que evalúen la posibilidad de intervenir la universidad, en el marco de la ley de educación superior que lo habilita para ocasiones muy puntuales y muy graves.
El último que intervino una universidad nacional en democracia fue Hipólito Yrigoyen en 1918, en medio del proceso por la Reforma Universitaria.
La situación está cada vez más trabada y, por eso, la semana pasada los diputados tomaron el guante que les envío el juez y crearon una comisión de seguimiento de la situación de la Uncaus.
La comisión está formada por un miembro de cada bloque, entre ellos Martín Lousteau (Evolución), Daniel Arroyo (FR), José Luis Riccardo (UCR) y María Masín (FpV).
“La situación es de una gravedad que no puede ser desconocida. La autonomía no puede ser una excusa para cometer delitos. Vamos a revisar la situación y elaborar un plan de contingencia”, le dijo a Clarín José Luis Riccardo.
Si bien por ley el Congreso puede intervenir una universidad, el diputado afirma que por ahora no lo harán, sino que buscarán agotar antes todas las distintas alternativas posibles para solucionar el problema.-
FUENTE: www.clarin.com
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