Es en el marco de la causa donde se encuentra imputada la intendenta de la localidad, Liliana Pascua, acusada de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de dinero y evasión agravada por la conformación de facturas apócrifas.
Todo esto en el contexto de la ejecución y entrega presuntamente irregular de viviendas sociales en su localidad.
Gendarmería Nacional allanó este lunes el edificio de la municipalidad de Enrique Urien. Fue por orden del juez Federal de Sáenz Peña, Fernando Carbajal, tras una solicitud del fiscal, Carlos Amad.
El operativo se realizó en el marco de la causa donde se investiga la ejecución y entrega presuntamente irregular de viviendas sociales en esa localidad, la cual tiene como principal acusada a la intendenta, Liliana Pascua.
Según informó el fiscal Amad, el operativo comenzó a las 9. El mismo está destinado a la recolección de las facturas apócrifas que fueron denunciadas en la causa.
La intendenta Pascua quedó imputada por la fiscalía Federal de Sáenz Peña por los delitos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de dinero y evasión agravada por la conformación de facturas apócrifas. La jefa comunal fue citada a indagatoria para el 14 de abril.
Amad había presentado la ampliación del requerimiento de instrucción judicial contra Pascua por dar presuntamente un uso espurio a dinero para viviendas destinadas a la comunidad qom, las cuales fueron entregadas en gran parte a sus familiares, allegados e incluso ella misma.
Además, se la acusa de participar en la falsificación de facturas que luego ingresaban al municipio en concepto de gastos, de compras de materiales de construcción por parte del municipio que nunca ingresaron a la comuna y que ni siquiera fueron abonados a las empresas, como así también por el anómalo crecimiento patrimonial que tuvo en los últimos años.
Cabe recordar que el Juzgado Federal declaró su incompetencia parcial, al considerar que la imputada habría atentado contra la renta provincial y no contra intereses federales, por lo que consideró que esos delitos precedentes deberían remitirse al fuero ordinario. Dicha incompetencia fue apelada por la fiscalía.
Marcelo Chávez, abogado de la intendenta, aseguró que Pascua no intervino en el proceso de decisión respecto de dónde se iban a construir las viviendas.
Sostuvo además que tampoco es un delito que los familiares y allegados a la jefa comunal reciban una casa teniendo en cuenta que “vivían en viviendas precarias y también tienen derechos”. Además, aclaró que la evolución patrimonial de Pascua se condice con sus ingresos y con el patrimonio que detenta tras su divorcio.
FUENTE: https://porticonoticias.com/
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