“Dentro del marco de esta terrible pandemia que estamos viviendo y que nos sigue obligado a los ciudadanos a seguir estrictamente la aplicación de los protocolos sanitarios mediante aislamiento y distanciamiento social obligatorio.
Los piqueteros, denominados Movimiento Sociales, han vuelto sin ningún tipo de impedimento a cortar calles y a la usurpación de terrenos, activando a full el negocio del chantaje para lograr prebendas políticas por parte del Estado provincial.
Esta nefasta metodología se puso nuevamente en práctica para continuar perjudicando a todos los ciudadanos.
Nos seguimos destacando por ser la capital regional de los piqueteros”, expresó el diputado provincial Roy Nikisch en contacto con la prensa.
“En nuestra provincia, principalmente en Resistencia, el piqueterismo se ha instalado como una práctica perdurable y arraigada, con sus consecuentes costos
económicos y sociales que paga el contribuyente con su trabajo. Se observa una alianza tácita entre el Gobierno y los piqueteros con acuerdos políticos surgidos en cada campaña proselitista“.
“Evidentemente existe una permisividad estatal porque no hay ninguna perspectiva de serio abordaje para solucionar este perjuicio a la sociedad, ya que no se cumplan los protocolos de procedimientos ya previstos en la Ley 2399-J para resolver los cortes estratégicos de la vía pública programados por los piqueteros, que causan serio problema en el transito, en la gente que viene a realizar sus gestiones en el centro y en los comerciantes”.
“El Estado provincial se mantiene ausente para resolver esta cuestión, como así también el Ejecutivo municipal, cuyo titular desde que era presidente del Concejo Municipal y luego candidato a intendente prometió públicamente solucionar esta situación en seis meses”.
“Lo he dicho en varias oportunidades y lo reitero: Los Movimientos Sociales están en todo su derecho de reclamar lo que crean conveniente, pero deben hacerlo respetando el derecho de las demás personas.
Son prácticamente un ejército rentado que vive cercando la ciudad sin respeto por los demás ciudadanos.
Este negocio del chantaje, movilizando gente para realizar escraches, cortes de rutas, puentes, calles, tomar comisarías, etc. cuando no se conforman con los fondos que le otorga el Gobierno debe terminar”.
“Basta de avasallar el derecho de toda la ciudadanía, que al fin de cuenta es quien los mantiene con sus impuestos. Las herramientas legales para actuar están vigentes.
El Ejecutivo debe hacerse cargo y aplicarlas para terminar con estos atropellos”, concluyó.-
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