Así lo aseguró Jorge Canteros, que brindó detalles de la situación luego de las violentas manifestaciones de la semana pasada.
Se hizo una cámara Gesell en el marco de la investigación del femicidio de J.R., principal reclamo.
El pasado miércoles comenzó un reclamo de la comunidad wichí en las afueras del Juzgado de Paz de El Sauzalito que terminó con disturbios de consideración.
Los manifestantes, que tenían como principal demanda el pedido de avances en la investigación por el femicidio de J.R., bloquearon la entrada del lugar prendiendo una fogata en la puerta del edificio judicial, por lo que la jueza Sandra Pérez y colaboradores no pudieron salir hasta las 2:30 de la mañana del jueves.
La magistrada recién pudo salir luego de firmar un acta en blanco, según ella misma contó.
Luego el Ejecutivo emitió un comunicado en el que aseguró que "no hubo bloqueo de ingreso o egreso", desmintiendo así a la jueza Pérez. Ella respondió "estoy indignada con que traten de minimizar la cuestión".
Ante el cruce de consideraciones, el procurador General de la Provincia, Jorge Canteros, convocó a una conferencia de prensa para dar detalles de lo sucedido y comentar la actualidad de la situación en el norte provincial.
Canteros, que estuvo el jueves en el lugar de los hechos, inició su relato comentando que que "un grupo de la comunidad wichí comenzó a manifestarse desde el día lunes 11. Primero a una considerable distancia, a unos 30 o 40 metros. La mayoría eran mujeres.
Fundamentalmente el reclamo apuntaba a la causa conocida como J.R. que es el femicidio de una menor por la cual hay una persona privada de su libertad".
Sobre ese caso, Canteros afirmó que "la procuración general asignó como co ayudante al fiscal Fabricio Calvo, que fiscal de Cámara de Castelli, que está colaborando con el fiscal de la causa Francisco Morales Bordón, que es el fiscal de Investigación de Misión Nueva Pompeya".
Agregó que "el reclamo puntual era porque había corrido un comentario que el principal imputado estaba próximo a ser liberado por orden de una juez de Garantías, lo que no ocurría, fue absolutamente desmentido".
En ese sentido, dio una "primicia" sobre el avance de la investigación por el femicidio de la adolescente de 16 años. Manifestó que "ese mismo día mientras este grupo de personas se manifestaba frente al lugar, Fabricio Calvo en Castelli estaba haciendo una Cámara Gesell, que es cuando un menor o una menor declara ante el fiscal de Investigación con la presencia de la madre, de la asesora de Menores, cumpliendo con los protocolos que exige nuestro ordenamiento procesal y todas las leyes".
Según el jefe de los fiscales, "de esa declaración podrían surgir más implicados en la causa y eso está analizando en este momento Marcelo Sosa, que es el fiscal multifueros de Nueva Pompeya que hoy está a cargo de la causa porque el dr Francisco Morales Bordón está de licencia".
Luego de esas novedades, sí se refirió directamente a los hechos suscitados en inmediaciones del Juzgado de Paz de El Sauzalito y pidió aclarar tres cuestiones.
En primer término hizo referencia a que "le dije a uno de los medios que la jueza Sandra Pérez no habría sufrido ninguna agresión física, no porque no haya habido un intento de agredirla sino porque hubo un cachetazo en el aire y el jefe de la Comisaría, el comisario Octavio Molina, abrazó a la juez, la cubrió, se interpuso entre la agresora y la juez y por eso no pudo cumplir su objetivo".
Luego señaló que "lo segundo que dije es que el Juzgado no habría sufrido daños porque yo estuve de manera presencial, no me lo contaron, estuve ahí y saqué fotos de todo el frente y todo el costado del Juzgado y no hay rejas rotas, ni quemaduras".
Por último explicó que "respecto de la imposibilidad de la jueza Pérez, del secretario y de la otra persona que estuvo en el Juzgado desde las 13 que es el horario de salida hasta las 2:30 de la mañana del día siguiente que fueron liberados, también quiero aclarar que nadie puede juzgar el temor de otra persona. Varias veces yo estuve en esta misma oficina impedido de salir a la calle porque había manifestaciones y uno de verdad a veces prefiere no salir para no provocar, para no alterar los ánimos y la paz social".
"Lo cierto es que la juez estuvo impedida de salir a su casa desde las 13 horas que es su horario de salida hasta las 2:30 de la mañana del día siguiente que recién después de suscribir un acuerdo que ella manifiesta que fue en blanco se pudo retirar, no solo la juez sino las otras dos personas", agregó.
En ese sentido, recordó que el jueves estuvo en el lugar de los hechos junto a la ministra de Seguridad Gloria Zalazar, la secretaria de Derechos Humanos Silvana Pérez, el subsecretario de Seguridad y Justicia Leandro Álvarez, y la traductora y representante de las comunidad originarias ante el STJ Elizabeth González.
"Concurrimos a El Sauzalito a dialogar, a pacificar, esa fue nuestra tarea. Yo de verdad volví tranquilo porque esa tarea se cumplió.
A la media hora que estuvimos de regreso a la noche del día jueves recibí la comunicación del comisario general y del propio comisario de El Sauzalito que la gente se había retirado pacíficamente", aseguró.
Así las cosas, contó que el petitorio de la comunidad wichí "comprende la renuncia del fiscal Morales Bordón, la renuncia de la juez de Paz de El Sauzalito Sandra Pérez y el traslado o renuncia del secretario, por diversos motivos que explicaron en un petitorio que me lo entregaron y que yo hoy le entregué una copia a los ministros del Superior Tribunal de Justicia".
"Me pareció necesario aclarar esto porque había algunas distorsiones entre el comunicado del Gobierno de la Provincia, lo que se dijo en algún medio local, lo que se dijo en algún portal de Castelli, entonces me pareció necesario aclarar", manifestó Canteros y, consultado sobre el cruce de versiones, afirmó:
"Yo no estuve en el lugar el miércoles, estuve el jueves y la información que tengo la recibí de dos personas en las que confío porque los conozco y porque trabajan a las órdenes del Ministerio Público Fiscal como policía judicial hace mucho tiempo.
La policía de seguridad, que es la única policía que hay en la provincia, cuando está en una investigación penal preparatoria a las órdenes de un fiscal de Investigación, es policía judicial".
Luego le preguntaron sobre qué pudo motivar el enojo de los manifestantes, y detalló que "cuando la doctora salió a hablar y explicarle que ella no llevaba la causa, que la causa la lleva un fiscal que está a 75 kilómetros en Pompeya, la aplaudieron, tenemos los audios y videos.
Algo pasó que probablemente tenga que ver con la presencia de TN que estuvo en el lugar, entrevistó a las comunidades y también a la juez, hubo una expresión o algo, algo los molestó, porque de golpe se produjo la reacción de las comunidades".
Por último pidió "aclarar que el juzgado de Sauzalito no fue tomado, y que el juzgado de Pompeya tampoco está tomado".-
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