Se trata de una causa que involucraba a 300 personas de pueblos originarios de la zona de General San Martín, quienes años atrás participaron de una protesta.
El gobernador Domingo Peppo firmó el pedido de desestimación en los juicios penales contra pueblos originarios.
La petición formal será entregada a Procuraduría General para que desde allí se deje sin efecto aquellos procesos legales contra pueblos originarios que se iniciaron desde el gobierno provincial años atrás."Significaría criminalizar las protestas sociales y coartar la libertad de los ciudadanos", afirmó Peppo.
La presentación fue realizada por el secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos Néstor Sotelo y el Defensor del Pueblo Gustavo Corregido. Se trata de juicios que comenzaron en febrero 2014, cuando aborígenes del interior provincial realizaron una serie protestas por la falta de agua en su comunidad.
"No tiene sentido para el gobierno la continuidad de estos procesos legales, por ende hemos decidido desistir hacia esas causas que tienen que ver con situaciones de pueblos originarios del interior provincial, desde ahí esperamos contribuir a que esos temas se vayan cerrando", remarcó el gobernador.
La medida fue analizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y los fiscales y procuradores, junto con el Comité de Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos. "Analizamos la despenalización de las causas originadas a partir de la manifestación de las comunidades originarias de la zona de General San Martín, quienes reclamaban agua durante las gestiones anteriores", aclaró Goya.
Luego de este proceso surgió la propuesta de disentimiento de las causas para lograr que no sean penalizadas personas que estaban reclamando por el agua, la tierra y su calidad de vida, que en ese momento se veía vulnerada. "Esta decisión habla muy bien del gobernador Domingo Peppo, y de su sensibilidad social", recalcó el secretario de Derechos Humanos.
De prosperar, la causa devendría en el proceso y la condena de más de 300 integrantes de las comunidades aborígenes de la zona, generando un nuevo conflicto social. "Nos oponemos a la criminalización de la protesta social: esto significa que una persona que está reclamando por sus derechos más elementales como el agua, el techo digno, el acceso a su alimento, pueda ser penalizada", explicó.
La causa estaba a punto de ser elevada a juicio, según comentó el secretario, quien valoró el aporte del defensor del Pueblo. "Hemos logrado una solución que nos permitió llegar a una verdadera definición que responde a la justicia social. Está previsto comunicarle este pedido al fiscal Fonteina, en manos de quien quedará la causa", explicó.
ACTO DE ESTRICTA JUSTICIA
.jpg)
