La investigación, iniciada en diciembre de 2023 tras denuncias recibidas a través de una línea habilitada por el Ministerio de Seguridad, fue conducida por el fiscal Gerardo Pollicita.
Según el fiscal, entre junio de 2020 y marzo de 2024 funcionó una "estructura delictiva" destinada a coaccionar a personas en situación de vulnerabilidad y defraudar al Estado mediante facturas apócrifas, con un perjuicio estimado en casi 50 millones de pesos.
Uno de los ejes del caso es el presunto uso del programa Potenciar Trabajo como sistema de castigos y recompensas: quienes asistían a marchas convocadas por la organización accedían a los beneficios, mientras que quienes no lo hacían eran sancionados.
En allanamientos realizados al inicio de la investigación, se encontraron listas de asistencia, cuadernos con anotaciones sobre "sanciones" y otros registros.
Además, tres exdelegados que actuaron como arrepentidos confirmaron estos mecanismos ante la Justicia, detallando cómo funcionaban las llamadas "cápitas", es decir, la recaudación por persona bajo control de las organizaciones.
Las acusaciones
• Eduardo Belliboni y María Isolda Dotti enfrentarán cargos por fraude a la administración pública, extorsión y amenazas coactivas.
• Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortiz y Ezequiel Adrián Coego serán juzgados como autores de administración fraudulenta.
• Roberto Adrián Albornoz lo será como partícipe.
• Otros imputados –Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque y Elizabeth Galindo Mamani– serán juzgados como cómplices, además de por extorsión y amenazas coactivas.
Por otro lado, Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, del movimiento Barrios de Pie, también irán a juicio, aunque sólo por amenazas coactivas. Sus defensas alegaron que no tienen relación con el resto de los acusados.
Fallo clave de la Cámara
La Cámara Federal porteña respaldó la decisión de Casanello de procesar a los imputados y agravó la situación judicial de los principales referentes del Polo Obrero, incorporando los delitos de extorsión y amenazas coactivas al de administración fraudulenta. La medida respondió a pedidos del fiscal Pollicita y del fiscal de Cámara José Agüero Iturbe.
El fallo señala que los fondos públicos, en lugar de ser utilizados por los proveedores declarados, fueron desviados a cuentas vinculadas a la organización.
El caso más emblemático es el de Coxtex S.A., una firma sin sede ni actividad real, que la AFIP había identificado en 2020 como una usina de facturas truchas.-
FUENTE: www.diarionorte.com
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