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jueves, 21 de agosto de 2025
Senadores tendrán nuevos aumentos: sus sueldos superarán los $10,2 millones en noviembre
En medio de una sesión compleja para el Gobierno en el Senado, se cerró una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso y los legisladores que integran la Cámara alta pasarán, desde noviembre próximo, a cobrar más de $10,2 millones en bruto.
Según las estimaciones realizadas por Infobae en base al flamante acuerdo entre las autoridades y los sindicatos.
¿Cómo se arriba a dicha cifra? En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto del Senado.
Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000.
En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo.
La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.
Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien primero dudó -cuándo no- y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo.
La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.
En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario, Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de $9,5 millones en bruto. Esto generó el repudio de varios bloques, en particular, del Frente de Todos.
Villarruel invitó “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.
Desde varias bancadas -La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y algunos silvestres provinciales- se desprendieron de dicho aumento y habrá que ver qué harán con el de las últimas horas. Casi todo el kirchnerismo no lo hizo -como adelantó este medio, excepto el riojano Fernando Rejal y Kirchner, que cobra su jubilación-, así como la oscilante santacruceña Natalia Gadano -de opositora a aliada del Gobierno libertario según el día-, quien fue consultada en reiteradas oportunidades en junio, sin respuesta desde su despacho. En la información oficial, no aparece entre las renunciantes. En resumidas cuentas, casi partidos en mitades.
En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto, respectivamente.
En tanto, para septiembre, octubre y noviembre, el porcentaje será -para cada mes- de 1,2%, con un bono remunerativo de $20.000.
Un acumulado de 7,52%. De esta manera, el módulo quedará en 2.554 y, al multiplicarlo por los 4.000 de las dietas es que se llega a los más de $10,2 millones en bruto, sin los descuentos correspondientes -como Ganancias- que disminuirán el sueldo en mano de cara a los primeros días de diciembre.
Durante la corriente semana, el líder del gremio APL, el kirchnerista Norberto Di Próspero -respetado por muchos y temido por tantos otros-, arrasó y fue reelecto.
Es una buena noticia para Villarruel y también para el titular de Diputados, Martín Menem. Quienes conocen el paño deslizan que las relaciones, a pesar de las “quejas” de los sindicatos por los sueldos, es más que cordial.-
FUENTE: https://infoqom.com.ar/
El Senado desactivó los decretos del Gobierno que desregulaban varios organismos públicos
El Ejecutivo se quedó sin las - criticadas - modificaciones del Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional.
La eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como cambios profundos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Marina Mercante.
Ahora, se debate el financiamiento universitario y la recomposición del salario docente.
Rechazo generalizado del Senado a decretos que desregulaban organismos públicos
Con 9 votos afirmativos, 60 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Senadores rechazó el decreto de Facultades delegadas 462/25, que establecía la disolución de la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y la reasignación de sus funciones al Ministerio de Economía y a la ANMAT.
Además, disponía la disolución de otros organismos como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar y el Instituto Nacional de Semillas.
Por otra parte, con 13 votos afirmativos, 57 negativos, y 1 abstención, el decreto 345/25 resultó rechazado. El mismo establecía la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, creando una unidad organizativa dedicada a la investigación y promoción de personalidades históricas destacadas.
Este decreto también incluía la transformación de organismos desconcentrados y descentralizados, como el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
También, se rechazó el decreto 351/25 que disponía la transformacion del Banco Nacional de Datos Genéticos, con 12 votos afirmativos, 58 negativos y 1 abstención.
El rechazo también se hizo extensivo al decreto 340/25, que aprobaba el régimen de la Marina Mercante Nacional. En este caso, fueron 13 votos afirmativos, 55 negativos y 3 abstenciones.
Finalmente, con 10 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención fue rechazado el decreto 461/25, que establecía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
Además, reorganizaba la CNRT en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Comienza el debate por la Ley de financiamiento universitario
Con 58 votos a favor y 17 en contra se aprobó el tratamiento de la Ley de financiamiento universitario y recomposición del salario docente.-
FUENTE: https://chacodiapordia.com/
viernes, 21 de febrero de 2025
Ambas normas obtuvieron mayoría de votos positivos en el recinto, donde previamente había sido aprobada la suspensión de las PASO
Luego de aprobar la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Senado aprobó otras dos normas: el Juicio en Ausencia y la Ley de Reiterancia.
La primera de ellas, obtuvo 45 votos afirmativos, 22 negativos y cero abstenciones, mientras que la segunda logró una aprobación por 67 votos a favor, sin negativos ni abstenciones.
El caso de la norma que propone el Juicio en Ausencia permite que, por ejemplo, los iraníes acusados por el atentado a la AMIA podrán ser juzgados sin estar presentes en la Argentina, dado que el juzgamiento sin el imputado presente es válido para crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicha ley contó con el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y una porción del kirchnerismo que, en esta oportunidad, se quebró con diversas opiniones al respecto.
Entre los kirchneristas que acompañaron el proyecto resaltan José Emilio Neder y Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), Lucia Corpacci (Catamarca), Daniel Bensusán (La Pampa), Carolina Moisés (Jujuy) y los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza.
En el caso de la Ley de Reiterancia, la misma implica que, si alguien está procesado y comete un nuevo delito, se proceda a la detención, al modificarse el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada «puerta giratoria».
La norma considerará reincidente a «toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme».
Además, fija que la condena sufrida en el extranjero «se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición».
En ese sentido, la iniciativa de reforma al artículo 17 del Código Procesal establece que «las medidas restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada».
A lo largo del dictamen se permite sumar condenas de varios tribunales hasta llegar a un máximo de 50 años de prisión. En tanto, no se tendrá en cuenta para dar lugar a la reincidencia la pena impuestos por delitos cometidos por menores de 18 años o por aquellos donde hubo amnistía.-
FUENTE: https://porticonoticias.com/