El coautor del Anteproyecto del Edificio Sede del Poder Legislativo del Chaco arquitecto Cristian Ramón Ignacio del Blanco dio a conocer públicamente un documento en donde asegura que demandará al poder Legislativo del Chaco por el derecho de uso de anteproyecto, sin el consentimiento de sus coautores.
El documento señala: A la ciudadanía toda y a los diputados de la Provincia del Chaco, que han apoyado y aprobado el resultado de la Compulsa Técnica y Económica del Anteproyecto del Edificio Legislativo.
Estos últimos, con conocimiento de la existencia de una medida cautelar de suspensión de la misma a favor del que suscribe, y de la apelación del fallo de 1° instancia, por adolecer de arbitrariedad manifiesta, según entiendo, es decir, sin sentencia firme en la cuestión de fondo.
Motiva la presente, el hacer de público conocimiento, porque la comunidad chaqueña tiene derecho de estar informada, sobre los diferentes hechos irregulares ocurridos en relación al tan preciado proyecto de construcción del Edificio Legislativo Provincial.
En tal sentido señalo que, como coautor del Anteproyecto ganador del 1° Premio del Concurso Público Provincial del Edificio-Parque Legislativo en el año 2009 y único arquitecto autorizado a elaborar el Proyecto Ejecutivo.
Según el debido proceso de las Bases del mencionado Concurso y también por los coautores del anteproyecto ante notario público, y por requerimiento expreso de la actual Presidencia de Cámara de Diputados de la Provincia y la Comisión Especial del Edificio formada a tal efecto, he venido trabajando, desde Mayo de 2016 a Febrero de 2017, en diferentes labores relacionados al Edificio Legislativo, maqueta, imágenes, etc, y luego en la readaptación del Anteproyecto para la construcción del Edificio Legislativo, trabajos realizados que implican un principio de ejecución de contrato, por los cuales no percibí emolumento alguno en contraprestación de mis servicios profesionales.-
En relación a ello, es importante resaltar que, luego de reiteradas reuniones y diálogos con la Sra. Presidenta de la Cámara y los integrantes de la Comisión Especial, he presentado los avances de trabajos realizados y requeridos respecto a la readaptación e implantación del Edificio Legislativo en el nuevo terreno de la Av. Juana Azurduy (dentro del marco en lo que posteriormente seria ley provincial N° 7925), sin recibir observación o disconformidad alguna por los antes mencionados.
Asimismo, también presenté el importe correspondiente a mis honorarios profesionales, calculados según Tabla de Aranceles vigentes conforme lo estipula el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la provincia del Chaco, y según lo establecido en las Bases del Concurso indicado. Al parecer, la falta de acuerdo en la cuantía de estos Honorarios, motivó al Poder Legislativo desconocer las obligaciones contraídas con el ganador del 1º Premio del Concurso del año 2009 y que posteriormente fue ratificada mediante Ley Provincial N° 7925.
Por el contrario, la Cámara de Diputados promovió y sancionó la Ley N° 7970 (ingresada fuera de hora y aprobada sobre tablas), por la cual habilita a los integrantes del 2° y 3° premio del Concurso indicado, a participar de una ?Compulsa Técnica y Económica? viciada de irregularidades, debido a que las Bases y el Proceso del Concurso Público del 2009, en su punto 1.3 NO lo permiten, el cual rezaba lo siguiente:
1.3 Carácter del Concurso:
Es a una vuelta, y de carácter vinculante a efectos de lograr la concreción definitiva de la obra, acorde a la propuesta ganadora.
Lo expuesto fue observado al Poder Legislativo Provincial mediante notas reiteradas y presentadas por A/S N° 1921, A/S N° 3216, A/S N° 8536 y la seguida Impugnación de la ?Compulsa? realizada por A/S N° 8293 del corriente año, como así también, la Carta Documento Nº 429117236 del 23 de Marzo de 2017 enviada directamente a la Presidencia del Cuerpo, señalando el erróneo y malicioso accionar y, destacando mi reserva de accionar legalmente contra el Poder Legislativo del Chaco, en reclamo de los Honorarios Profesionales por los trabajos realizados, con más los daños y perjuicios ocasionados en defensa de mis derechos adquiridos, lo cual implicaría un alto costo económico para el Estado y un detrimento de los derechos de la población de la provincia que indirectamente se ven afectados por el accionar irregular de la Cámara de Diputados.
En relación a lo señalado y a raíz de verse dañados mis derechos adquiridos en legal forma y del perjuicio económico que me han generado, me veo obligado a promover una demanda judicial por el uso de los Derechos de nuestro Anteproyecto, por las imágenes, vídeo, etc., modificaciones realizadas y presentadas respecto al mismo, en la Bienal de Esculturas 2016, sin el consentimiento de sus autores.
Asimismo, demandar por las numerosas tareas requeridas, las que fueron realizadas y presentadas oportunamente, sin objeciones respecto a la readaptación e implantación del Anteproyecto del Edificio Legislativo en el nuevo terreno elegido (lo que implica comienzo de Ejecución de Contrato), sin percepción de honorario alguno, además, de todo el daño moral ocasionado a mi persona por el accionar irregular y el incumplimiento de la Ley, de la mayoría de los representantes de la que debería ser la ?Casa de la Democracia?. ?
Por tal motivo, finalizo diciendo por un lado, a la Sra. Presidente del Cuerpo y Sres. Legisladores que: Hay que profesar con el ejemplo.
Si Uds. no dan el ejemplo, tergiversando y/o derogando las leyes que Uds. mismos sancionan, no pueden reclamar a la sociedad el cumplimiento de las mismas, porque así lejos estamos de ser una sociedad justa y en progreso.
Por el otro, a la sociedad toda, de ésta mi querida provincia, NO nos dejemos engañar y sobre todo vulnerar nuestros derechos por los funcionarios de turno que creen que, por ocupar un cargo público, elegidos para representarnos, avasallan nuestros derechos, como el de conocer fehacientemente sobre las leyes que sancionan y que, directa o indirectamente, afectan al erario público y al futuro de nuestra provincia?, concluye señalando el documento que lleva la firma del arquitecto Cristian Ramón Ignacio del Blanco.-
FUENTE: Prensa Legislativa
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