La problemática de los "trapitos" vuelve a poner en contraste dos realidades distintas en el país: mientras Córdoba es noticia por dar un paso firme con una legislación específica que prohíbe y sanciona la actividad ilegal, de los ciudacoches, en Resistencia la situación continúa en una zona gris, con reclamos crecientes de vecinos y sin una normativa concreta que ordene el fenómeno.
La Legislatura cordobesa aprobó recientemente una reforma al Código de Convivencia que convierte a la provincia en pionera en el abordaje legal del tema.
La nueva normativa prohíbe la actividad de los denominados "naranjitas" que no cuenten con autorización municipal y también sanciona a los limpiavidrios en la vía pública.
Las penas contemplan hasta seis días de arresto, además de multas o trabajos comunitarios. Incluso los cuidacoches habilitados podrán ser sancionados si incumplen las condiciones establecidas, como cobrar tarifas indebidas o trabajar fuera de las zonas permitidas.
El enfoque cordobés no solo apunta a la sanción, sino también a la regulación integral. La ley establece un plazo de 30 días para que los municipios adapten sus ordenanzas y promueve la creación de registros oficiales de trabajadores habilitados.
Además, incluye programas de capacitación, inclusión laboral y asistencia social para quienes actualmente desarrollan estas actividades de manera informal , incorporando también una mirada vinculada a salud mental y consumos problemáticos.
En contraste, en Resistencia el escenario es muy diferente.
Si bien el Concejo Municipal aprobó en diciembre de 2024 una resolución para que el Ejecutivo intervenga y regule la actividad de los "trapitos", hasta el momento no se avanzó en una normativa concreta que establezca límites claros o sanciones.
La medida surgió a partir de reiteradas denuncias de vecinos y conductores por cobros ilegales, amenazas y situaciones de violencia en la vía pública.
Según los reclamos, la actividad dejó de ser voluntaria y pasó a convertirse en una práctica casi obligatoria.
Muchos automovilistas aseguran que pagan apenas estacionan para evitar posibles daños en sus vehículos, como rayones o roturas, lo que se suma al costo del estacionamiento medido. Esta doble carga económica genera malestar, especialmente en zonas céntricas y de alta circulación.
La falta de regulación efectiva mantiene el problema en un terreno ambiguo, donde conviven la informalidad laboral, la ausencia de controles y el temor de los ciudadanos.
Comerciantes y vecinos advierten que la situación no solo afecta la convivencia urbana, sino que también impacta en la seguridad y en la actividad económica diaria.
Mientras Córdoba avanza con un modelo que combina sanción, control e inclusión social, en Resistencia el debate sigue abierto y sin definiciones concretas.
La comparación deja en evidencia la necesidad de políticas públicas claras que permitan ordenar una problemática que, lejos de disminuir, se vuelve cada vez más visible en las calles.-
FUENTE: www.datachaco.com
