Con un decreto presidencial que destaca el enfoque "en reducir la intervención estatal" se puso fin a un registro. Los detalles en la nota.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), creado en 1995 con el objetivo de regular el transporte de cargas en el país.
Mediante un decreto, se argumentó que este registro imponía cargas administrativas innecesarias que duplicaban funciones y generaban costos adicionales para los transportistas.
En los argumentos para esta nueva desregulación se resalta en que "en un contexto en el que las políticas del Gobierno Nacional se enfocan en reducir la intervención estatal y en maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, resulta imperioso revisar aquellas funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva".
La normativa vigente exigía a los transportistas una serie de trámites y documentación que, según el decreto, ya se encuentran en poder del Estado o deben ser llevados en el vehículo para circular, como seguros obligatorios y revisiones técnicas.
Esta duplicidad, según el Ejecutivo, entorpecían el desarrollo de la actividad económica, considerada clave para el crecimiento del país.
En sus fundamentos, se agrega que "la presente medida se ajusta a las bases de la delegación establecidas por la Ley Nº 27.742, en tanto contribuye a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, mediante la eliminación de un requisito burocrático estatal superfluo que se traducen en mayores costos y dispendio de tiempo afectando a la actividad de los transportistas de cargas y, en consecuencia, a la economía general".
El decreto establece modificaciones a la Ley N° 24.653, eliminando artículos relacionados con el RUTA y ajustando las sanciones por incumplimientos normativos. Ahora, las multas serán calculadas en función del valor de 100 litros de gasoil por unidad de sanción, adaptándose a las condiciones económicas actuales.
La medida se enmarca en la Ley N° 27.742, que busca reducir la intervención estatal, optimizar el uso de recursos públicos y fomentar una gestión más eficiente. Según el Gobierno, esta decisión responde a la necesidad de liberar fuerzas productivas y promover un entorno normativo que favorezca la competitividad y la innovación.
Al respecto, en el decreto firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo también se considera que "resulta imprescindible (...) eliminar así estructuras obsoletas que solo consumen recursos sin aportar beneficios reales a la ciudadanía" y "que reconociendo el rol estratégico del transporte automotor de cargas en el desarrollo productivo de la Nación, deviene imperativo adoptar medidas que reduzcan la carga burocrática y eliminen barreras normativas, promoviendo de este modo el ejercicio eficiente de la actividad".
Y concluye: "Esta medida, que elimina un registro inútil e innecesario, procura la reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal, la disminución del déficit fiscal, la transparencia, eficacia y eficiencia en la ejecución de los recursos públicos y el equilibrio de las cuentas públicas".
Desde el Ejecutivo se destacó que la seguridad en el transporte está garantizada por otras normativas vigentes, como la Ley N° 24.449, que regula los requisitos para circular, sin necesidad de un registro adicional.
En este sentido, se busca simplificar procesos y eliminar trabas burocráticas que afectan al sector productivo.-
