El proyecto fue aprobado con 23 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.
Luego de que los diputados resolvieran esta cuestión, el Comité para la Prevención de la Tortura y la Defensoría General de la Provincia, junto con la firma de 800 presos chaqueños, presentaron este lunes ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de hábeas corpus colectivo para que se declare la inconstitucionalidad de la ley sancionada en el recinto Deolindo Felipe Bittel .
El escrito lleva las firmas del presidente del Comité, Kevin Nielsen, y de la Defensora General Adjunta, Gisela Wirz.
En el mismo, señalan que "de aplicarse esta ley, provocará un agravamiento en las condiciones de detención, ya que con la misma se pretende restringir el uso de celulares e internet que vienen usufructuando las personas privadas de su libertad a través de la Resolución 676/22 del Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio del cual se estableció un régimen de uso y técnica de celulares, contemplando los modos de ingreso, habilitación y tenencia, así como los usos prohibidos y permitidos".
De esa manera expresaron que, en caso de que no sea posible aplicar la acción de hábeas corpus, solicitaron "de manera subsidiaria que la normativa sea declarada inconstitucional por ser irrazonable" debido a que "afecta desproporcionadamente los derechos a la comunicación, la educación, a mantener vínculos familiares y a la resocialización".
También indicaron que esta ley "viola el principio de no regresividad en la protección y garantía de derechos humanos".
FUNDAMENTOS
Entre los fundamentos que expresaron en el escrito, destacaron de "la experiencia altamente positiva" que se dio durante la pandemia de Covid-19 donde se dictó en mayo del 2022 la resolución N° 676/22 denominada "Protocolo para uso de teléfonos celulares de personas privadas de libertad en dependencias policiales y en el Servicio Penitenciario de la Provincia del Chaco".
A su vez, precisaron que "a través de dicha Resolución se reguló el empleo de dispositivos móviles inteligentes en dependencias policiales y penitenciarias para facilitar y promover el acceso a la educación, a la información, a la consolidación de los vínculos familiares y afectivos y al acceso a los derechos culturales. Se estableció los modos de ingreso, habilitación y tenencia, así como los usos prohibidos y permitidos".
"Asimismo, se llevó adelante una campaña de concientización para el uso responsable de los teléfonos por parte de integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura, Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio Público de la Defensa", argumentaron.
Siguiendo con la explicación, dijeron que "todo ello ha redundado en efectos positivos y sumamente positivos para la resocialización de las personas privadas de su libertad y para muchas de ellas, su único contacto con el mundo exterior o su única posibilidad de recreación, teniendo en cuenta que la situación que viven quienes están alojados en comisarías y su imposibilidad de gozar de derechos como el esparcimiento, educación y al trabajo".
De esta manera, añadieron que también se culminó con "años de clandestinidad en la que los teléfonos celulares eran introducidos y utilizados ilegalmente, sin posibilidad de ejercer un adecuado control por parte del Estado".
"Esto repercutió positivamente en la disminución de la conflictividad en los contextos de encierro, limitando también la trascendencia de los efectos nocivos que tiene el encarcelamiento a los familiares de las personas detenidas, especialmente niños, niñas y adolescentes que pueden estar en contacto con sus padres y madres gracias al uso de la telefonía móvil, contribuido a llevar tranquilidad a las familias", afirmaron.-
FUENTE: www.diariochaco.com
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