Ante la escalada en Internet la justicia chaqueña para frenar la exposición de menores, mientras en la comunidad educativa crece la preocupación por amenazas y ciberacoso.
La jueza de Faltas de Resistencia, Marcela Cortés, confirmó que avanzan medidas judiciales en torno a un caso de presunto bullying escolar que tomó fuerte repercusión pública en los últimos días.
La intervención se centra, por ahora, en la protección de adolescentes señalados en redes sociales y medios digitales, mientras la investigación busca determinar si existió o no ciberacoso.
Según explicó la magistrada en el programa "Buen Día NORTE", cinco padres se presentaron ante el juzgado junto a sus hijos, todos estudiantes de un mismo establecimiento educativo, preocupados por la difusión de sus identidades.
"Se estaban viralizando nombres, rostros e información de menores de edad, lo cual está prohibido por la legislación vigente en Argentina", remarcó.
Ante esta situación, el juzgado dictó un decreto para frenar la exposición pública de los adolescentes y ordenó notificaciones a medios de comunicación para que cumplan estrictamente con la ley, que impide difundir datos que permitan identificar a menores, estén o no vinculados a hechos investigados.
Miedo, amenazas y aislamiento
El caso sumó un nuevo nivel de preocupación luego de que los propios jóvenes denunciaran haber recibido amenazas e intimidaciones a través de grupos de WhatsApp.
Según relató Cortés, estos mensajes instaban a ejercer represalias contra ellos, en una escalada de violencia digital.
"Los chicos no están yendo a la escuela y prácticamente no salen de sus casas por miedo", señaló. En ese contexto, el juzgado dispuso la entrega de botones antipánico a los adolescentes que se presentaron, como medida preventiva para que puedan alertar a la Policía ante cualquier situación de riesgo en la vía pública.
Aunque se menciona que serían nueve los estudiantes señalados en redes, hasta el momento solo cinco familias realizaron presentaciones formales.
Todos los jóvenes niegan las acusaciones y, por el contrario, aseguran ser víctimas de hostigamiento digital.
Investigación en curso y pedido de informes
En paralelo, la Justicia solicitó informes al establecimiento educativo para conocer si se activaron los protocolos correspondientes ante posibles situaciones de acoso escolar. También se dio intervención a la regional educativa, que deberá realizar un seguimiento del caso.
Uno de los puntos que genera inquietud es que, según manifestaron los padres, no habrían sido notificados oportunamente sobre hechos previos.
Incluso mencionaron la existencia de un acta del año pasado firmada solo por alumnos, sin participación de las familias.
"Es un tema que deberá analizar el Ministerio de Educación. Muchas veces actuamos después de que ocurren situaciones graves", advirtió la jueza.
Ciberacoso en aumento
La magistrada también alertó sobre el crecimiento sostenido de denuncias vinculadas al ciberacoso. "La violencia se trasladó a las redes sociales, donde los jóvenes pasan gran parte del tiempo. Hoy los conflictos se expresan en grupos de WhatsApp, publicaciones y comentarios extremadamente agresivos", explicó.
En ese sentido, diferenció el bullying tradicional —que puede incluir agresiones físicas— del ciberbullying, que se manifiesta a través de burlas, exclusión digital, difusión de imágenes o mensajes hirientes.
La magistrada insistió en la necesidad de un abordaje integral: "Las escuelas deben trabajar con programas de concientización durante todo el año, pero también es clave el rol de las familias. El diálogo cotidiano con los chicos es fundamental para detectar a tiempo estas situaciones".
Llamado a la responsabilidad
Finalmente, la jueza hizo un pedido explícito a los medios y a la sociedad en general para tratar estos casos con prudencia.
"No se pueden sacar conclusiones apresuradas ni difundir información sensible. Estamos hablando de menores de edad y de una problemática compleja que puede tener consecuencias muy graves", subrayó.
Mientras la investigación continúa, el foco está puesto en resguardar a los adolescentes involucrados y evitar que la violencia —inicialmente denunciada— se multiplique en el ámbito digital.-
FUENTE: https://www.diarionorte.com/
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