Tras meses de investigación, allanamientos, requisas y pericias telefónicas e informáticas, se determinó que no existían elementos suficientes para acreditar las conductas delictivas denunciadas.
La investigación sobre presuntas irregularidades en PAMI y ANSES en el Chaco llegó a una conclusión judicial: no se acreditó la existencia de delito .
La decisión se produjo después de una extensa pesquisa que incluyó allanamientos en dependencias de PAMI, ANSES y la agencia de viajes Sakura, además de requisas, análisis de documentación y pericias sobre teléfonos y dispositivos informáticos.
La causa había tomado relevancia pública a partir de acusaciones de extrema gravedad. Entre ellas aparecían supuestos aportes económicos compulsivos a un espacio político, presuntas irregularidades vinculadas con convenios de turismo para jubilados y una denuncia relacionada con el supuesto pedido de dinero para mantener cápitas del Colegio Médico.
Frente a esas acusaciones, la respuesta de la Justicia Federal fue avanzar con distintas medidas para determinar si los hechos denunciados podían ser respaldados por pruebas. Según la explicación de la Justicia Federal , el resultado de esa investigación no permitió acreditar las conductas delictivas denunciadas.
Uno de los puntos analizados estuvo relacionado con los supuestos aportes económicos al partido. Las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente determinaron que esos aportes habían sido realizados de manera voluntaria.
No se acreditó, en ese sentido, que hubieran existido violencia, amenazas o intimidación para obtenerlos.
Ese aspecto era especialmente relevante porque una de las hipótesis investigadas estaba vinculada con el delito de extorsión, previsto en el artículo 168 del Código Penal.
Para que esa figura pueda configurarse deben acreditarse determinados elementos, entre ellos la utilización de violencia o intimidación.
De acuerdo con la resolución, esos elementos no pudieron ser demostrados.
Qué pasó con las acusaciones sobre PAMI
Otro de los capítulos centrales estuvo relacionado con el funcionamiento de PAMI y, particularmente, con dos convenios de viajes de turismo y con la denuncia sobre un supuesto pedido de dinero para el otorgamiento de cápitas.
También en este punto la investigación no encontró elementos suficientes para sostener una conducta ilícita.
No se acreditó que los convenios investigados fueran delictivos ni que se hubieran solicitado coimas o dinero a cambio del otorgamiento de cápitas.
La investigación incluyó precisamente algunas de las medidas que habían generado mayor expectativa cuando se conoció la causa: allanamientos, requisas, secuestro y análisis de dispositivos, documentación y comunicaciones.
Todo ese material fue incorporado al análisis judicial antes de arribar a la conclusión de que no había elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados.
El punto clave de las 7.500 cápitas
Uno de los aspectos que, según la explicación de la jueza, permite reconstruir el origen del conflicto es el relacionado con las aproximadamente 7.500 cápitas del Colegio Médico .
Una de las declaraciones que impulsó las acusaciones fue la de Santiago Romero, quien había sostenido que se le solicitó dinero para mantener esas cápitas.
Sin embargo, durante la investigación surgió otro elemento de contexto: PAMI estaba realizando controles sobre las prestaciones médicas para verificar si los pacientes efectivamente estaban siendo atendidos.
Como consecuencia de esos controles, el Colegio Médico terminó renunciando a unas 7.500 cápitas que, según lo señalado en la explicación de la resolución, no estaban siendo cumplidas .
Ese dato resulta relevante porque permite ubicar el conflicto dentro de una secuencia concreta: primero se produjeron controles sobre las prestaciones, luego la renuncia a las cápitas y, posteriormente, aparecieron las acusaciones que fueron incorporadas a la investigación federal.
Una causa investigada y sin delito acreditado
El cierre de la causa no significa que las acusaciones no hayan sido investigadas. Por el contrario, uno de los puntos centrales de la resolución es que las denuncias fueron sometidas a una investigación judicial con distintas herramientas para intentar comprobarlas.
Hubo allanamientos en organismos públicos y en una agencia de viajes, requisas personales, testimonios, análisis de documentación y pericias informáticas y telefónicas.
Con ese material, la Justicia debía determinar si existían elementos suficientes para sostener la comisión de delitos. La conclusión fue negativa.
La resolución adquiere así relevancia en la agenda pública de la provincia porque pone un punto judicial sobre una investigación que durante meses estuvo vinculada a fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento de organismos nacionales en la provincia y sobre dirigentes que ocupaban lugares de responsabilidad.
El caso había generado repercusión política y pública. Ahora, el expediente deja otra conclusión: después de las medidas de prueba realizadas, no se acreditaron las conductas delictivas denunciadas.-
