Días atrás, el diario Norte de Resistencia reprodujo un artículo titulado “Perón y la comunicación”, firmada por el conocido periodista militante Néstor Piccone.
Éste integra el Colectivo por el Derecho a la Comunicación (CODEHCOM).
Piccone avisó en su nota: “El gobierno tiene posibilidades de retomar el legado ideológico que para la comunicación ejercimos soberanamente los argentinos en los gobiernos de Juan Perón”.
Como la sociedad argentina hoy no tiene ni idea de los “legados ideológicos” que dejó Perón en materia de comunicación, libertad de prensa y libre expresión, habría que ejercitar un poco la memoria al respecto.
Uno de esos legados fue la infame figura jurídica de desacato que llenaba las comisarías y prisiones del país de presos por criticar a Perón, al vicepresidente, a Eva Perón, a los ministros, a los gobernadores, a los jueces, a los policías y a los legisladores.
Para tener una idea cabal de la cuarentena comunicacional que padecían los argentinos de entonces bastaría en realidad con recordar la masacre de aborígenes pilagá perpetrada en octubre de 1947 por efectivos de Gendarmería Nacional con apoyo de un avión de la Fuerza Aérea: el país se enteró de esa matanza ocho años después, en 1955.
Algunos memoriosos aún recuerdan que para enterarse de las cosas que aquí pasaba había que escuchar radios del Uruguay.
Tiempos de expropiaciones
En 1946, por decreto 6692, el gobierno expropió 500 toneladas de papel para diarios, material que habían comprado en forma conjunta distintas empresas periodísticas.
¿Para qué quería el gobierno apoderarse de tanto papel? Según dicho decreto, el objetivo era “satisfacer necesidades oficiales de orden educativo, cultural e informativo”.
A través de ese mismo decreto el gobierno se atribuía la facultad de repartir discrecionalmente el papel sobrante entre los diarios grandes y chicos, de acuerdo a un prorrateo a hacerse a través de la Secretaría de Informaciones de la Presidencia.
Quedó tan poco papel que en 1948, por decreto 31.331, se obligó a todos los diarios a salir sólo con 16 páginas.
Ese año 1948, por decreto 30.498, también fue expropiado todo el papel del diario “La Prensa”.
En 1949, por decreto 11.213, el gobierno le expropió al diario “La Nación” 100 toneladas de papel.
También en 1949, por decreto que llevaba el número 5.702, se expropiaron los papeles de muchos diarios del país, y se volvió a limitar a 16 el número de páginas de los periódicos.
Inclusive en 1950, por decreto 3661, el raid expropiador continuaba.
La escasez de papel, sumada a otras medidas coercitivas, hizo desaparecer muchos diarios del interior. Solamente en la Patagonia tuvieron que cerrar sus puertas “El Eco” (de San Julián), “La Unión” y “La Mañana” (de Río Gallegos), “El Pueblo” (de Santa Cruz), “El Sur” (de Puerto Deseado) y “El Social” (de Cipolletti), entre otros.
Masivos allanamientos
El 27 de agosto de 1947, el gobierno peronista clausuró el diario socialista “La Vanguardia”.
El 23 de febrero de 1949 clausuró “El Intransigente” y “Provincias Unidas”, ambos de orientación radical.
El 23 de noviembre de 1949 hubo un masivo allanamiento de diarios: “La Nación”, “La Prensa, “Clarín” y “La Hora”, entre ellos. Dos días después, el 25 de noviembre, también fueron allanadas las agencias de noticias “United Press” y “Associated Press”.
En 1949 empezó a actuar la tristemente célebre Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas, presidida por el diputado peronista José Emilio Visca. La misma se dedicó a allanar periódicos de todo el país e intervenir sus contabilidades.
Visca se hizo famoso por clausurar en un solo día más de 100 diarios, en todo el país. Todos bajo acusación de difundir informaciones calificadas de “antiargentinas” y de “no cumplir con las normas legales vigentes”.
El 18 de abril de 1951, por ley 14.021, el gobierno peronista expropió el diario “La Prensa”, cuyo propietario debió exiliarse en México. En el frente y en el interior del edificio los partidarios de Perón colocaron enormes retratos suyos y de Eva Perón.
Ese año 1951 expulsaron al periodista paraguayo Norman Míguel Langer Strasser por revelar en “Newsweek” y “Times” detalles de un caso de negociados con la carne.
El 10 de diciembre de 1954, clausuraron el órgano de difusión de la Iglesia Católica “El Pueblo”. Su director, Luís Luchía Puig, y su administrador, Jorge Dussol, fueron presos.
Mientras tanto, por distintos caminos de presión, casi todas las radios y empresas periodísticas del país (Radio Chaco y “El Territorio” en el Chaco) iban cayendo en manos del gobierno.
Un director preso
Párrafo aparte merece “El Intransigente”, de Salta, al que en 1949 el senador peronista Durand promovió una cuestión de desacato por difundir cierta información.
En aquel tiempo, dijimos, por imperio de la ley de desacato muchos iban a parar a la cárcel (algunos hasta por tres años) por criticar al gobierno o a sus referentes.
Fueron traídos a Buenos Aires el director de aquel diario (David Michel Torino), otros directivos, redactores y algunos obreros, quienes fueron obligados a declarar ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Michel Torino quedó detenido y su diario expropiado.
Éstos son los legados ideológicos de Perón en materia comunicacional que, según Piccone, el actual gobierno argentino tiene posibilidades firmes de retomar.-
FUENTE: Por Vidal Mario *(Periodista y escritor)
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