La reciente publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1346/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación que comanda Patricia Bullrich puso en condiciones de realizar tareas de distinta índole, de manera gratuita.
A las más de 500 personas privadas de su libertad que por estas horas se encuentran alojadas en la Unidad 7, en Resistencia, y la Unidad 11, de Sáenz Peña; que están bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Como toda medida, la disposición requiere de un proceso de debate en el que se definirán las particularidades de la puesta en práctica de esta iniciativa, tarea que queda en manos del Servicio Penitenciario Federal que se encargará de elaborar planes y cronogramas específicos, además de supervisar su cumplimiento.
A QUIÉNES ALCANZA
En principio, la normativa alcanza a todos los casi 12.000 internos que integran el SPF en todos los penales del país, sin discriminar que estén procesados o condenados. También están incluidos los presos calificados como de "alta peligrosidad" (entre ellos, varios narcotraficantes) y los que están alojados por delitos de lesa humanidad.
Según datos aportados a NORTE por fuentes del Ministerio Público de la Defensa, en la provincia la población carcelaria está compuesta por 570 personas, de las cuales 388 (260 condenados) están alojadas en la Unidad 7, de Resistencia; mientras que los 182 (146 condenados) restantes pasan sus días en la Unidad 11, de Sáenz Peña.
Desde la defensoría, sostienen que la medida tiene límites constitucionales y estudian posibles presentaciones para que su cumplimiento no termine colisionando con la normativa vigente.
Por ejemplo, si se sigue el argumento incorporado en los considerandos de la Resolución que los detenidos "deben reparar el daño que le han hecho a la sociedad", no puede ponderarse ese daño si no existe una condena.
Con lo cual, es evidente que la medida sólo podría aplicarse a los condenados, que alcanza a 66% en todos el SPF.
El defensor Federal, Gustavo Vargas, explicó que el "Estado lleva implícita la asunción de ciertos y determinados deberes para con la sociedad toda, en tal sentido, en el deber de perseguir el delito, lo atinente a las medidas restrictivas previas a la condena se encuentran a su cargo".
"Por eso, nos parece que es una resolución que tiene varias aristas que tocan a otras normas de diversa jerarquía y no abarca la realidad que se presenta en las cárceles", planteó.
Según la Resolución del Ministerio de Defensa, las actividades serán no remuneradas y tendrán una duración de cinco horas diarias.
DISMINUIR LA OCIOSIDAD
Entre los considerandos, el texto agrega que también se busca "disminuir la ociosidad entre los internos", considerada un factor de incremento de violencia y desorden en los penales.
La resolución remarca que estas labores constituyen un deber derivado del mandato constitucional de "mantener cárceles sanas y limpias" y que contribuirá a una convivencia ordenada dentro de los establecimientos.
Las tareas a realizar son mantenimiento, limpieza, aseo e higiene en celdas, pabellones y patios que los internos comparten.-
FUENTE: www.diarionorte.com
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