La defensora de uno de los detenidos en la causa Lavado 1 se reunió con el subsecretario de Justicia: José Sánchez, el ministro de Gobierno: Martín Nievas, y el ministro de Infraestructura: Fabián Echezarreta, imputado y con pedido de detención.
Varios funcionarios provinciales se dieron cita el atardecer del miércoles en French 629, el estudio profesional del subsecretario de Justicia y Asuntos Institucionales del Ministerio de Gobierno: José Sánchez, con la reconocida abogada Valeria Corbacho, defensora del exsubsecretario de Políticas Comunicacionales: Paulo Buttice en la causa Lavado 1 que persigue la Justicia Federal, y en la de los delitos precedentes que se tramita en la Justicia provincial.
Además del anfitrión, participaron del encuentro el ministro de Gobierno: Martín Nievas, y el ministro de Infraestructura: Fabián Echezarreta, también imputado desde el último viernes en la causa Lavado 1, sobre el que pesa un pedido de desafuero y orden de detención impartida este miércoles por la juez federal Zunilda Niremperger.
Corbacho asumió la defensa de Buttice y planteó la nulidad de la causa de los delitos precedentes, y exigió la libertad de su representado.
Y en el fuero federal reclamó el apartamiento del fiscal Patricio Sabadini, pero Niremperger rechazó el planteo.
La presentación de la abogada como defensora de Buttice los primeros días de mayo, despertó cierta suspicacia, considerando que sus honorarios no parecen estar alcance de éste.
Y el corrillo se agigantó cuando una camioneta oficial asignada al Ministerio de Infraestructura, conducida por un chofer del Ejecutivo, la recogió en el aeropuerto de Resistencia y se puso a su disposición para trasladarla durante su estadía en la provincia, incluso a la comisaría de La Escondida, lugar de detención de Butticé.
Por esto, los diputados de Cambiemos presentaron en la Legislatura un pedido de informe al Poder Ejecutivo. Quieren saber si la Provincia firmó algún convenio o contrato con Corbacho y, de ser así, en qué consiste. Y, además, si le cedió un vehículo oficial.
Consultado por la prensa, el gobernador Domingo Peppo admitió que el vehículo en cuestión era oficial, y dijo que “se inició el sumario administrativo correspondiente que va a determinar si fue y cómo fue, y quién lo autorizó”.
Pero, a la luz del encuentro mantenido la noche del miércoles, todo parece ir por el camino de la “incompatibilidad”.
Ya que la Provincia se constituyó como querellante en la causa que se tramita en la Justicia provincial, por entender que los funcionarios acusados de corrupción, entre ellos Butticé, afectaron los intereses del Estado.
Buttice también está imputado por la Justicia Federal por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita, en calidad de autor; malversación de caudales públicos, en calidad de partícipe secundario; siete hechos de fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de partícipe necesario; e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Y ahora la Justicia Federal imputa a Echezarreta lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario, y los delitos precedentes de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad partícipe necesario, e incumplimiento de deberes de funcionario público, por lo que todo indica que su nombre se engrosará la lista de imputados también por la Justicia provincial.
Echezarreta, imputado y querellante
Tras el pedido de desafuero y detención librado por Niremperger, el ministro dijo que no renunciaría y, paralelamente, el Gobernador lo ratificó en el cargo, por lo que la definición de su continuidad quedará en manos de la Cámara de Diputados de la Provincia.
Mientras tanto, Echezarreta, por su rol de ministro, es parte del bando querellante, por lo que el asesoramiento de la abogada Valeria Corbacho no sólo sería una contradicción y falta de ética, sino que también constituiría un riesgo para los intereses del Estado.
No obstante esta situación, el hecho de que la abogada se entrevistara con su colega José Sánchez, que oficia de “nexo” entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, más el ministro de Gobierno: Martín Nievas, y el mismo ministro de Infraestructura: Fabián Echezarreta, seguramente disparará una oleada de sospechas que obligarán al gobernador Domingo Peppo a dar más explicaciones.-
