En tanto, su esposa Silvana García y su padre Lorenzo Rolón fueron condenados a tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarios.
El condenado se mantendrá en prisión domiciliaria y con tobillera electrónica por la situación de vulnerabilidad de sus cuatro hijas.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este martes a Diego Armando Rolón, su esposa Silvana Alicia García y su padre Lorenzo Rolón por el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad y por haberse cometido de manera organizada.
La sentencia, dictada en el marco de un juicio abreviado, pone fin a una causa que investigó el desvío sistemático de casi 290 millones de pesos de fondos públicos provinciales, destinados a programas sociales, hacia el patrimonio personal del grupo familiar.
Diego Armando Rolón, reconocido como referente social y empleado municipal, fue sentenciado a 5 años y 6 meses de prisión efectiva, una multa equivalente al triple del monto lavado y el decomiso de todos los bienes secuestrados.
Su condena se mantendrá bajo prisión domiciliaria y monitoreado por un dispositivo de tobillera electrónica mientras subsistan las condiciones que la motivaron, es decir, por la situación de vulnerabilidad de sus cuatro hijas.
Por su parte, Silvana Alicia García y Lorenzo Rolón recibieron una pena de 3 años de prisión en suspenso, sujeta a reglas de conducta, una multa doble y también el decomiso de los bienes.
Fundaciones como “empresas fantasma”
La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, demostró que entre 2019 y 2024 los imputados ejecutaron un esquema organizado para introducir en la economía formal fondos de origen ilícito.
El dinero provenía de graves irregularidades en el manejo de recursos públicos, mayoritariamente asignados por el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y administrados a través de cuatro entidades controladas por la familia Rolón: las fundaciones “El Valor del Esfuerzo” y “Las Cuatro Hermanas”, y las cooperativas “Conformar Limitada” y “13 de Enero Ltda”.
El tribunal estableció que estas organizaciones funcionaron como “empresas fantasma” o “meras cáscaras” para recibir subsidios estatales. Auditarías e informes probatorios, como el de la ex interventora del IAFEP, Clelia Ávila, revelaron graves incumplimientos: servicios de limpieza y desmalezamiento simulados con fotografías, obras de viviendas no acreditadas, certificaciones falsas y el desvío de fondos para “galpones comunitarios” que en realidad eran ampliaciones de viviendas particulares de los acusados.
Una vez recibidos los fondos en las cuentas de las entidades, el dinero era retirado casi en su totalidad en efectivo por los imputados, principalmente por Silvana García, quien admitió entregarlo a su esposo. Este caudal se reintegraba luego a la economía formal a través de un incremento injustificado en la cuenta personal de Diego Rolón y, fundamentalmente, mediante la adquisición de bienes de alto valor.
El lujo exteriorizado por la familia contrastaba brutalmente con sus ingresos declarados como empleados municipales.
La sentencia detalla la compra de múltiples vehículos de alta gama, incluyendo camionetas 4×4 y camiones, muchos registrados a nombre de terceros o de las fundaciones.
Además, se verificaron millonarias inversiones en construcciones y mejoras en inmuebles, algunos de los cuales eran de propiedad estatal o municipal, como un quincho con pileta valuado en más de 92 mil dólares construido en un terreno provincial.
La patrimonializarían también incluyó la adquisición de un establecimiento ganadero con decenas de bovinos y caballos a nombre de Lorenzo Rolón, y el financiamiento del costoso deporte de karting de una de las hijas, cuyos vehículos lucían logos de las entidades investigadas.
El estilo de vida ostentoso, imposible de sostener con sus salarios, fue considerado una prueba más de la aplicación de dinero de origen ilícito.
El juez Enrique Bosch consideró acreditado que Diego Armando Rolón tuvo el “dominio del hecho” como autor principal, mientras que su esposa y su padre cumplieron roles de partícipes secundarios, colaborando en el plan común mediante la extracción de efectivo y actuando como testaferros en la adquisición de bienes.-
FUENTE: https://litigio.com.ar/
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