A raíz de las recientes declaraciones del Gobernador de la Provincia del Chaco, respecto que hay “abogados asociados a delincuentes”.
La Comisión Directiva del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia manifiesta su profundo rechazo a dichas afirmaciones, que ensucia, enloda y difama en general a los profesionales del derecho que ejercen las defensas penales de imputados, que tienen como garantías constitucionales a la defensa en juicio y a un debido proceso.
La defensa en juicio, con lo que ello significa, tiene y debe ser ejercida por abogados – particulares o designados de oficio por el Estado – y nadie puede menospreciar estos derechos constitucionales, como tampoco menospreciar el importante rol que cumplen los letrados, en que los derechos de los imputados sean absolutamente respetados.
Desde la entidad que preside Amilcar Aguirre se precisó que “no existen “abogados asociados a delincuentes”, y si existieran, los que tienen conocimiento de la existencia de estos delitos son QUIENES DEBEN poner en conocimiento de la Justicia estas circunstancias, que por vagas e imprecisas, ponen a todos los abogados en un enfrentamiento inútil con la sociedad, cuando en realidad son los que VELAN POR EL RESPETO DE TODOS
Y cada uno de los derechos constitucionales de los ciudadanos".
Se afirma en el documento enviado a medios que “la defensa es un derecho inviolable de los imputados en un proceso penal, y como tal es una tarea técnica que desarrollan los abogados, y que tiene como fin la dilucidación de la existencia o no de un delito”.
Principio de inocencia
No se puede afirmar livianamente que una persona por encontrarse imputada en un proceso sea un delincuente.
Esto recién ocurre cuando la Justicia – quién por constitución y orden legal es el poder público que debe sentenciar – en el caso – si una persona ha cometido un delito o no, y hasta tanto ello no ocurra, esta persona goza del principio de inocencia que el artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza.
El respeto a la Ley, a la Constitución, es la regla en la que viven los abogados y ejercen su ministerio.
“No existen abogados asociados a delincuentes, y si hubiere el caso, esto lo tiene que decir un juez constitucional, mediante una sentencia que tenga autoridad de cosa juzgad” especifica el comunicado.
Ser consciente.
Finalmente recuerdan desde el Colegio de Abogados que “el Gobernador debe ser consciente que por la importancia del cargo que ocupa, no puede realizar afirmaciones como las que hizo, que empaña y tergiversa el ministerio que ejercen los abogados defensores, impuesto por la Constitución y la Ley, para el resguardo de los derechos de los ciudadanos” concluye el comunicado.-
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