La Intendente de Resistencia informó esta mañana la desición de la Cámara de Apelaciones de revocar las dos medidas cautelares dispuestas por la jueza de Garantías N° 1, María de las Mercedes Pereyra y ratificó la legalidad de la contratación de la empresa PIMP SA. Ayala vínculo la denuncia hecha en mayo por diputados Justicialistas y NEPAR, el Centro Mandela y el Defendor del Pueblo, a “una campaña electoral sucia” para desprestigiar su gestión y adelantó que accionará legalmente.
Pedirá además la destitución de Gustavo Corregido, quien impulsó una de las dos cautelares para dejar sin efecto el servicio, a la que la jueza Pereyra hizo lugar en su momento.
La Cámara de Apelaciones revocó las dos medidas cautelares que existían sobre la contratación de la empresa PIMP SA para el servicio de recolección de residuos no convencionales en Resistencia.
Lo informó esta mañana la intendente Aída Ayala que adjudicó la denuncia hecha en mayo a una campaña electoral sucia para desprestigiar su gestión. Recordó que al momento de la denuncia decidió someterse a la Justicia y que fue ésta la que hoy le dio la razón. “La Cámara de Apelaciones ha determinado y ordenado que la empresa PIMP SA continue brindando el servicio y con esto quedó demostrado que lo denunciado fue solamente un armado de Provincia”, resaltó.
