La Justicia ratificó la contratación de la empresa PIMP: Ayala pedirá la destitución de Corregido

La Intendente de Resistencia informó esta mañana la desición de la Cámara de Apelaciones de revocar las dos medidas cautelares dispuestas por la jueza de Garantías N° 1, María de las Mercedes Pereyra y ratificó la legalidad de la contratación de la empresa PIMP SA. Ayala vínculo la denuncia hecha en mayo por diputados Justicialistas y NEPAR, el Centro Mandela y el Defendor del Pueblo, a “una campaña electoral sucia” para desprestigiar su gestión y adelantó que accionará legalmente. 

Pedirá además la destitución de Gustavo Corregido, quien impulsó una de las dos cautelares para dejar sin efecto el servicio, a la que la jueza Pereyra hizo lugar en su momento. La Cámara de Apelaciones revocó las dos medidas cautelares que existían sobre la contratación de la empresa PIMP SA para el servicio de recolección de residuos no convencionales en Resistencia. 

Lo informó esta mañana la intendente Aída Ayala que adjudicó la denuncia hecha en mayo a una campaña electoral sucia para desprestigiar su gestión. Recordó que al momento de la denuncia decidió someterse a la Justicia y que fue ésta la que hoy le dio la razón. “La Cámara de Apelaciones ha determinado y ordenado que la empresa PIMP SA continue brindando el servicio y con esto quedó demostrado que lo denunciado fue solamente un armado de Provincia”, resaltó. 

“La gente de Capitanich se encargó todo este año de poner sospechas en esta gestión transparente”, lamentó Ayala y anticipó que accionará legalmente contra los diputados Ricardo Sánchez, Viviana Damilano Grivarello, Néstor Sotelo, Juan José Bergia (NePar), Carlos Beltrán y Mariel Gersel. Además afirmó que pedirá la destitución del Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido por “incumplimiento de funcionario público”. 

Ofuscada, la funcionaria dijo que no dejará pasar los agravios a su gestión como y a su familia: “Se metieron con mi familia y eso no voy a dejar pasar; esta gestión es la mas honesta de todos los tiempos de la ciudad de Resistencia”. Explicó que realizó la conferencia de prensa a motivo de limpiar su honor y su nombre “porque es lo único que tengo en la vida además de mi familia”. 

EL HECHO 

Los bloques de diputados Justicialista y Nepar, el Centro Mandela y el Defensor del Pueblo, cada uno por su parte, fueron los responsables de las denuncias públicas y ante la Justicia por dos contratos con esta empresa por la recolección de residuos no tradicionales, a pocos meses de las elecciones generales provinciales. Fue mucha la polémica y hasta se publicó por parte de los denunciantes detalles sobre una supuesta vinculación afectiva familiar entre los responsables de PIMP y la intendente de Resistencia Aída Ayala. Cosa que esta última salió a desmentir. 

La Resolución 0796, con fecha del 16 de abril de 2015, adjudica una licitación de contratación de servicios para retiro, traslado y disposición final de residuos sólidos no tradicionales a la empresa PIMP SA por la suma de 269 millones de pesos y que tiene vigencia por un periodo de ocho años, con una opción a cuatro años mas. 

Esto fue denunciado por las partes como “una violación a la Constitución Provincial y Nacional” por “no respetar el Art. 54 de Servicios Públicos y lo que tiene que ver con las atribuciones de los Concejos Municipales art 205”. Y dejaron entrever lo poco confiable de la concreción de un contrato así a pocos meses de las elecciones generales. 

En mayo, la de jueza Garantías María Mercedes Pereyra ya había ordenado dejar sin efecto la licitación y adjudicación de servicios de la firma PIMP S.A. para el retiro, traslado y disposición final de residuos sólidos no tradicionales, a través del servicio prestado mediante la línea 0-800, al hacer lugar a la medida cautelar interpuesta por la abogada María Medina, asesora del diputado Juan José Bergia. 

FUENTE: Texto: Diario Chaco

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