El allanamiento que terminó en la orden de detención del ministro de Infraestructura surgió tras dos llamadas anónimas al fiscal Patricio Sabadini. Echezarreta dudaba de su existencia, pero existieron.
La causa Lavado 1 se inició a partir de una denuncia anónima, según fundamentara el fiscal Patricio Sabadini al inicio de la causa que complica al gobierno de Domingo Peppo, que tiene a su mano derecha, el exsecretario general de Gobierno: Horacio Rey, como el primero y más notable detenido.
Pero el derrotero de la causa no se detuvo en los funcionarios, allegados, familiares, testaferros y bienes presuntamente adquiridos como resultado del desvío de fondos destinados a la pauta publicitaria oficial, sino que fue más allá y llegó hasta la obra púbica y la orden de detención del ministro de Infraestructura: Fabián Echezarreta, que integra el equipo de Peppo desde que éste se desempeñaba como presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la gobernación de Jorge Capitanich.
Así, el viernes 18 de mayo, el fiscal Patricio Sabadini solicitó allanar el Ministerio de Infraestructura y la detención del ministro Echezarreta, además de Ismael Fernández, ex titular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye; de Ramón Chávez y de Cristina Mariel Dellamea, presunto testaferro y sobrina de Ismael, respectivamente.
Para Sabadini, Echezarreta formaba parte de una organización destinada a sacar provecho personal de los fondos públicos adjudicando llamativamente obras, algunas de singular envergadura, a las flamantes empresas de estas personas, creadas en el inicio de la gestión de Peppo.
El fiscal funda sus sospechas, entre otras cosas, en la relación que mantendrían el ministro e Ismael Fernández, hermano de Susana Fernández, esposa de Rey y exsecretaria privada de Peppo. Cree que Echezarreta no sólo tenía conocimiento de este círculo de poder sino que sería parte del mismo.
Ismael y Susana ya habían sido detenidos el 16 de marzo por la Justicia provincial que irrumpió tras los primeros allanamientos ordenados por la juez federal Zunilda Niremperger a la Casa de Gobierno. Pero el 3 de abril fueron liberados bajo palabra, una decisión que sorprendió al mismo procurador Jorge Canteros.
El mismo viernes 18 Niremperger ordenó la detención de Ismael Fernández, Ramón Chávez y Cristina Dellamea, que aún están prófugos, y dispuso allanar el Ministerio de Infraestructura, como había pedido Sabadini, pero denegó la detención de Echezarreta por entender que no constituía ningún riesgo para la investigación.
Pero el domingo 18 el fiscal Sabadini solicitó un nuevo y urgente allanamiento al Ministerio. Había recibido dos mensajes “anónimos” provenientes de dos abonados distintos alertándolo sobre la presencia del ministro y un grupo de personas, algunas de ellas ajenas a la cartera, manipulando expedientes.
Gendarmería corroboró la situación y la juez inmediatamente ordenó el allanamiento que se extendió por espacio de unas diez horas. El procedimiento sorprendió a Echezarreta y sus colaboradores, y logró el secuestro de dos carpetas con documentación sobre contratos con las empresas de Chávez y Dellamea que no habían sido halladas dos días antes. Además, fueron secuestradas 18 computadoras que se encontraban encendidas y los teléfonos celulares de todos los presentes.
Esto hizo que la juez volviera sobre sus pasos y el 23 de mayo ordenara su detención, previo desafuero, ya que la Constitución Provincial le confiere las mismas inmunidades que a los diputados provinciales. Tras el allanamiento, Niremperger coincidió con Sabadini en que Echezarreta en libertad y en el cargo representaba una amenaza para la investigación.
El ministro se defendió y negó haber eliminado elementos de utilidad para la causa, y aseguró que nada de eso estaba en sus planes. Alegó que, recién llegado de Buenos Aires, reunió a su equipo con la anuencia del Gobernador, para que informaran del allanamiento del viernes y preparar su “defensa”. De paso, criticó la actitud del fiscal al que acusó de mentir e inventar razones para acusarlo engañando a la juez para lograr su detención.
“Dice que recibió una llamada anónima. Eso también vamos a averiguar, queremos saber si existieron esas llamadas y de dónde salieron”, dijo en varias oportunidades.
Efectivamente, según obra en el expediente, las llamadas existieron. Pero no sólo eso, sino que al menos una de ellas no fue tan anónima, ya que fue hecha por un agente de su propio Ministerio. Aunque no se especifica la identidad del abonado, uno de los números corresponde a Mary Fernández, y es de público conocimiento ya que ella misma lo publicó en reiteradas oportunidades y por distintas razones en las redes sociales, la última vez como organizadora de una fiesta en un boliche de Resistencia.
Esto no sólo habrá impactado al ministro Fabián Echezarreta y al gobernador Domingo Peppo, sino que habrá sorprendido al Gobierno y buena parte de la clase política, ya que la “abonada” en cuestión es nada menos que la hija de Miguel Ángel Fernández, histórico director del diario Norte, el mayor medio gráfico de la provincia, considerado un aliado clave del Gobierno.-
