La detención de la mujer había sido dispuesta por el fiscal Marcelo Soto, quien llevó a cabo la investigación.
Luego de ser asistida en el Hospital 4 de Junio, fue alojada en la Comisaría de Machagai, localidad de donde es oriunda.
Fue el Comité Provincial de Prevención de la Tortura quien denunció un "agravamiento ilegítimo de las condiciones en las que transcurre" la detención, e instó a que cese inmediatamente.
Cabe resaltar que la bebé es trasladada por su tía hacia la comisaría para que reciba así la alimentación de su madre. También es alimentada con leche artificial.
Desde el habeas corpus presentado en favor de la madre señalan que ya ha experimentado "un agravamiento de tal grado que a esta altura carece de legitimidad legal y constitucional".
También atribuyeron la situación a una "falta indispensable de perspectiva de género y, por ende, de derechos humanos por parte de las autoridades policiales y judiciales".
A su vez, afirmaron que la supuesta carencia de recursos jurídicos o materiales es una falencia que "debe ser prontamente corregida en este proceso mediante la revocación de las condiciones y formas de detención oportunamente impuestas por la Fiscalía de Investigaciones N°3".
Solicitaron la "urgente sustitución por una modalidad coercitiva que sea más humanitaria en consideración a las características personales de la amparada".
Por estos motivos, el juez Rodolfo Lineras hizo lugar al pedido y dispuso que la mujer sea detenida domiciliarmente en Machagai.
A propuesta de la interesada, el Tribunal sugirió que una persona mayor se desempeñe como tutora para que así la amparada tenga la obligación de permanecer en todo momento dentro del inmueble.
Por último, dejaron en manos de la Fiscalía de Investigaciones N°3 de Sáenz Peña la decisión de si implementar o no el "Sistema de Control por Tobilleras Electrónicas".-
FUENTE: www.diariochaco.com
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