El diputado peronista apuntó a la fiscal Graciela Griffith Barreto por desestimar la denuncia presentada en 2015. Habló de “motivaciones políticas”.
La misma funcionaria investiga ahora a funcionarios provinciales.
El diputado provincial Ricardo Sánchez destacó la decisión de la Justicia Federal de investigar la relación de la compañía Pimp SA con la Municipalidad de Resistencia a partir de los contratos firmados durante la intendencia de la radical Aída Ayala.
“En su momento denunciamos la inconstitucionalidad de esos contratos pero lamentablemente no encontramos eco en la Justicia provincial”, dijo en Libertad recordando las presentaciones hechas por él y otros legisladores alertando que los contratos no tenían el aval de dos tercios del Concejo Municipal como indica la Constitución Provincial para la delegación de servicios públicos.
Sánchez repasó que la gestión de Aída Ayala contrató a Pimp la recolección de residuos sólidos urbanos por 250 millones de pesos, más 269 millones para el servicio del “0800 Aída responde”, que consistía en la recolección de residuos “no convencionales”, como se denominaba a escombros, chatarras, ramas de árboles, animales muertos, entre otros.
Pero, además de esto, dijo que era más que evidente la relación de la entonces intendente con la compañía, administrada por el abogado Alejandro Fischer, quien ante había mantenido una relación con una de sus hijas.
“Fischer ya era el responsable de Recifis, que también le vendía varias cosas a la Municipalidad. Y después aparece Pimp, con Fischer ya con nueva pareja”, dijo, y agregó que “había concluido la relación familiar con la intendente pero conservaron la relación comercial”.
Para él, el vínculo entre el abogado y Aída Ayala fue concluyente, y apuntó a la conformación de Pimp en tiempo récord y cómo ganó la licitación: “No sólo no tenía experiencia sino que ni siquiera tenía un camión compactador, ni empleados, ni estaba inscripto como empleador en la Afip”.
Para Sánchez, es obvio que Aída Ayala evitó al Concejo porque, a pocos meses de finalizar su mandato, no obtendría el respaldo necesario para un contrato de ocho años con opción a una prórroga de otros cuatro.
Por esto, considera que la inconstitucionalidad era tan evidente que a la intendente le cabían “de cajón” los cargos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, sin embargo la denuncia, que recayó en la fiscalía de Graciela Griffith Barreto, fue desestimada.
“Respeto mucho a la fiscal pero se ha equivocado tremendamente”, dijo, y analizó su decisión: “Uno no tiene otra que pensar en motivaciones políticas, ya que en ese momento estaba a punto de comenzar la campaña electoral de 2015 en la que Aída Ayala era una de las candidatas”, y remató: “Seguramente la fiscal habrá tenido mucha presión y era más fácil archivar la causa que llevar adelanta una investigación profunda”.
“Los vicios formales del contrato eran más que evidentes, no había manera de pasarlos por alto, salvo que se mire para otro lado”, concluyó Sánchez.
Griffith Barreto investiga a funcionarios
Ahora, la fiscal Graciela Griffith Barreto integra junto a sus pares Nélida Villalba y Lucio Otero, el equipo especial que investiga a funcionarios provinciales por la posible comisión de los “delitos precedentes” de la causa Lavado 1, que persigue la Justicia Federal.
Por orden de estos fiscales fueron detenidos el exsecretario general de Gobierno: Horacio Rey, y su esposa Susana Fernández, exsecretaria privada del Gobernador, y el hermano de ella: Ismael Fernández, extitular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye; el exsubsecretario de Comercio: Roberto Lugo; el exsubsecretario de Políticas Comunicacionales: Paulo Butticé; y el excoordinador del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial: Gustavo Katavich.
Después la Justicia Federal amplió la lista de detenidos e imputados, y pidió al apartamiento del fuero provincial, pero esto aún no fue respondido.-
FUENTE: www.hdpnoticias.com.ar
