La investigación encabezada por el fiscal federal Carlos Amad tiene a nueve imputados, incluidos médicos y el intendente de Taco Pozo.
Tres cuadernos clave fueron arrojados minutos antes de un allanamiento.
La investigación encabezada por el fiscal federal Carlos Amad expuso una compleja red de corrupción y maniobras delictivas en el proceso de otorgamiento de Pensiones No Contributivas por Discapacidad (PNC) en la localidad de Taco Pozo.
Este esquema, según la investigación, involucra a funcionarios municipales y profesionales de la salud.
Hay 9 detenidos y cuadernos secuestrados, claves para comprender las maniobras que se realizaron.
La maniobra delictiva, según la investigación del fiscal Amad, consistía en reclutar a personas de escasos recursos a quienes se les pedía una suma ínfima de dinero para acceder a los beneficios de una PNC.
Estas personas estarían listadas y gestionadas desde la Municipalidad de Taco Pozo, bajo la administración del intendente Carlos Ibáñez y , a cambio de las pensiones, "debían recurrir para apoyar con su voto o de otras formas a la gestión".
El medico Marcos Gustavo Rojas, quien se desempeñó como Director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima hasta septiembre de 2019, fue para el Ministerio Público Fiscal uno de los actores principales en esta trama ya que era responsable de extender los Certificados Médicos Oficiales (CMO), que eran imprescindibles para el otorgamiento de las pensiones. Estos certificados consignaban el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad de los solicitantes.
Miguel Ángel Bilinski, bioquímico, asumió la dirección del hospital hasta febrero de 2023, continuando para el fiscal Amad con las mismas "prácticas fraudulentas de su predecesor".
CÓMO ERA EL PROCESO
El procedimiento para el otorgamiento de las PNC involucraba múltiples pasos y verificaciones, muchos de los cuales fueron sistemáticamente burlados o manipulados:
1. Emisión del Certificados Médicos Oficiales (CMO): los médicos Rojas y luego Bilinski emitían los CMO, necesarios para certificar la discapacidad del solicitante.
2. Verificación de ANSES: Los expedientes eran elevados a la ANSES, que verificaba los datos filiatorios y la condición social del solicitante utilizando su base de datos. Esta verificación incluía la revisión de los aportes laborales del beneficiario y su entorno familiar.
3. Evaluación Social: Una asistente social de ANSES debía realizar una evaluación del estado de vulnerabilidad del solicitante. Esta evaluación era a menudo obviada o manipulada.
4. Verificación de ANDIS: Finalmente, el expediente era enviado a ANDIS, que verificaba si el médico firmante estaba registrado en la Red Federal de registro de profesionales de la salud (REFEPS) y si el hospital estaba en la Red Federal de Establecimientos de Salud (REFES).
La directora de ANDIS declaró que su organismo solo tenía la función de verificar estos registros.
Para Amad, "la ANDIS solo es un organismo más que depende y fue creado por el Poder Ejecutivo Nacional, como tantos en este país que no cumplen ninguna función trascendental, basta observar cómo es que nunca advirtieron cómo en un pueblo tan pequeño como Taco Pozo pudieran registrarse en sólo un año 662 PNC".
LOS CUADERNOS
Durante un allanamiento en el domicilio de María Estela Luna, secretaria del médico Rojas, llevado a cabo el 9 de agosto de 2023, se incautaron dispositivos electrónicos, numerosas historias clínicas y, lo más revelador, tres cuadernos que documentan las maniobras realizadas.
Vecinos de Luna fueron quienes entregaron a las autoridades tres cuadernos y varios papeles que habían sido arrojados por la mujer hacia la casa contigua, minutos antes de la llegada de la policía. Todos contenían información vital sobre el fraude.
La imputada reconoció que los tiró, lo que para Amad "da a entender su reconocimiento del obrar ilícito en el que estaba involucrada , de lo contrario no hubiera procedido de tal forma".
El cuaderno azul, de 50 hojas, contenía claves y usuarios de seguridad social de ANSES, esenciales para la apertura de expedientes de PNC.
Este hallazgo demostró que los involucrados tenían acceso directo a información confidencial y podían manipular el sistema para otorgar pensiones de manera fraudulenta.
En el cuaderno rojo, también de 50 hojas, se registraban los montos pagados por los beneficiarios, las cancelaciones y las deudas pendientes.
Además, se anotaban las patologías asignadas a cada persona, "indicando cómo se manipulaban los diagnósticos médicos para justificar las pensiones". Cabe destacar que la tramitación de las PNC es un proceso gratuito.
El cuaderno amarillo, de 194 hojas marca Rivadavia, contenía una inscripción interna en su tapa que indicaba un "ritmo o cadencia" de la cantidad de trámites a realizar diariamente, mencionando patologías como Chagas y Diabetes.
Las páginas siguientes incluían anotaciones de usuarios y claves de Seguridad Social, así como deudas y pagos por tramitaciones de PNC.
También se encontraron referencias a localidades de otras provincias, como Monte Quemado, Santiago del Estero.
El hallazgo de estos cuadernos llevó a la fiscalía a corroborar la información con múltiples testimonios, una mujer declaró que pagó $ 6.000 en la casa de la secretaria investigada para la obtención de su certificado, otra dijo que pagó entre $ 10.000 y $ 15.000 sin haber recibido ningún estudio médico a cambio.
Otro hombre, en diciembre de 2023, indicó que "todos sabían" que Luna cobraba por estos trámites, y él mismo pagó $30,000 en un solo pago en su domicilio. Sin embargo, otros beneficiarios negaron haber pagado, aunque sus nombres y montos pagados aparecían claramente en los cuadernos incautados.-
