Hay incertidumbre sobre la medida judicial pedida para retrotraer los valores.
Malestar de los pasajeros ante un nuevo aumento, con servicios que siguen con las complicaciones de siempre.
Los usuarios del transporte de colectivos del Gran Resistencia notaron desde la tarde de este lunes la importante suba del pasaje de un 62%. Rige el aumento al que se llegó luego de las audiencias públicas que se hicieron a fines de septiembre.
Luego de dicho proceso, se anunció que valor del viaje pasaría de $710 a $1150, un aumento considerable pero en línea con la mayoría de los servicios públicos.
En el gobierno señalan que los recursos no abundan y que debe sumarse que desde inicio de año la Nación dejó de inyectar fondos como subsidios, lo que tras lada responsabilidades a las provincias en medio de un ajuste de la Casa Rosada en todas las cuentas.
En el Ejecutivo señalan que están al límite con los aportes por compensaciones y marcan que no pueden aumentarse, empresarios y choferes cada uno atiende su juego y en el medio quedan los usuarios que vieron un incremento más que considerable en el 2024, de los $85 de febrero a los $1150 con los que terminará el año.
En esa fragilidad que cada vez caracteriza más al sistema, ese tire y afloje entre la UTA y los concesionarios al menos indicaron que en el corto plazo marcan que, difícilmente, se den medidas de fuerza a partir de que los acuerdos salariales que se lograron después de un tiempo largo de negociación, lo que al menos garantiza la circulación de los micros.
Con los valores que rigen desde la tarde de este lunes, Resistencia se posiciona en el octavo lugar entre las capitales y ciudades cabeceras de provincias que tienen transporte urbano en lo que hace a tarifas más altas.
Judicialización
El aumento llega en medio de la presentación de un recurso de amparo y medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo, en las que cuestiona la legalidad de las audiencias públicas y por ende considera que la tarifa no puede modificarse.
En concreto lo que señalan es que el estudio de costos no tuvo la suficiente solvencia en cuanto a clarificar los aportes que realizan el Estado y lo que queda para el usuario.
Otro de los puntos que cuestiona va sujeto al primero ya que al no estar clara la forma en la que se llega al valor técnico no puede legitimar la cifra, a ello agrega que no pueden perderse de vista criterios como la razonabilidad, de que una tarifa alta atenta contra los sectores de menores ingresos, mayoritariamente el grueso de los usuarios.
De conseguir respaldo el pedido, habrá que ver si retrotraen las tarifas como lo sugiere el escrito.
Hasta tanto se realice otra audiencia, en el medio de darse este escenario, habrá apelaciones por parte del Poder Ejecutivo con el argumento de que las audiencias se hicieron conforme a la legislación vigente.-
FUENTE: www.diarionorte.com
