Mientras la Justicia Federal avanza con la investigación por presunto lavado de activos contra la cadena de gimnasios Exen, con sucursales en Resistencia, Corrientes y el interior de la provincia, los empleados esperan una definición que puede cambiarles la vida de un día para el otro.
La jueza a cargo del caso tiene sobre su escritorio un pedido de intervención judicial que busca algo muy concreto: que las máquinas no se muevan de las sucursales y que los trabajadores no pierdan su fuente de ingresos mientras dura el proceso.
¿Qué pidieron los abogados de los empleados?
Son cuatro las sociedades vinculadas a la causa, todas bajo la lupa de la Justicia. Pero el pedido de los abogados apunta puntualmente a una de ellas: la que tiene la titularidad de las sucursales de Arturo Illia, Avenida Las Heras y Santiago del Estero. Según explicó Sinkovich, hasta el martes las máquinas de esas tres sedes seguían en su lugar, es decir, en condiciones de volver a funcionar.
La propuesta tiene tres patas. Primero, un administrador judicial: un empleado de la propia empresa, contador público, que ya se encargaba de liquidar sueldos y manejar las cuentas bancarias antes de que todo esto empezara.
Segundo, dos veedores públicos que controlen la actividad: uno propuesto por ARCA (el organismo fiscal, que sería el afectado directo si hay lavado de dinero) y otro del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, a través de la Secretaría de Empleo, para cuidar los derechos de los trabajadores.
"Son terceros de buena fe, como lo reconoce la propia magistrada", remarcó el abogado sobre la situación de los empleados, que no están imputados en la causa.
¿Por qué insisten en que las máquinas no se secuestren?
Esta semana circuló la versión de que la jueza había adelantado que se necesitaba más logística para retirar los equipos de las siete sucursales.
Sinkovich fue tajante: sacar las máquinas es una decisión que le corresponde a la Justicia, pero advirtió que las medidas actuales parecen apuntar más a "desmantelar el negocio" que a resguardar la investigación.
El argumento de fondo es económico y también legal. Los dueños investigados siguen siendo, hasta que haya sentencia firme, personas inocentes: así lo marca el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y si en algún momento la causa termina en condena, el Estado podría decomisar los bienes de la empresa. La pregunta que plantea el abogado es simple: ¿Qué se va a decomisar si para entonces no queda ni el cartel?
¿Y los sueldos? El nudo de las cuentas embargadas
Uno de los puntos más sensibles del pedido es económico: las cuentas de la sociedad están embargadas, lo que complica pagar sueldos, alquiler, luz y agua. Por eso la presentación judicial incluye levantar el embargo y las medidas cautelares económicas, pero solo sobre la sociedad que maneja las tres sucursales en cuestión. El resto —incluidas las sedes de Corrientes y del interior chaqueño— seguiría inhibido tal como está ahora.
Si la jueza autoriza la medida, el dinero podría moverse con normalidad, pero con un control adicional: cada pago y cada giro bancario deberá quedar rendido ante los veedores designados.
Un acuerdo entre compañeros y la incertidumbre de fin de mes
De las siete sucursales originales, los propios empleados llegaron a un acuerdo interno: si la Justicia habilita la reapertura, funcionarían solo tres, y las horas de trabajo se repartirían de manera equitativa entre todos para que nadie se quede sin sustento. La nota que presentaron los trabajadores ante la Justicia lleva la firma de cerca de 40 empleados, aunque se espera que se sumen más si las puertas vuelven a abrir.
Según el detalle presentado a la causa, entre los empleados hay personas totalmente en blanco y otras que se desempeñaban como prestadores de servicio.
En caso de aprobarse la intervención, aclaró Sinkovich, la relación laboral seguiría exactamente igual que antes, incluidos los derechos ante un eventual accidente de trabajo. La única diferencia sería el monitoreo judicial permanente.
El antecedente que todos miran: el caso PIMP S.A.
No es la primera vez que la Justicia chaqueña recurre a este tipo de figura. Sinkovich recordó el caso PIMP S.A., una intervención judicial dispuesta cuando se investigaban maniobras de lavado de dinero vinculadas al servicio de recolección de residuos.
Aquella vez había un condimento extra —se trataba de un servicio público—, pero el abogado remarcó que la lógica de fondo es la misma: sostener la actividad mientras avanza la causa, sin desatender a las personas que dependen de ella.
Lo que sigue
Como toda medida cautelar, la jueza debe expedirse. Pero al tratarse de una causa penal en curso, lo más probable es que primero le dé vista al fiscal para que emita un dictamen. No es una opinión vinculante al ciento por ciento, aclaró Sinkovich, aunque en la práctica suele tener mucho peso.
Mientras tanto, la espera sigue. "Lo están pasando mal, no saben cómo el mes que viene van a pagar las cuentas", resumió el abogado, que además contó que recién esta semana el secretario de Empleo convocó a los trabajadores para escucharlos, después de que se hiciera público que nadie los había llamado.
Para las casi 80 familias afectadas, cualquier resolución —favorable o no— sería mejor que seguir sin respuestas.-
FUENTE: www.diarionorte.com
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