El robo de 100 mil kilos de leche fortificada de los galpones del Ministerio de Salud Pública sólo fue posible por el caos organizado y generalizado que se instaló en el Departamento de Logística, con presunta sede en el Galpón ubicado en el Km. 1003 de la ruta 11, entre calles Guaycurú y Paso de la Patria de la ciudad de Resistencia.
Sin embargo, para organizar el robo o la estafa no alcanzó con aprovechar un simple y viejo sistema que funciona libre de controles.
Fue necesaria la participación de áreas del Ministerio de Salud, de Fiduciaria del Norte y de proveedores.
Usufructuaban un desorden organizado y sustrajeron leche destinada a niños de 0 a 2 años de edad en situación de riesgo nutricional, desnutridos, mal nutridos o anémicos.
En la compra intervino Fiduciaria del Norte, empresa privada de capital estatal mayoritario que se promociona como el mejor instrumento del Estado para transparentar la administración y destino de los fondos públicos.
Esta empresa concentra todo el sistema de compra de bienes y servicios del Sector Público, salvo las cajas chicas que manejan ministerios y otras áreas de gobierno.
Este pool de compras compromete el manejo millonario de prácticamente todo el presupuesto de la Provincia destinado a comprar para el Estado, a excepción del pago de sueldos.
Fiduciaria del Norte, a través del Fideicomiso de Cancelación de Deudas (sic), convocó al Concurso Público 01/2018 tras recibir a fines de 2017 un pedido del Ministerio de Salud que señalaba la existencia de un insuficiente stock de leche en polvo fortificada con hierro y zinc que enviaba la Nación en el marco del Programa Materno Infantil.
Para ello, el vicegobernador, Daniel Capitanich, firmó el Decreto 83/2018 destinando 40 millones de pesos del Fondo de Salud Pública para la compra de esa leche para atender la demanda de tres meses.
Tras la operación de compra de leche que efectuó la Fiduciaria se detectó el faltante de 100 mil kilos. Desde entonces el gobierno, la Fiduciaria, el empresario proveedor y el procurador Jorge Canteros, prácticamente sin investigar ni analizar la documentación disponible, se empeñaron en difundir que la leche robada no estaba vinculada con la operación de compra que se autoriza a través del Decreto 83/2018.
Sin embargo, de la documentación que maneja el Gobierno inicialmente surge que la leche robada fue comprada a través del Concurso de Precios 01/2018.
La operación sobre la opinión pública fue y sigue siendo muy fuerte y de tan alto nivel que en la investigación judicial el procurador Jorge Canteros partió de un dato llamativamente frágil, cuando manifestó que “La Fiduciaria del Norte tiene perfectamente acreditada la compra y la entrega física a Salud Pública, y nosotros trabajamos con esta certeza”.
Esta opinión, por lo menos, parece precipitada según el objetivo que persigue el equipo fiscal que investiga y el procurador Canteros.
El punto de vista difundido por el procurador del Poder Judicial hasta puede impedir que se requiera al fabricante un informe que confirme o no que vendiera 279.339 kilos de leche con destino a un empresario intermediario del Chaco en el marco del Concurso de Precios 01/2018 de la Fiduciaria del Norte.
La clave: los remitos truchos
La documentación que respalda la entrega de la leche de la operación efectuada por la Fiduciaria del Norte tiene marcados defectos formales que no debieron pasar inadvertidos para quienes organizaron la compra o investigan el caso.
En los remitos faltan datos relevantes que obligatoriamente deben figurar según las buenas prácticas protocolizadas.
Lo más grave, es que no figuran los números de lotes de leche. Por lo tanto, los remitos no acreditan que la totalidad de la leche comprada ingresarán físicamente a los galpones del Ministerio de Salud, aunque en esos papeles figuran las firmas de la persona encargada de recibir los lotes comprados, que era una becaria del Ministerio de Salud, Marcela Aceval, quien fue desplazada después de descubrirse el robo o la estafa.
Si se partiera de la base que intenta instalar el procurador Canteros, innecesariamente se cerraría una de las hipótesis de investigación, quizás la más importante, en función de la documentación que ya está incorporada en la investigación que lleva adelante el Ministerio de Salud, que es bastante clara y que pone en crisis la hipótesis que investiga la Justicia penal chaqueña.
Parece que intentan un pase de magia que podría borrar las pistas que podrían comprobar que no fue entregada la totalidad de la leche comprada.
Lo concreto es que la falta de número de lotes en los remitos sometidos a investigación no permite, por ahora, establecer la trazabilidad de la leche que fuera entregada por el proveedor al Programa Materno Infantil.
Es una tarea difícil, pero no imposible, el rastreo de la leche comprada a través del aparente Concurso Público 01/2018.
Sin embargo, se puede lograr establecer la ruta de la leche cruzando la información a partir de las documentaciones administrativas y contables del fabricante, del intermediario, de la Fiduciaria del Norte y del Ministerio de Salud.
Es posible reconstruir esa ruta. Lo que resulta inexplicable es por qué no lo están investigando.
Lo primero que debería haber hecho la Justicia penal fue solicitar la facturación y los remitos confeccionados por la empresa láctea La Sibila cuando vendió la leche marca Puríssima.
Un solo dato discordante entre la información que aporten las empresas, la Fiduciaria y el Ministerio de Salud haría saltar por el aire los remitos conformados por la becaria Marcela Aceval, encargada del control y recepción de la leche en polvo fortificada que entraba y salía de los galpones del Ministerio de Salud Pública, ubicados en Km. 1003 de la Ruta 11 y Km. 23 de la Ruta 16.
Aceval ya reconoció en informes elevados a la Directora de Logística del Ministerio de Salud que personalmente no controlaba la descarga de leche en polvo fortificada ni la carga para su transporte a los distintos centros sanitarios del Chaco.
En muchos casos esta tarea fue efectuada por Pablo Godoy, empleado de la empresa Correo Argentino, a quien para realizar la operación se le entregaban las llaves de los galpones que estaban a cargo de la jefa del Departamento de Logística, Miriam Torresi. Nadie de Salud Pública participaba de los controles.
El día D y sus entretelones
Fueron peculiares las excusas de Aceval para ausentarse de su trabajo. Una de ellas, bastante recurrente, era que no tenía vehículo para trasladarse a los galpones. Que cuando podía, se trasladaba en los camiones del Correo Argentino al momento de la carga o descarga de leche en polvo fortificada. Así funcionaba el sistema y los negocios.
Es tal el escándalo que se produjo que la propia Aceval reconoció que Godoy, el empleado del Correo, fue quien le avisó que en el galpón de Ruta 16 Km. 23 no había más leche cuando se suponía que quedaba un stock de, al menos, 100 mil kilos.
Pero no sólo eso fue raro, sino que Godoy avisó de ese faltante el pasado 5 de septiembre. Como Salud Pública no tenía un automotor para recorrer 15 km. y llegar al galón de Ruta 16, la becaria esperó dos días para llegar al lugar, lo que se produjo cuando la empresa Correo Argentino destinó un vehículo. Recién en esa oportunidad Aceval confirmó el faltante.
Más llamativo resultó el hecho de que a pesar de que Aceval tomara conocimiento el 5 de septiembre de la faltante de los 100 mil kilos de leche no informó a ningún superior sino dos días después. Cuando concurrió al galpón de Ruta 16 convocó al subsecretario de Logística e Infraestructura, Martín Bodini, a la encargada Torresi, a la Directora del Plan Materno Infantil, Andrea Lew y llamó a la Policía del Chaco.
Además, cuando de lo que se habla es de por lo menos cinco camiones completos de leche en polvo fortificada para trasladar 100 toneladas, se intentó describir lo que pareciera que fue una escena de un delito. Se dijo, en informes presentados al Ministerio de Salud, que una de las puertas traseras fue abierta, una reja violentada y que había algodones tirados en el piso. Hasta ahora, todos aceptaron esa versión. En principio, el ministro de Salud, Luis Zapico, está dispuesto a investigar.
75.264 kilos de leche a 531 pesos por kg
Contra la documentación tomada en cuenta, plagada de deficiencias, Fiduciaria del Norte pagó 40 millones de pesos para comprar 279.339 kilos de leche fortificada.
Si hubiera llegado a Chaco la leche en polvo fortificada Puríssima que cuenta con los respaldos de los remitos que contienen datos parciales, sin número de lotes, el total de leche ingresada sería de 75.264, con lo cual el precio pagado por kilo no sería de 400 pesos calculados en principio, sino $ 531 por kilo. Un posible e histórico desfalco.
De 15 remitos correspondientes a la operación que derivó del aparente Concurso Público N° 01/2018, solo 4 fueron parcialmente bien confeccionados, según reglas protocolizadas. No figuran los lotes de leche en ninguno de estos 15 remitos.
Esto es lo que dificulta, pero no imposibilita, rastrear la leche sin contar -por lo menos- con una caja física de ellas.
Además, la falta de número de lotes en los remitos de transportes de sustancias alimenticias viola reglamentaciones del SENASA, del Ministerio de Salud y de las buenas prácticas de las empresas lácteas.
Por la forma en que se confeccionaron, no sería una exageración compararlo con los piratas del asfalto de aquellos que participaron en el transporte de la leche fortificada.
En función de las irregularidades fácilmente detectables en los remitos, es que llama poderosamente la atención que la becaria encargada del control que le puso su firma a cada uno de esos remitos no haya advertido la grosera deficiencia, cuando casi a diario firmaba conforme.
Producto del robo o de la estafa, quizás, la Fiduciaria del Norte, el proveedor y la Justicia penal instalaron la idea de que el robo se produjo en los galpones luego de que la leche en polvo fortificada Puríssima fuera entregada y recepcionada por la becaria del Ministerio de Salud. Es igual a intentar que se consuma la impunidad.
Ya se hizo en anteriores ocasiones. Sería el triunfo de la corrupción, esta vez sobre el hambre o la nutrición de los niños de menos de 2 años en riesgo de desnutrición, desnutridos, mal alimentados y anémicos.
Leche enviada por el Gobierno Nacional
A diferencia de las graves irregularidades encontradas en los remitos vinculados con las compras que efectuó la Fiduciaria del Norte, todos los remitos de los lotes de leche que envió el gobierno nacional fueron correctamente confeccionados y correspondió a la compra de leche de las marcas Verónica o Santa Clara. Es la que se estuvo distribuyendo en el mes de septiembre pasado.
En esos remitos figuran todos los datos exigibles por protocolos. Figuran los números de lotes de la leche transportada, la identificación de los camiones, las patentes de los chasis y de los acoplados contratados, los nombres de cada uno de los choferes y sus documentos de identidad, además del lugar (origen) de la carga de la mercadería y lugar de descarga (destino).
Es que con toda la información que obligatoriamente se debe cargar en los remitos, que deriva de una práctica protocolizada y no fueran cumplidas, fácilmente se puede determinar la trazabilidad de cada lote de leche, estableciéndose el flete hecho desde la fábrica, pasando por las manos de los intermediarios hasta llegar a los beneficiarios de cada paquete de kilo de leche fortificada entregadas.
Fiduciaria, gobierno paralelo
De la investigación específica del robo de las 100 toneladas de leche deberían desprenderse otras investigaciones para esclarecer hechos vinculados al sistema para establecer cómo operan la Fiduciaria del Norte, los proveedores y los organismos del Estado.
Es evidente que si el caos no hubiera sido organizado, no se habría producido el robo de la leche y otros posibles casos de corrupción en las que interviene la Fiduciaria.
Además, si con la documentación aportada por la empresa proveedora no se pudiera tener certeza de que la mercadería hubiese sido entrega a la Provincia, surgiría la responsabilidad de la Fiduciaria del Norte que aceptó y pagó 40 millones de pesos cuando los remitos de entregas de lotes de leche en polvo fortificada tenía serios defectos formales que debieron ser advertidos por la empresa estatal, si es que se dedica a proteger los intereses del Estado y a administrar los fondos públicos de manera transparente.
La intervención de la Fiduciaria quizás no ha sido una casualidad. Desde el gobierno de Jorge Capitanich se utilizó a esta empresa para saltear todo tipo de controles, canalizándose miles de millones de pesos sin que se apliquen –en forma total y estricta- las medidas de seguridad previstas en el sistema de control financiero del sector público (Ley 4787).
Es claro que la Fiduciaria funciona como un gobierno paralelo, que con Domingo Peppo en el Ejecutivo provincial llegó al clímax de la falta de transparencia y de sospechas de múltiples actos de corrupción.
FUENTE: *Centro de Investigación Mandela
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