Luego de 500 mil firmas reclamando al gobernador Urtubey a través de la campaña de Greenpeace, el gobierno de la provincia de Salta dictó una multa a Alejandro Braun Peña por 2,5 millones de pesos.
Le ordenó la reforestación de la finca y lo incluyó en el registro de infractores de la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta.
En marzo de este año el empresario había amenazado a los representantes de Greenpeace, durante una audiencia de mediación, por la campaña que la organización estaba llevando adelante.
En los fundamentos la disposición (1) incluye la denuncia de la organización: “Que en fecha 20 y 22 de febrero de 2018, la ONG Greenpeace denuncia que el Sr Braun Peña habría continuado las actividades de cambio de uso de suelo con posterioridad a la suspensión ordenada por Resolución 019/2018” y establece que las actividades de desmonte realizadas desde enero en la finca fueron ilegales (2); que no se podía continuar con la deforestación en esas áreas. Braun Peña deberá pagar por los bosques nativos y reforestar lo destruido.
“Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes.
Hoy gano la Ley de Bosques”, dijo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La destrucción de bosques en la finca Cuchuy, de Braun Peña, de 550 hectáreas, es uno de los casos denunciados por Greenpeace (3), junto a los de Los Pozos, del empresario puntano Pedro Cignetti (540 hectáreas); y La Peregrina, del uruguayo Bruno Varela Marín (200 hectáreas).
A pesar de que en enero de este año la Nación declaró ilegales los 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas (2), Greenpeace comprobó mediante imágenes satelitales que las topadoras continuaron arrasando las tres fincas mencionadas.
“Aunque la resolución y la multa se hicieron esperar, lo importante es que no habrá indulto para los desmontadores y que deben reforestar lo destruido”, agregó Cruz.
De acuerdo a datos oficiales, en Salta se destruyeron 174.024 hectáreas de bosques protegidos entre 1998 y 2017, aproximadamente 8 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
“Esta disposición no puede ser un caso aislado, cumplir con la Ley Nacional de Bosques debe ser la norma.
Vamos a seguir defendiendo los bosques nativos y a sus habitantes en cada lugar que peligren. La fiesta del desmonte debe terminar de manera definitiva y el bosque debe volver a estar en pie”, finalizó Cruz.-
