El Estado Nacional negó a través de un escrito presentado en el Juzgado Federal de Resistencia que el 19 de julio de 1924 en Napalpí haya habido masacre de aborígenes.
De la misma manera, rechazó por “no ostentar rigor histórico” un libro sobre el tema de Vidal Mario, a quien además se calificó de “autodenominado historiador”.
Según el alegato, el libro Napalpí, la herida abierta de dicho autor es sólo “una retro alimentación de información periodística de época” y que su valor histórico “no queda demostrado ni justificado por autoridades, como puede ser una academia, en la materia”.
Subrayó que Mario se comportó “de manera indebida y sin rigor técnico” al afirmar “la existencia de una masacre indígena atribuida al accionar ilícito del Estado Nacional, sin que los hechos hayan sido investigados y calificados en proceso judicial”.
Remarcó, además, que el término masacre con que se refirió a lo que ocurrió en Napalpí es un “término periodístico carente de validez histórica” por estar comprobado –según el referido alegato- que lo sucedido fue “un mero hecho policial”.
Estas y consideraciones similares forman parte del documento presentado por el Estado Nacional en el marco del juicio civil por el hecho conocido como “masacre de Napalpí”.
Acriterio del Estado Nacional, “no hay evidencias concretas que confirmen que en el tiempo señalado y en el lugar indicado se consumó una masacre atribuible a un accionar sistematizado y organizado por parte de una autoridad nacional”.
Todo se trató, sostiene, “de un conflicto político entre el partido socialista a cargo de la municipalidad de Resistencia, con motivo de la proximidad de elecciones”.
El socialismo, argumenta, usó una coyuntura electoral para presentar el hecho “como un accionar arbitrario del gobernador Centeno, con quien se encontraba enfrentado políticamente”, y que “el dramatismo con que se revistió la cuestión provino de un representante del partido socialista de apellido Arribálzaga”.
“No fue un mero hecho policial”
Por su parte, entrevistado por Sergio Schneider en su programa de Radio Libertad, Vidal Mario opinó que “el Estado Nacional se equivocó al elegir como representante legal a un conocido abogado del foro local” porque, dijo, “exhibe un lamentable desconocimiento de la verdadera historia de Napalpí”.
Comenzó haciendo notar que el abogado dice actuar además como “representante de Gendarmería Nacional”, cuando que ésta fuerza no tuvo nada que ver en el hecho.
Éste organismo de seguridad, explicó, fue creado 14 años después, el 28 de julio de 1938. “Por lo tanto –señaló- es imposible que haya podido estar en Napalpí”.
“Es como atribuirle a una persona un delito cometido catorce años antes de nacer”, apuntó.
Reiteró que en realidad “los atacantes fueron ochenta policías del Territorio Nacional del Chaco, quienes dependían del Ministerio del Interior de la Nación”.
Recordó en éste sentido que el expediente número 910/24 que se abrió tras el hecho fue caratulado “Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí”.
De modo que, añadió, “a través de esa carátula y de ese expediente la misma justicia confirmaba que en la Reducción de Napalpí hubo una sublevación indígena reprimida por ochenta policías y un número no determinado de civiles”.
Consecuentemente, dijo, “no fue un mero hecho policial sino una sublevación ahogada a sangre y fuego”, y que las palabras finales del parte que el encargado del operativo elevó ese mismo día a sus jefes eximen de mayores comentarios: “La paz, el orden y el respeto a la autoridad han sido restablecidos. Dios guarde a Vuestra Excelencia”.
No obstante, remarcó, “no es criticable la función del apoderado del Estado Nacional; debe cumplir con la misión para la que fue designado, que es la de intentar demostrar que en Napalpí no hubo masacre sino un hecho policial menor”.
Mario sí reprochó que “se le falte el respeto al sabio naturalista Enrique Lynch Arribálzaga, de vida jalonada de episodios brillantes en beneficio del Chaco pero al que en el alegato se acusa de fraguar, con fines electorales, la historia de la masacre”.
Fraudulento operativo judicial
En otro tramo de la entrevista, el escritor subrayó que el Estado Nacional posiblemente no tenga conocimiento del “fraudulento operativo judicial” que el gobierno de Centeno planificó tras la masacre para ocultar el sangriento episodio.
“Las investigaciones se iniciaron en el juzgado del doctor Justo P. Farías, pero pronto ese juez fue cambiado por otro adicto al gobierno llamado Juan Sessarego”, señaló.
Siguió explicando que “increíblemente el juez Sessarego llamó a prestar declaración testimonial únicamente a los comisarios y oficiales involucrados en la matanza, tras lo cual se dispuso a cerrar y archivar el caso”.
El fiscal Jerónimo Cello, añadió, elevó una nota al juez protestando por su parcialidad.
En su nota pidió que no se cierre la causa y que se cite a declarar también a los aborígenes a los que todavía se mantenía prisioneros, así como “a los otros agentes y particulares que en gran número intervinieron en el hecho”, remarcó.
“A éste fiscal –dijo- lo sacaron del medio mandándolo lejos, a Paraná, Entre Ríos, medida con la cual quedó despejado el camino hacia la impunidad”
“Que Napalpí no fue inventado durante una coyuntura electoral queda visible en el hecho de que el 6 de enero de 1937, trece años después, El Territorio denunció que por las calles de Resistencia todavía se paseaban impunemente algunos de los policías que perpetraron la matanza”, señaló Mario.
“Soy historiador”
Sobre la calificación de “autodenominado historiador”, apuntó que “toda persona que se dedique a hacer recuentos e inventarios del pasado, como es mi caso, es un historiador”.
Aunque aquilata “una trayectoria de 45 años al servicio de la historia”, subrayó que no se define como historiador sino como “un periodista que cuenta historias”
Señaló que hasta el presente ha publicado 21 libros sobre los más diversos temas históricos, y que viajó a países como España, Estados Unidos, Grecia, Israel, Egipto y la India para presentarlos
“Por lo tanto, seguramente algo de historiador debo tener”, concluyó Vidal Mario.-
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