El pasado 3 de junio, Graciela Aranda renovó su cargo como secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales de Chaco (Sejch), el cual conduce hace 16 años.
Lo logró por una diferencia de 24 votos en medio de fuertes acusaciones por "irregularidades", "fraude" y "malicia" que, a criterio de una Comisión Investigadora que funciona desde 2021, hace que los comicios sean "ilegales".
Sobre el acto eleccionario, Martín Núñez, Felix Morales y Ramón Ríos, candidatos de la lista opositora a Aranda e integrantes de la Comisión Investigadora conformada el 30 de abril de 2021, recordaron que la Lista oficialista cosechó 301 votos y la Lista Roja 277, y advirtieron que "la lista de Aranda hizo valer votos de los Juzgados de Paz del interior, que esa mañana el Superior Tribunal de Justicia, a través de un comunicado emitido por la inspectora de Paz, no autorizaba a que los jueces de Paz actúen de Autoridad electoral ya que la Junta Electoral no solicitó la autorización correspondiente".
A casi un mes del acto eleccionario, la Comisión Investigadora del Sindicato de Empleados Judiciales de Chaco convocó a una conferencia -finalmente suspendida- para brindar detalles de una denuncia penal radicada en la fiscalía N°1 de Resistencia el pasado 11 de mayo. En el escrito, enumeran una serie de irregularidades de la Comisión Directiva del SEJCH y mencionan que deben 4 balances de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021.
En dialogo con Diario Chaco , Alberto Martín Núñez indicó que la denuncia "está basada en hechos probados, documentados de malversación de patrimonio porque se vendieron cosas del patrimonio del sindicato sin las autorizaciones correspondientes que son de la asamblea". Las acusaciones se formularon después de una investigación que se realizó con mandato de las Asambleas celebradas en abril y junio del 2021.
"A raíz de todas las irregularidades que se detectaron en el manejo de la Comisión Directiva, se expulsó a 3 integrantes de la misma y se creó una Comisión Investigadora" , contó Núñez.
En el trabajo de investigación, los miembros de la Lista Roja advirtieron que "se fue probando cómo se fueron desprendiendo de distintos bienes patrimoniales y también cómo se fue manejando los fondos de dinero en efectivo que pertenecían a los afiliados. En la actualidad, la lista de Graciela Aranda es la que tiene que rendir cuentas de todo el desmanejo que hubo y de la conducta anti gremial".
La investigación continúa y según Núñez "siguen apareciendo delitos que se van
ampliando en las denuncias que ya se efectuaron. La que se presentó y está en la Fiscalía N°1 es respecto de la venta de patrimonio en General San Martín, la venta de la sede que tenía el Sindicato de Empleados Judiciales en French 960 y se desconoce para qué se utilizaron los fondos".
"Nunca se pudo obtener un crecimiento en la institución. Al contrario, lo único que crecieron fueron las demandas en contra del sindicato" , añadió Núñez y recordó la supuesta estafa a unas 100 familias que compraron terrenos en un predio con la promesa de que en el lugar se iban a construir viviendas. La causa tiene involucrada a Graciela Aranda ya que en la operatoria aparecía el Sindicato de Empleados Judiciales.
Al ver que no iniciaban las obras, en el 2017 un grupo de unas 20 personas denunciaron a Aranda por supuesta estafa y también a Miguel Ramos, dirigente judicial de Sáenz Peña, y a Eduardo Vargas, empleado bancario.
"Engañaron a cien personas, mintiéndoles sobre la aprobación del barrio y el comienzo inminente de la obra que tenía fecha supuestamente para los primeros meses del año 2015 (jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo) sin embargo, para convencer mintieron sobre este punto indicando fecha de inicio de las obras.
Obtuvieron una importante cantidad de dinero en representación del SEJCH, y ofreciendo un inmueble que en definitiva nunca fue propiedad del SEJCH ni tampoco fue adquirido por la entidad y mucho menos por los postulantes, lo que significa lisa y llanamente una operatoria sobre bienes ajenos. Por otro lado, no se sabe el destino de los fondos, aun cuando todo indica el beneficio personal", detalla la denuncia formulada años atrás.
La última novedad de la surgió desde el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, a cargo de Mariana Benítez, que se opuso al pedido de sobreseimiento de Aranda, Ramos y Vargas planteado por el fiscal Arana.-
FUENTE: www.diariochaco.com
