Los denunciantes ven acrecentada su angustia porque pareciera que la jueza Teresita Fanta está a punto de acceder a su jubilación anticipada sin ser sometida a un enjuiciamiento por maltrato laboral.
Hace 424 días exactamente, la Procuración General presentó formalmente su acusación contra Teresita María Beatriz Fanta, jueza Civil y Comercial Nº 22 de Resistencia.
Ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. La acusación solicitaba su destitución debido a deficiencias en la gestión jurisdiccional y por casos de violencia laboral. A pesar de que pasó más de un año desde entonces, la incertidumbre y el hermetismo persisten, dejando a los denunciantes en un limbo legal.
El inicio del jury contra Fanta estaba programado para febrero de este año, pero pasaron cosas.
Se debieron resolver varios planteos y recusaciones, y además la Magistratura renovó su composición en medio de estos acontecimientos.
Aunque se esperaba que el enjuiciamiento comenzara en mayo, actualmente no hay indicios de una fecha concreta, lo que genera dudas sobre la continuidad del proceso.
Por estas horas, la Magistratura corrió vista a la Procuración General y al Sindicato de Empleados Judiciales el trámite de jubilación anticipada de la jueza Fanta, junto con el pedido de archivar las actuaciones, algo que está siendo analizado por Jorge Canteros y que el sindicato rechazará de plano, pese a que sus argumentos todavía son reservados.
Para que el juicio político contra Fanta comience, es necesario resolver primero el impacto que tendrá la jubilación anticipada , lo cual parece ser inminente dada la resolución del INSSSEP que indica un alto porcentaje de invalidez laboral de la magistrada.
El hermetismo persiste en medio de las dudas sobre si el jury, frente a esta situación, avanzará o no. Además, aún queda pendiente la finalización de la actualización de la composición de la Magistratura, lo que abriría la posibilidad de que Fanta recuse a los nuevos miembros y, por ende, que el proceso se siga dilatando.
INVALIDEZ PSIQUIÁTRICA, INVALIDEZ LABORAL
En mayo de 2023, aproximadamente un mes después de que Jorge Canteros presentara la acusación formal ante el Consejo de la Magistratura, Fanta inició trámites ante el INSSSEP alegando una incapacidad del 66%, un porcentaje considerado ideal para acceder a la jubilación anticipada, basándose en un diagnóstico psiquiátrico.
Sin embargo, la Junta Médica que evaluó su salud determinó, mediante un acta del 26 de junio de 2023, que su incapacidad es del 40%, lo que no alcanzó el nivel necesario para acceder al beneficio previsional de jubilación por invalidez.
Según especialistas consultados por Diario Chaco , si el directorio de INSSSEP hubiera dictaminado un alto porcentaje de invalidez psíquica, el Poder Judicial podría haber enfrentado una avalancha de impugnaciones por las acciones de Fanta antes de su suspensión.
¿Cuánto tiempo llevaba la magistrada lidiando con problemas psiquiátricos? Además, ¿Cuál sería el impacto económico para la Justicia si se cuestionara la legitimidad de las sentencias emitidas por el Juzgado N° 22?
Fanta hizo un segundo intento y esta vez logró obtener una resolución por parte del actual directorio del INSSSEP, de la cual se desconocen los detalles.
Existe un completo hermetismo en torno incluso a si se determinó un porcentaje de invalidez laboral, aunque se rumorea en los pasillos judiciales que podría ser del 66% o incluso del 75%, ambos benefician a la jueza. Hasta fuentes vinculadas al expediente indicaron que se contempló una excepción, sin porcentaje y "muy traída de los pelos".
Si bien la Ley 4.044 (Régimen de Jubilaciones, Retiros y Pensiones) en sus artículos 75 y 77 establece que cualquier trabajador puede acceder a la jubilación por invalidez física o psíquica si su capacidad laboral se ve disminuida en un 66% o más.
La nueva gestión podría evidenciar un cambio de interpretación respecto al análisis sobre la incapacidad, al establecer que un magistrado con 40% de pérdida de capacidad ya es motivo de preocupación suficiente y, por ende, le corresponde que acceda a la jubilación anticipada teniendo en cuenta las implicaciones de su jerarquía.
En la mesa también se pone en discusión otro tema: ¿Cómo se puede garantizar el correcto desempeño de un juez y garantizar la legitimidad de sus actos si su desempeño se ve limitado por una incapacidad psíquica de un 40%, 30%, 20% o 10%?
Lo que sí se sabe sobre la resolución es que el Superior Tribunal de Justicia ya fue notificado y que ahora todo queda en manos del Consejo de la Magistratura, organismo que corrió vista a Canteros y el Sindicato de Empleados Judiciales.
A lo largo de este derrotero judicial, una docena de trabajadores permanece en una situación de incertidumbre. Desconocen el estado actual de la causa y están a la espera del juicio contra Fanta o de alguna respuesta formal, la cual hasta la fecha no recibieron.
Cabe destaque que desde que la magistrada llegó al Juzgado Civil y Comercial N° 22 en 2018, algunos empleados fueron trasladados a petición suya, mientras que otros optaron por solicitarlo por decisión propia.
DETRÁS DEL JURY
En mayo de 2022, en medio de reclamos de abogados por las demoras en el juzgado N° 22, Fanta informó al Superior Tribunal de Justicia, mediante una nota, sobre los problemas de funcionamiento del tribunal a su cargo, responsabilizando a sus empleados.
En respuesta, el STJ ordenó la instrucción de una información sumaria para determinar si había irregularidades administrativas. Esta medida llevó a una inspección, conforme a lo dispuesto en la Acordada 3659, que reveló una serie de problemas que pusieron en tela de juicio la actuación de la magistrada.
La inspección se llevó a cabo de manera sorpresiva, unas dos horas antes de que Fanta llegara al juzgado, quien solía hacerlo alrededor de las 10 de la mañana.
Durante esa jornada, los empleados pudieron hablar individualmente y relataron hechos que presenciaron y vivieron, pero que hasta ese momento no habían podido definir con palabras.
En la actualidad, reconocen que lo que experimentaron con la magistrada constituyó violencia laboral.
Dos años después, Diario Chaco se acercó al Juzgado y obtuvo el testimonio de los "sobrevivientes", término que los describe adecuadamente ya que, desde la llegada de Fanta, el personal fue diezmado por los constantes traslados, con más de la mitad del personal abandonando el juzgado.
Durante la entrevista, los empleados repasaron todo lo que atravesaron durante el periodo en el que los datos reflejaban deficiencias en cuanto a las sentencias, audiencias fijadas y providencias firmadas. Más allá de las cifras, estaban ellos, sufriendo "malos tratos", "comunicación despectiva", "desorganización laboral" y, como consecuencia, una "sobrecarga en las tareas".
Al repasar lo sucedido en aquellos años, una trabajadora no pudo contener las lágrimas al recordar el reclamo de una de sus hijas, a quien privó de compartir fines de semana debido al trabajo que llevaba a casa para cumplir con las expectativas de Fanta, su jefa.
Uno de los descargos más contundentes, señala un conflicto entre la jueza Teresita Fanta y la entonces Pro-Secretaria del Juzgado, considerada un pilar importante en el funcionamiento del Juzgado debido a su experiencia y capacidad.
Sin embargo, la jueza la cuestionaba constantemente, situación que se agravó al punto de que la Pro-Secretaria tuvo que tomar licencias por estrés, lo que afectó el funcionamiento del Juzgado al no contar con su presencia. Finalmente, fue trasladada a otra dependencia.
Otro de los trabajadores atribuyó el atraso a una errónea gestión procesal y administrativa de la jueza y describió que las exigencias de Fanta lo llevó a trabajar hasta diez horas corridas en algunos casos.
Todos en la actualidad insisten: "Queremos que nos citen, nos dicen que la jubilaron, que ya tiene resolución, que no la tiene". Datos que recorren los pasillos y que refuerzan la constante incertidumbre.
¿Y AHORA?
Actualmente, la Procuración General y el Sindicato están redactando sus descargos con respecto al pedido de archivo de las actuaciones, es decir, que el jury no avance.
Una vez resuelto este paso administrativo y con la Magistratura correctamente integrada, la incógnita que queda por responder es: ¿Habrá o no juicio?
El artículo 14 de la Ley 33 (Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales) establece que "admitida formalmente la acusación por el Jurado, no podrá ser aceptada la renuncia del acusado, bajo pena de nulidad absoluta.
El curso del juicio proseguirá con la intervención del acusado, hasta que se emita el fallo".
Esto que parece una certeza, podría no serlo. Hasta el momento no se filtraron los argumentos que esgrime la defensa de Fanta para solicitar el archivo, sin embargo la Ley es plausible de algún artilugio que pueda salvarla de la destitución.-
