Daniel Rivero, actual secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de Chaco (SOSCH), habló con DataChaco y comentó que se trata de "una persecución sindical, una condena sin elementos probatorios".
De esta manera, el sindicalista asegura que solamente "buscan sacarlo del medio, utilizando a la justicia como intermediario".
La acusación por la cual fueron condenados, junto a su compañero de fórmula, radica en la causa de "incitación a cometer delitos", la cual fue llevada a cabo por el Juez Azcona, de la Cámara Tercera en lo Criminal.
La historia comenzó hace algunos años, cuando Daniel Tabares, por entonces secretario general del gremio, junto a Rivero, quien hacía de tesorero, realizaron una serie de denuncias en contra de Gustavo Martínez, quien era presidente de Sameep.
En ese momento, el dúo gremial elevó diversas presentaciones en contra de Martínez por el mal uso de los fondos de la empresa estatal.
En este sentido, Tabares y Rivero denunciaron al hoy intendente de Resistencia por las acciones de "pago a sueldo de proveedores, desviación de fondos, la deuda con la obra social de los empleados (Insssep) y demás irregularidades".
Esta serie de denuncias tuvieron repercusión y fueron investigadas por el organismo del Tribunal de Cuentas, que llevó adelante una serie de allanamientos e investigaciones, inclusive dentro del propio gremio de los trabajadores, dictaminando que "se detectaron las irregularidades administrativas y contables, que correspondían a los ejercicios de la gestión de los ex presidentes Gustavo Martínez, Claudio Westtein (cuñado de Martínez) y toda la dirigencia de la empresa estatal de agua".
La gota que rebalsó el vaso en aquel momento para los gremialistas ocurrió luego de la muerte de seis operarios de Sameep, durante las gestiones de los mencionados presidentes.
En enero de 2017, dos trabajadores de la empresa perdieron la vida en Tres Isletas, luego de ingresar a una cámara de registro cloacal sin contar con el equipamiento adecuado. Seis meses más tarde, otros cuatro operarios fallecieron bajo las mismas circunstancias; esta vez, en Vilelas.
A raíz de la muerte de los compañeros, comenzó a desatarse una serie de manifestaciones, con Rivero y Tabares a la cabeza, debido a las precarias condiciones laborales en las cuales se encontraban los obreros y sin recibir respuesta alguna por parte de los altos mandos estatales.
Aun así, la Comisión Reguladora de Trabajo se hizo presente en las diferentes sedes de Sameep, constatando el incumplimiento de las normas y elementos de trabajo, higiene y seguridad, que precisaban los trabajadores.
Luego de esta serie de revueltas, el 1 de septiembre de 2021 en las oficinas de la sede central de Sameep, una movilización organizada por asamblea, terminó con algunos incidentes, tras la negativa de la dirigencia de recibir a los empleados.
En aquel momento, según testigos, Rivero y Tabares fueron identificados arengando a los manifestantes a "dañar las instalaciones y la propiedad de la empresa estatal"; motivo que les valió la denuncia y el posterior juicio realizado hace unos días atrás.
Finalmente, resultó que la única denuncia que logró tener un carácter judicial, fue la que se realizó desde la sede del Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial, que se basaba en el mencionado delito de "instigación a cometer delitos".
En este sentido, los sindicalistas reclaman que se trata de una "maniobra judicial para borrarlos del mapa", quedando olvidadas las denuncias por malversación y desvíos de fondos, el pago de proveedores en cuenta a sueldo, las transferencias no realizadas de los aportes de los trabajadores a la obra social, con una deuda millonaria generada con el Insssep y la muerte de los seis trabajadores que nunca tuvieron respuesta alguna.
"En definitiva, no tuvo nadie la responsabilidad por la muerte de los compañeros", sentenció Rivero.-
FUENTE: www.datachaco.com
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