Y la creación de un marco regulatorio de ampliación de derechos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios de la Ley Brisa.
La Cámara de Diputados de la provincia realizó esta tarde la última sesión ordinaria del primer semestre de 2021, que tuvo a la protección y ampliación de derechos de los niños, niñas y adolescentes como eje de un amplio temario de más de 10 normas que culminó siendo abordado en la jornada.
El debate estuvo encabezado por el presidente del Parlamento, Hugo Sager. En primer lugar, por unanimidad, los legisladores aprobaron el proyecto de ley N°1550, impulsado en 2019 por el fallecido Rubén Aquino, Liliana Estela Spoljaric y María Elena Vargas, que establece la creación del Observatorio Chaqueño sobre Abuso Sexual Infantil y Adolescente (OCHASIA).
El artículo 2 sostiene que el Observatorio tendrá por objeto principal el desarrollo de un sistema de información centralizado, actualizado permanente, que efectúe el seguimiento del bienestar y calidad de vida de la población infantil y adolescente provincial, permitiendo el análisis del diseño, desarrollo y efectos de las políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
El espacio estará integrado por representantes del Poder Legislativo, uno por cada bloque, los que serán designados por cada uno de ellos; representantes del Poder Ejecutivo, los que serán convocados como organismos de consulta para el tratamiento de temas inherentes al Observatorio; representantes de asociaciones civiles, organizaciones, colegios y consejos profesionales, universidades públicas y privadas, así como toda entidad no gubernamental que manifieste interés en el tratamiento de normas o políticas que contribuyan a prevenir y erradicar el abuso sexual infantil y adolescente.
A la vez, los diputados votaron favorablemente, de manera unánime, el proyecto de Ley 577 de este año que establece un marco regulatorio de ampliación de derechos en el orden provincial para promover la inclusión y reparación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios de la ley nacional N° 27.452, conocida como “Ley Brisa”.
Los destinatarios previstos de la ley nacional N° 27.452, que resulten titulares beneficiarios del Régimen de Reparación Económica y que se encuentren radicados en el Chaco, gozarán de una reducción tarifaria en los servicios de agua potable y energía eléctrica de, al menos, el 50% del consumo generado en la vivienda destinada a su residencia normal y habitual; la gratuidad en el acceso y uso del transporte público de pasajeros, y en el acceso a los espectáculos deportivos y culturales que fueren organizados o auspiciados por el Estado Provincial.
Estos beneficios se efectivizarán para el titular del beneficio y un acompañante de su preferencia.
Además, la ley plantea la exención del 50% de todo gravamen recaudado por la Administración Tributaria Provincial y la gratuidad procesal en toda actuación administrativa o judicial de orden provincial, con independencia del área o del fuero en el que debiera intervenir, para hacer valer sus derechos.
La Autoridad de Aplicación de la presente será el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro lo reemplace. Las personas alcanzadas por la ley deberán acreditar ante la autoridad de aplicación, la titularidad y el mantenimiento periódico de los beneficios previstos por la “Ley Brisa”.
Independencia de Poderes
En la sesión de este miércoles se aprobó también, por unanimidad, una resolución autoría de legisladores de todas las bancadas, por la que se expresa “profunda preocupación” y “rechazo” a la medida judicial en virtud de la cual el Poder Judicial intima al Poder Legislativo “a sancionar una normativa legal correspondiente a sus aspiraciones salariales bajo apercibimiento de astreintes por cada día de retardo”.
En ese sentido, los legisladores adhirieron a lo expresado por el Presidente del cuerpo, Hugo Sager, y remarcaron que “siguiendo una línea democrática, corresponde reivindicar la independencia funcional de este Poder del Estado, en lo que fuere de su exclusiva competencia” y manifestaron en relación a lo solicitado que “un proyecto de ley de la naturaleza y con los alcances que se exige.
No puede menos que merecer un minucioso estudio de factibilidad financiera y presupuestaria, habida cuenta de la enorme incidencia que supondría su sanción en los términos del Artículo 57° de la Constitución de la Provincia del Chaco”.
Remarcaron también que “el gobernador se interiorizó respecto a ésta situación delicada y conformó una mesa de trabajo para avanzar en cuestiones plenamente salariales del Poder Judicial, quedando de ésa manera demostrados la buena fe y el interés con fines de concretar una solución”.
Otras leyes sancionadas
En otro tramo de la extensa sesión ordinaria, la Legislatura ratificó los Decretos del Poder Ejecutivo que establecieron las restricciones vigentes en el marco de la segunda ola de coronavirus y designaron a la diputada Nadia García Amud y a su par, Roberto Acosta, para constituir el equipo técnico de análisis y elaboración de las reglamentaciones de la Ley Nº 3325-B, Juicios Civiles y Comerciales por Jurados.
La bancada opositora desistió de su facultad a nombrar un representante y por esa razón la Cámara de Diputados enviará a los dos legisladores de bloque oficialista.
El Poder Legislativo aprobó también la ley 3414 C, estableciendo con ella un procedimiento alternativo de inscripción remota para efectuar las registraciones de nacimientos y defunciones en Chaco a través de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el que regirá con carácter excepcional y mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria.
La Legislatura chaqueña aprobó también la ley 3413 J, por medio de la cual se reconocen y garantizan derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, creando además la figura del defensor público de víctimas.
El Poder Legislativo sancionó por unanimidad esta normativa cuyas disposiciones son de orden público, considerando víctima a la persona ofendida directamente por el delito y reconociendo los mismos derechos y tendrán el mismo tratamiento que la presente ley establece para las víctimas, el cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos.
Finalmente, entre otras normas, se sancionó la ley 3420 E , que crea el Centro de Interpretación Indígena de la Provincia del Chaco, a los fines de resguardar, promover y digitalizar los derechos culturales y lingüísticos de los tres Pueblos Originarios de la Provincia del Chaco, actuando el mismo como complemento de los Órganos Estatales para los mismos objetivos.
Presentado por la diputada Andrea Charole, la Legislatura provincial aprobó por unanimidad la creación de este centro cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología y los que el Poder Ejecutivo considere pertinente.-
FUENTE: www.agenciafoco.com.ar
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