La autopsia marcó que fue producto de un paro cardiorrespiratorio pero organismos de derechos humanos piden otras medidas de investigación para “el esclarecimiento de los hechos”.
El 26 de febrero Leandro Bravo, de 37 años, entró a una casa a robar, por lo que la dueña de la vivienda llamó a la policía, según contó la versión oficial.
La fuerza llegó al lugar y lo detuvo. Posteriormente fue trasladado a medicina legal, pero allí el hombre de 37 años de descompensó. Fue llevado de urgencia al hospital local, pero no lograron reanimarlo.
Ante la situación, se dispuso que se le haga una autopsia, la que, según un informe al que tuvo acceso este medio, marcó que “no se constató lesiones resientes” y resolvió que la muerte fue a causa de “paro cardiorrespiratorio no traumático”.
Como parte de la investigación de los hechos, el fiscal Hugo Baigorri ordenó que se le tome declaración a los efectivos policiales que intervinieron en el hecho, como así también a otros testigos.
Pero ahora se conoció que el Comité para la Prevención de la Tortura también intervendrá en el caso.
Así lo comunicaron a través de un parte de prensa en que indicaron que “debido a la denuncia pública de su familia, que contraría la versión policial, el Comité para la Prevención de la Tortura se puso a disposición y solicitó la inhibición del fiscal de Investigaciones N° 3 de dicha localidad, pidiendo la intervención de la Fiscalía Adjunta en DD.HH de Presidencia Roque Sáenz Peña, en razón de la competencia de la misma para la investigación de toda muerte que ocurra bajo custodia estatal”.-
FUENTE: www.diariochaco.com
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