SANITARIOS TARAGUI

sábado, 2 de julio de 2016

Resistencia: la amenazó durante un mes y medio, ayer la apuñaló en la calle

Luciana Romero se separó de Hernán G.C.O., con quien tiene una hija, por la violencia permanente que venía soportando, que la hacía temer por su vida y por la de su pequeña. 

Él decidió que ella “estaba destruyendo la familia”, y desde ese momento se dedicó a amenazarla y hostigarla de las más variadas formas y en todos los sitios. 

Una vez la atacó frente al negocio de su padre, Agustín Romero, que tiene un comercio sobre la avenida Ávalos. Cuando este salió a defenderla, Hernán destruyó todos los vidrios del local. 

En otra ocasión, llamó decenas de veces bajo diversos nombres en el mismo día al call center Allus, donde Luciana trabaja, para amenazarla con secuestrar a la hija de ambos y matar a sus familiares que la estaban cuidando. 

La reiteración de esa conducta llevó a las autoridades de la empresa a inhabilitar el puesto de trabajo de Luciana, a realizar denuncias policiales y a informar de la conducta del individuo a Radio Taxi. 

Luciana hizo decenas de denuncias en comisaría, detalló hasta el cansancio todas y cada una de las palabras, los gestos y los golpes recibidos del padre de su hija, pero nada servía para detener la agresión. 

Sólo cuando acudieron a un abogado, el doctor Pablo Vianello, que realizó una presentación ante la Unidad de Atención a la Víctima y el Ciudadano, dependiente del Poder Judicial, lograron que una fiscalía, la número 9, a cargo de Daniela Meiriño, tomara una de las denuncias. 


Las otras habían sido cajoneadas por otras fiscalías, o directamente no habían sido sorteadas. La fiscal emitió una orden de restricción y ordenó que se entregara a Luciana un botón antipánico. También les informó que Hernán G.C.O. había sido declarado “prófugo” en otra causa, porque habiendo sido citado a declarar, no había concurrido. 

Entonces, tal como lo había hecho varias veces antes, Luciana informó a las autoridades del lugar de trabajo de Hernán, de sus horarios, de las paradas que frecuentaba, del número de disco y chapa patente de su taxi. 

Sin embargo, nunca un agente policial importunó al taxista, que siguió circulando a sus anchas por toda la ciudad, incluido el barrio y el domicilio de su víctima y sus familiares, a los que dirigía gestos intimidantes cada vez que los cruzaba. 

Choque y puñaladas Ayer a la 18 Luciana terminó su jornada laboral en el call center Allus. Como todos los días desde que era amenazada por su expareja, Agustín Romero fue a buscarla con su auto, un Ford Focus. Frente al hospital Perrando, Hernán, que estaba en esa parada, los vio.

Inmediatamente comenzó a seguirlos, y cuando transitaban a la altura del refugio Teresa de Calculta, a una cuadra de Vélez Sarsfield, los chocó por detrás, en forma tan violenta que el Focus impactó contra un vehículo que iba delante. Cuando ambos se detuvieron, el taxista había hecho marcha atrás para chocar nuevamente al auto donde iba Luciana. 

Actos seguido, bajó y corrió hacia la puerta del acompañante, que la chica había abierto para intentar escapar. Pero no pudo: recibió una estocada en el cráneo, otra en la mandíbula, y hubieran sido muchas más. Pero en ese momento Agustín Romero, que se había bajado con una llave cruz en la mano y llegaba por detrás del agresor, comenzó a golpearlo y tironearlo. 

El atacante se trabó en lucha con él, lo arrojó al piso y se levantó para seguir apuñalando a Luciana, lo que logró hacer varias veces más. Los médicos luego constataron 14 heridas de distinta profundidad. Romero, también herido en el cráneo, se recuperó y volvió a intentar detenerlo, en lo que luego colaboraron algunos transeúntes que vieron el brutal asalto. Finalmente entre varias personas lograron inmovilizar al matón y aprovechando la cercanía del hospital trajeron rápidamente la asistencia. 

Por último llegó la policía y se llevó a Hernán para alojarlo en la comisaría 1ra. “Falla el sistema” Agustín Romero es de baja estatura y usa anteojos. Durante todo este tiempo de brutales amenazas y agresiones fue la única protección y custodia de su hija. Le dio refugio en su casa, porque razonablemente Luciana tenía miedo de vivir sola. La llevaba y la traía del trabajo, llevaba y traía a su nieta de la escuela, la acompañaba en las numerosas denuncias policiales y en las presentaciones judiciales que debía hacer, todo sin descuidar sus responsabilidades en el comercio de la Ávalos. Pero ayer no alcanzaron su dedicación ni su sacrificio. 

“Hicimos miles de denuncias. Ahora viene el fiscal (Héctor Valdivia, de la fiscalía 11 N. de la R.) y me dice que van a ir con todo, pero no puede ser que sólo reaccionen cuando hay sangre y corre riesgo la vida de mi hija”, se lamenta. 

“Esa es una falla del sistema. Antes, nunca fueron a buscarlo. Les dijimos quién era, dónde trabajaba, hasta la chapa del taxi, jamás fueron ni a hablar con él. El 21 de junio intentó hacer lo mismo que hizo hoy, pero desistió porque justo pasaba un patrullero y pedimos auxilio. 

Se necesita celeridad, porque a las chicas las matan, eso lo vemos en los diarios y en la tele todos los días, las matan, no puede ser que actúen sólo cuando la tragedia sucede”. 

Suelen llamarle “ausencia del Estado”, aunque la reiteración de hechos y de inacciones son calcadas unas de otras y casi siempre con final desventurado. 

Eso lleva a pensar en otros calificativos para instituciones como la Justicia, la Policía y el mismo Ejecutivo, que tienen presupuestos y recursos que deberían estar destinados a garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los ciudadanos. 

Pero llamativamente no ocurre así, ni siquiera cuando los hechos desventurados se vienen anunciando desde hace tiempo. Y recuerda una de las frases que no en vano se reiteraba durante las marchas #NiUnaMenos: “El Estado es responsable”.

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