El Tribunal Electoral comenzó el escrutinio definitivo y corroboró en las actas la asistencia de los presidentes y suplentes de mesa.
No obstante, admite no recordar alguna sanción por no cumplir con la carga pública.
Una ausencia masiva de autoridades de mesa fue el primer inconveniente de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del último domingo, generando un significativo rechazo en la habilitación de las mesas de votación que en algunos casos fue de hasta dos horas.
La ley electoral instruye a que, ante la ausencia de las autoridades designadas por el Tribunal Electoral, el primer elector de la fila debe asumir la responsabilidad y constituir la mesa.
Sin embargo, los electores rehuyen la carga pública y en muchos de los casos ni siquiera había electores interesados en votar.
Por esto, los delegados electorales, entre los cuales también hubo ausencias y tardanzas, se vieron obligados a descuidar el resto de sus funciones para abocarse de lleno a la búsqueda de potenciales presidentes de mesa entre los fiscales generales de los frentes y partidos habilitados para los comicios.
Pero, superado este inconveniente, el problema tuvo otro capítulo: por la falta de instrucción, los empleados del correo Andreani, encargado de entregar las urnas a las autoridades acreditadas, se negaban a hacerlo a las que se habían constituído espontáneamente o habían sido designadas a última hora.
Finalmente, el faltazo de las autoridades de mesa, designada tres por cada una, tuvo su correlato en el nivel de votación que apenas alcanzó el 55 por ciento, el menor que se recuerde en el Chaco desde la vuelta de la democracia.
No obstante, la Justicia electoral se dispuso investigar las razones de la ausencia de las autoridades de mesa. Para eso, durante el recuento definitivo que comienza este martes, constatará en las actas quiénes no cumplieron con la carga pública asignada.
Según la presidente del Tribunal, María Emilia Valle, fueron unos 3 mil los presidentes y suplentes ausentes el domingo. De ese número, habrá que descontar quienes hayan justificado su incumplimiento en razones de salud y/o fuerza mayor. Mientras el resto tendrá que asumir las consecuencias dispuestas por la ley.
La secretaria del Tribunal, Mónica Centurión Yedro, recordó que para esto la sanción prevista va de seis meses a dos años de prisión. Por lo que se dará inicio a una acción penal que podría terminar en un fallo condenatorio, aunque admitió no recordar que haya habido alguna vez una condena de este tipo.
La funcionaria alertó que “esta situación no es nueva, sino que se viene repitiendo y acrecentando desde hace bastante tiempo”. Y recordó que el Tribunal Electoral envió el 15 de mayo las notificaciones a los designados, y que hasta el último sábado hubo designaciones porque, alegando diversas razones, los ciudadanos rechazaban la carga pública.-
FUENTE: www.hdpnoticias.com.ar
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