Con el ex gobernador Jorge Capitanich como expositor central, días atrás se realizó en el Paseo de la Memoria de la localidad de Machagai un encuentro cultural- musical denominado Memoria y verdad de los pueblos indígenas.
Fue para conmemorar los diez años de un pedido de perdón del Estado chaqueño a los pueblos indios por la masacre de Napalpí y de la declaración del 19 de julio como Día de los Derechos de las Poblaciones Aborígenes del Chaco.
En enero del 2008, en multitudinario acto realizado también en Machagai y en presencia de Melitona Enrique, última sobreviviente de Napalpí, Capitanich proclamó el objetivo de su gobierno de reparar esa y otras heridas del pasado.
Responsabilidad nacional, no provincial
A decir verdad, aquel pedido de perdón del Estado chaqueño era improcedente. No correspondía porque en aquel tiempo el Estado chaqueño no existía y los policías autores de la masacre no eran provinciales sino nacionales.
Consecuentemente, la responsabilidad de aquella matanza era del gobierno nacional. El que debía pedir perdón era el Estado Nacional. Cosa que jamás hizo, ni hace.
Como lo hiciera diez años atrás, el hoy intendente de Resistencia volvió a hablar de reparación histórica. Término que suena hermoso pero que nunca hubo, ni hay.
La única reparación histórica que se hizo hasta hoy fue hacer más llevadera los últimos tramos de la vida de la venerable anciana toba Melitona Enrique.
En lo demás, todo es deuda impaga
No se puede hablar de reparación histórica cuando desde hace catorce años una demanda aborigen por Napalpí duerme en los anaqueles del Juzgado Federal de Resistencia.
No se puede hablar de reparación histórica cuando el actual gobierno desatiende una ley provincial para levantar un monumento a los inmolados en Napalpí.
De qué reparación histórica se puede hablar cuando el gobierno de Kirchner rechazó la demanda por 116.000.000 de dólares que entabló la etnia toba contra el Estado argentino, por el episodio ocurrido el 19 de julio de 1924.
El rechazo del gobierno kirchnerista fue a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Pero lo grave no fue el rechazo. Lo grave fue la forma en que se lo rechazó.
Con términos que los aborígenes repudiaron por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad.
El texto del rechazo de la demanda aseguraba que los tobas no son una etnia y que los indios que murieron en Napalpí fueron sólo más de cincuenta.
Con el mismo desparpajo afirmó que aquella masacre no puede considerarse delito de lesa humanidad, y que la represión policial obedeció a actos de violencia que acaecieron debido al accionar de los indios tobas, wichis y mocoví.
Difícil entender cómo un gobierno que tenía por bandera central la cuestión de los derechos humanos pudo haberse expresado en términos tan lamentables.
Por el contrario, en el 2013 premiaron con una pensión mensual consistente en el doble de la jubilación mínima a una multitud de jóvenes idealistas de los años 70.
Muchos de estos en tiempos de Menem ya habían cobrado suculentas indemnizaciones, entre ellos un lote importante de ex subversivos chaqueños.
Nunca se reveló lo que le costó al país, esas indemnizaciones. El entonces ministro de Economía, Roque Fernández se limitó a decir, en febrero de 1999: ?Nos costó mucha plata?.
Mientras tanto, la demanda toba está desde hace catorce años en el Juzgado Federal de Resistencia esperando algo que denominan juicio por la verdad.
Como si hiciera falta un juicio: la verdad salió a la luz hace ya noventa y cuatro años.
Los unos y los otros
En julio de 2017, la masacre de Napalpí fue ignorada por las altas esferas oficiales.
El último aniversario de la última huelga agraria aborigen que terminó en una horrible masacre pasó desapercibido.
Cada mes de diciembre se presenta una parafernalia recordatoria del fusilamiento encubierto de 22 prisioneros políticos, perpetrado en 1976 en Margarita Belén.
Hay vigilias en la Casa de la Memoria, exposiciones de cuadros y fotografías, proyección de documentales, charlas, talleres alusivos y recitales.
Hay plegarias de sacerdotes y pastores ante el monumento que recuerda esos fusilamientos.
Hay desfile de políticos y militantes de los derechos humanos lanzando sentidos mensajes.
Por el contrario, por lo menos en los últimos años, cada aniversario de Napalpí es tan frío como julio. Como si fuera algo del que no es necesario acordarse.
En julio pasado el gobierno se limitó a difundir un mensaje protocolar. Peor aún, lo hizo después del aniversario.
La voz de la sangre
En 1997, levantaron un monumento en memoria de los ejecutados en Margarita Belén.
Después vino un proyecto del diputado peronista Ricardo Sánchez, con intenciones de declararlo Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia del Chaco.
Muchos años antes, los aborígenes ya habían pedido un monumento recordatorio de Napalpí.
En julio de 1999, en Colonia Aborigen Chaco presentaron un proyecto titulado La Voz de la Sangre.
Se trataba de un monumento para evitar que esta herida abierta vuelva a cerrarse, para impedir que quede en el olvido y para que el paso del tiempo no lime su valor histórico.
Pasaron 17 años para que se diera un paso importante, en tal sentido.
En noviembre del 2016, la Cámara de Diputados sancionó la ley 7923 disponiendo un llamado a concurso de escultores chaqueños para su construcción.
Si el gobierno no lo veta, Napalpí tendrá su monumento, informé a través de un medio local.
Pero hasta el momento el gobierno provincial no ha demostrado interés en el tema.
En una plaza de Resistencia hay un monumento que recuerda a los judíos asesinados en los campos de concentraciones. En Margarita Belén hay otro que rememora la ilegal ejecución de unas veinte personas en ese lugar, en 1976.
Incluso levantaron un monumento, en General San Martín, por una imaginaria masacre aborigen.
Pero Napalpí sigue siendo discriminado.-
FUENTE: por Marío Vidal (Periodista - Escritor)
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