La norma obliga a la Justicia a establecer la prisión preventiva ante la reiteración de detenciones.
El oficialismo defendió el proyecto como una demanda frente a la inseguridad.
La Cámara de Diputados sesionó ayer y aprobó la modificación del Código Procesal Penal que incorpora de manera expresa la reiterancia de actividad delictiva como uno de los supuestos para disponer la prisión preventiva.
La iniciativa modifica el artículo 289, creando un bis, del compendio normativo y establece que, cuando el autor de un delito doloso hubiera incurrido en reiteración de actividad delictiva —por la existencia actual o anterior de otro u otros procesos penales por delitos dolosos—, esa circunstancia podrá ser considerada para disponer su prisión preventiva.
El proyecto, impulsado en 2024 por el entonces diputado y hoy ministro de Gobierno, Carim Peche, tuvo varios agregados incorpora una herramienta específica frente a quienes vuelven a delinquir mientras atraviesan procesos penales.
Desde el oficialismo, la aprobación fue presentada como una respuesta a una de las principales demandas de la sociedad chaqueña y como una decisión vinculada directamente con la política de seguridad impulsada por el gobierno provincial.
El diputado Iván Gyoker sostuvo que la Legislatura tiene ahora una "posibilidad histórica" de avanzar sobre un problema que, según planteó, afecta directamente a la ciudadanía.
"No queremos ser relatores de la realidad, quejarnos de problemas", afirmó durante el debate, al defender la necesidad de utilizar herramientas concretas para enfrentar la inseguridad.
Uno de los principales argumentos utilizados por el legislador oficialista fueron los datos sobre reincidencia o reiteración delictiva en el Gran Resistencia.
Según expuso durante la sesión, el 85% de los delitos cometidos en el área metropolitana estaría vinculado con personas en situación de reiterancia.
También afirmó que, en promedio, pasan 49 días entre una detención y otra en determinados casos y que aproximadamente un tercio de los delincuentes detenidos vuelve a ser aprehendido dentro de los 30 días.
Otro de los legisladores oficialistas que defendió con mayor énfasis la iniciativa fue Jorge Gómez, diputado y exfiscal. Aseguró que la reforma no afecta la constitucionalidad porque "todos los derechos tienen limitaciones por ley, no hay derecho absoluto".
Gómez marcó una diferencia central entre el régimen actualmente existente y el que se pretende aplicar con la reforma.
Según explicó, con la modificación "el fiscal deberá aplicar la reiterancia", convirtiéndose en un imperativo para el Ministerio Público cuando se configuren las circunstancias previstas por la norma.
El legislador sostuvo además que la medida busca brindar respaldo a los fiscales para actuar. "Cuando actúan lo hacen bajo un paraguas protector", señaló, al explicar que la incorporación del supuesto de reiterancia permitirá que el funcionario judicial que solicite una detención tenga una herramienta legal específica para fundamentarla.
MEJORAR LO QUE HABÍA
Desde la oposición, el diputado Nicolás Slimel rechazó que el bloque opositor se haya opuesto a mejorar las herramientas contra la inseguridad y cuestionó la manera en que el oficialismo llevó adelante el debate. "Es mentira que la oposición estaba en contra, estaba a favor de mejorar el texto", afirmó.
Slimel sostuvo que durante las últimas semanas hubo "falsas acusaciones" contra los legisladores opositores y aseguró que en las conversaciones previas a la sesión existía voluntad de avanzar sobre una modificación concreta.
El legislador señaló que el artículo 289 del Código Procesal Penal ya contemplaba la posibilidad de considerar la reiterancia y cuestionó que se presentara la reforma como si se tratara de una herramienta completamente inexistente.
En la misma línea, Santiago Pérez Pons, también de la oposición, utilizó como referencia las experiencias de otras provincias.
Mencionó el caso de Tucumán, donde la reiterancia se aplica desde 2018, y sostuvo que en provincias como Tucumán y Mendoza se produjo un incremento de la cantidad de personas privadas de su libertad sin condena firme.-
FUENTE: www.diarionorte.com








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