El gobernador Jorge Capitanich y la procuradora General de la Nación, Alejandra Glis Carbó, firmaron este lunes un convenio de cooperación entre el Gobierno del Chaco y el Ministerio Publico Fiscal.
Además rubricaron, junto con el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), un acuerdo para el abordaje de la problemática de Trata de Personas con finalidad de explotación laboral.
Además en la oportunidad se presentó al nuevo fiscal coordinador de distrito Chaco, Federico Carniel.El evento que se realizó en el Salón de Acuerdo de Casa de Gobierno contó con la presencia de los secretarios de la Procuración General de la Nación, Lisandro Pellegrini y Johanna Cristaldo; el ministro de Gobierno del Chaco, Javier Oteo y el fiscal federal de Salta, Carlos Amard y la jueza Federal, Zunilda Nirempeneger.
Capitanich resaltó que los acuerdos permitirán la coordinación de políticas públicas para combatir delitos complejos.
“Luchar contra el crimen organizado es fortalecer la democracia y los principios fundantes de la República”, expresó.
El primer mandatario fue autor del proyecto de la Ley 26377 de Corresponsabilidad Gremial, del cual la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner entregó en mano el decreto 1370 reglamentario. Esto garantiza la proyección social de los trabajadores para que tengan acceso a obras social, a salario familiar, a cobertura de riesgo de trabajo y a la jubilación. “Chaco fue pionera”, destacó.
La Provincia tiene acuerdos con tabacaleros y con trabajadores forestales; además de mecanismos utilizados a través de los subsidios al tabaco y las guías forestales y de traslado productos, que permite un sistema fiscal más riguroso para garantizar inclusión social de los trabajadores rurales. Anticipó que suscribirán acuerdos con ganaderos y con las carpinterías.
En 2011 había 868 trabajadores rurales registrados y hoy llegan a 60 mil y se pretende alcanzar a 200 mil; por lo que el gobernador resaltó el rol importante de RENATE porque permite detectar los casos y trabajar en forma conjunta para lograr la inclusión de este sector del trabajo.
“Es necesario que los productores rurales y los trabajadores de la agricultura familiar tengan una cobertura adecuada”, expresó Capitanich por lo que señaló como fundamental la firma de convenio y su implementación para combatir situaciones de trabajo esclavos y acciones ilegales.
Así, el mandatario provincial celebró el acuerdo para cooperación con el MPF para el combate frontal a la criminalidad y remarcó como fundamental en la implementación de estas políticas la federalización impulsada por el MPF para realizar estrategias conjuntas.
Para afrontar los delitos de mayor complejidad se logró la división del sistema penitenciario provincial que hoy es una unidad autónoma que funciona garantizando el artículo 18 de la Constitución Nacional. “Las cárceles deben ser sanas y limpias no para castigo sino para seguridad”, concluyó.
Cooperación
El convenio de cooperación establece un marco general entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Gobierno del Chaco en el cual las partes asumen el compromiso de coordinar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación y/o de investigación.
El segundo convenio establece un marco general de cooperación entre el la Gobernación de Chaco, el MPF y RENATEA, en el cual las partes asumen el compromiso de coordinar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas, proyectos y acciones para el abordaje de la problemática de Trata de Personas con finalidad de explotación laboral.
Para ello además se constituirá una Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas en la provincia junto a organizaciones afines que en un plazo máximo de 120 días se instrumentarán.
Gils Carbó destacó el trabajo articulado entre todos los actores
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó junto a las autoridades locales al nuevo fiscal coordinador del Distrito Chaco, Federico Carniel.
Su función consiste en coordinar la actuación de todos los fiscales federales de la provincia con el objeto de fomentar el trabajo en equipo y generar respuestas homogéneas ante delitos similares.
Además, tiene a su cargo la interacción con autoridades locales, policiales y judiciales y con organizaciones civiles para el diseño de políticas de prevención y persecución penal, focalizadas en las necesidades reales de la provincia.
“También tendrá la responsabilidad de dar a conocer al Ministerio Público las necesidades de cada comunidad”, remarcó la procuradora.
Por otro lado, sostuvo que la imagen tradicional de la Justicia en un pedestal con los ojos vendados quedó en el pasado, ya que representa una Justicia alejada de la gente y de la realidad, que espera que los delitos se cometan para recién intervenir.
“Los tiempos que corren no nos dejan otra opción; la acción de hacer justicia requiere un esfuerzo mancomunado entre todos los actores, capacitación y esfuerzo para generar políticas activas y preventivas”, subrayó.
En esa línea, explicó que al iniciar su gestión se propuso –previo a la reforma legislativa del Código Procesal- fortalecer la acción del Ministerio Público en dos direcciones.
Se crearon así las Procuradurías Especiales, constituidas por equipos interinstitucionales que estudian los fenómenos criminales para el diseño de estrategias de investigación y protocolos de actuación destinados a fortalecer la labor de los fiscales en todo el país.
El asesoramiento de estos organismos fue de vital importancia para avanzar en la causa Carbón Blanco, una de las mayores operaciones de tráfico de drogas a Europa.
La segunda intervención tiene que ver con la federalización del Ministerio Público. Sobre este punto, Gils Carbó recordó que tiempo atrás la política criminal se establecía desde Capital Federal para todo el país, sin contemplar las particularidades de cada distrito.
“Es por ello que desarrollamos mecanismos para conocer la litigiosidad y criminalidad real de cada provincia a fin de diseñar políticas focalizadas y fue así que llegamos a uno de los principales ejes de este plan federal; la creación del cargo de fiscal coordinador de distrito”, remarcó.
Por último, remarcó la necesidad de seguir consolidando el trabajo articulado entre el Estado nacional, la Provincia, los municipios y la Justicia para combatir el crimen organizado que tanto daño social causa.
Martini: Trabajo conjunto
El director general de Renatea, Guillermo Martini destacó que el convenio marco de cooperación entre el Gobierno del Chaco, la Fiscalía General – Ministerio Publico Fiscal de la Nación y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) contribuirá a erradicar el flagelo de la trata de personas con finalidad de explotación laboral en el ámbito rural.
“Estamos convencidos que este trabajo en conjunto de los organismos (la Procuración, las fuerzas de seguridad, el Renatea y el gobierno provincial) colabora en función de mejorar sistemáticamente la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras rurales”, dijo Marini.
En esta línea explicó que se constituirá una Mesa Intersectorial en el Chaco donde en un plazo de 120 días se fijarán los alcances del trabajo en conjunto para determinar un esquema de intervención que incluya la detección de los casos de explotación laboral, además de incluir instancias de contención.
El acuerdo prevé también la capacitación tanto para las fuerzas de seguridad como los trabajadores rurales y de diferentes organismos pertinentes para erradicar el flagelo de la trata de personas con fines de explotación laboral.
“Vamos a seguir trabajando para lograr que hasta el último argentino este incluido en un proyecto que nos contenga a todos”, dijo el funcionario nacional.-
FUENTE: www.prensa.chaco.gov.ar
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario